La justicia fijó medidas cautelares para proteger a su abogada y esposa luego de que denunciara que un coronel le gritó y la amenazó
El capitán retirado Nelson Duarte fue procesado por la justicia militar por el delito de “irrespetuosidad”. El juez militar Ricardo Irachet le impuso una pena de 300 horas de trabajo comunitario.
Por esa irrespetuosidad, el fiscal militar Fernando Ariel Ciarán había pedido una pena de prisión efectiva, según consta en el dictamen. De haberse hecho lugar a su pedido, Duarte habría sido enviado a una cárcel común ya que por ser retirado no hubiera podido cumplir la pena en una unidad militar.
El caso se originó en junio de 2024 tras una denuncia del Ministerio de Defensa Nacional a raíz de un altercado que Duarte tuvo en la calle con el entonces ministro Armando Castaingdebat.
El 4 de junio de 2024 Duarte, que lleva más de una década en un contencioso con el Ejército a raíz de sus denuncias de corrupción, intentó ser recibido en el Ministerio. Según dijo a El Observador, su insistencia en ser atendido se originó porque horas antes había recibido de parte de la Dirección de Paso de Fronteras, a la cual está asignado aunque no se le permitía ir a trabajar, unas actas de calificaciones que le exigían que firmara de inmediato, a pesar de carecer de elementos básicos como fecha, foliatura y firmas correspondientes.
Al no ser atendido, interceptó el auto de Castaingdebat en la calle, en las cercanías del Ministerio, y reclamó ser recibido con urgencia. Ante la respuesta del ministro de que la entrevista debía acordarse previamente con su secretaría, Duarte lo acusó de ser “igual de corrupto que todos los anteriores” ministros de Defensa, según consta en el dictamen de la justicia miliar.
Todavía no se ha fijado dónde el oficial retirado deberá cumplir con el trabajo comunitario.
Martínez y Duarte han denunciado, además, que el Ejército les ha prohibido ingresar a cualquiera de sus dependencias. Tienen una foto de una cartelera militar donde cuelga un cartel con esa orden.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó estar enterada de la denuncia y de la foto. “Estamos averiguando le legitimidad o no de esa medida”, dijo a El Observador.
La denuncia se suma a otra presentada por Martínez contra un coronel del Ejército por violencia de género.
El denunciado ante la justicia de familia especializada es el coronel Alfredo Larramendi. Según la denuncia de la abogada, cuando el 24 de julio pasado concurrió al Comando de Apoyo Logístico del Ejército en su rol de abogada para presentar un escrito y tomar vista de un expediente, Larramendi le gritó y la amenazó. La denuncia señala que fue objeto de “actos de intimidación, degradación, amenaza y violencia institucional” y que el coronel “utilizó la referencia a armas de fuego como medio de coacción para forzar su retiro”.
La defensa de Larramendi adujo que Martínez se había presentado en el CALE con el objetivo de generar conflicto, dijeron fuentes vinculadas al caso.
El Juzgado Letrado de Familia especializado de 9° Turno dictó medidas cautelares, prohibiendo a Larramendi comunicarse, entrevistarse, acercarse o relacionarse de cualquier manera con Martínez. Y le fijó un área de restricción de 500 metros de la abogada hasta el 10 de febrero de 2027.
Duarte, que fue pasado a retiro obligatorio por los mandos, y su esposa se encuentran enfrentados a un largo contencioso con el Ejército. La abogada Martínez ha presentado una denuncia penal contra el Ejército por alterar documentos para fraguar las calificaciones de Duarte y activar el mecanismo que permitió pasarlo a retiro en forma obligatoria.
Los conflictos de Duarte con el Ejército llevan más de una década.
En 2013, siendo teniente, denunció que desde hacía años personal militar se empleaba irregularmente para instalar las piscinas de la empresa Akesse, sin que existiera ningún convenio vigente en ese sentido. También que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y se traían bebidas de contrabando del Chuy en vehículos militares.
Las denuncias se demostraron ciertas, pero salvo algunas sanciones menores, nadie pagó por las irregularidades y el caso no fue remitido a la justicia. En realidad, el único realmente perjudicado fue Duarte, que a partir de ese momento comenzó a padecer todo tipo de sanciones, traslados y humillaciones, y estuvo una década sin lograr un ascenso.
En 2021 Duarte presentó otra serie de denuncias, con filmaciones y fotos de hechos de contrabando e irregularidades en el uso de combustibles y neumáticos.
Tras esta denuncia, a Duarte se le impidió presentarse en su lugar de trabajo, aunque se le pagaba el sueldo.
Finalmente fue pasado a retiro obligatorio.