Advierten sobreprecios y faltante de US$ 2,7 millones en Cooperativa Magisterial

El exgerente general dijo que en 2009 la institución pasó de tener en reserva títulos públicos por US$ 4 millones a US$ 1,3 millones

Durante años, la Cooperativa Magisterial (Comag) pagó sobreprecios a empresas que le prestaban servicios y sus reservas, por más de US$ 2,6 millones, se esfumaron sin que quedaran registros contables. Esto es lo que plantean el sindicato de Empleados de Cooperativa Sindicalizados (Ecos) y un exgerente general de la cooperativa que asegura haber eliminado “proveedores innecesarios” y puso a resguardo del Banco República (BROU) las reservas que quedaban.

Por su parte, la senadora suplente de Eduardo Lorier del Partido Comunista e integrante del Consejo Directivo de Comag, Alicia Pintos, dijo que desconoce en qué se gastó el dinero y advirtió que se encuentra “en estado de alerta” por la situación general del cooperatavismo de consumo (ver entrevista en página 3).

Comag es una cooperativa de consumo que brinda servicios y promociones en productos, desde ropa hasta electrodomésticos para sus 85 mil socios, en su mayoría maestros. La cooperativa cuenta con 175 trabajadores y un local de ventas en la avenida 18 de Julio, entre Magallanes y Gaboto.

Un informe de Guillermo García da Rosa, exgerente general de la cooperativa, informó que de acuerdo a los balances en 2009 Comag tenía como reserva “aproximadamente US$ 4 millones nominales en valores públicos (Bonos del Tesoro)”. Tres años después, en noviembre de 2012, cuando asumió García da Rosa la gerencia de Comag, quedaban Bonos por US$ 1.319.000.

El informe al que accedió El Observador advirtió que no hay registro contable en Comag que explique qué sucedió con la reserva de US$ 2.680.000 perdida por la cooperativa entre 2009 y 2012.

En 2009, los Bonos por US$ 4 millones estaban en poder del corredor de bolsa Ángel Urraburu, quien le prestaba dinero a la cooperativa en caso de que lo necesitara, “sin firmar ninguna documentación ni vale, pagando intereses no regulados y evadiendo los impuestos que gravan los intereses”, aseguró García da Rosa en el informe que redactó en julio de 2014. “Estas operaciones no se reflejaban en la contabilidad de la cooperativa de acuerdo a normas de contabilidad adecuadas”, expresó. Consultados por El Observador, Urraburu declinó hacer comentarios, mientras que García da Rosa argumentó estar litigio con la cooperativa para evitar hacer declaraciones.

“No existe información”
El exgerente asumió el cargo en noviembre de 2012 y fue despedido por el Consejo Directivo en abril de este año. Tanto la senadora Pintos como el sindicato Ecos (que no integra el PIT-CNT) se pronunciaron contra el despido de García Da Rosa.

El exgerente sostuvo: “Esta situación gravemente irregular e ilegal involucra a la Dirección, Gerencia interina del momento y Secretario Letrado, quienes eran totalmente conscientes de la misma y de los riesgos a los que estaban exponiendo a la institución”. Sin embargo, la situación no fue denunciada penalmente.

“A pesar de haberlo solicitado, no me fue posible acceder a la información de las operaciones de venta de Bonos del Tesoro en esos cuatro años para saber los momentos en que se comercializaron, los importes vendidos en cada oportunidad y el destino de los fondos restantes. Tampoco existe información ni documentación sobre las operaciones de préstamos realizados con este particular (el corredor de Bolsa) ni los intereses pagados por dicho concepto”, señaló.

García Da Rosa relató en ese documento que la primera medida que tomó al asumir la gerencia “fue retirar los Bonos del Tesoro depositados en el corredor de bolsa y depositarlos en custodia en el BROU”.

“A partir de ese momento, cualquier movimiento que se quiera hacer con estos bonos debe cumplir una serie de formalidades y queda todo registrado en el BROU, por lo cual el margen para maniobras irregulares es mínimo y, en todo caso, se generan las evidencias para detectarlas. (...) No solo quedó saneado el manejo de los valores públicos de la cooperativa y blindado contra maniobras dolosas, sino que por primera vez en muchos años la cooperativa dispone de crédito bancario”, dijo.

Destacó que los Bonos del Tesoro existentes al comienzo de su gestión “se mantenían intocados y depositados a buen recaudo del BROU” cuando fue despedido. “Por primera vez en mucho tiempo, en un año y medio Comag no perdió un centavo de dólar por este concepto”, afirmó.

Sobrecostos: US$ 27 mil por mes
Además de resguardar los Bonos del Tesoro que quedaban, García Da Rosa eliminó “proveedores innecesarios y sobrefacturación de servicios”. En ese sentido, rescindió el contrato del asesor de marketing, que cobraba $ 40 mil más IVA por mes. El asesor había sido contratado de forma directa “en base a una recomendación del presidente de Comag, Luis Alfredo Coirolo”, explicó en su informe.

Cairolo también había recomendado la contratación de una empresa de call center para ejecutar una campaña de afiliaciones. El contrato que el gerente frenó establecía que Comag le pagaría a la empresa $ 60 mil más IVA por mes “sin ninguna contrapartida asegurada en cuanto a afiliaciones”. El Observador intentó comunicarse con Cairolo pero no respondió a las llamadas ni mensajes.

Cuando asumió la gerencia, Comag pagaba $ 700 mil más IVA a tres empresas de fletes, dos de ellas vinculadas a la cooperativa desde hacía dos décadas. “Al percibir sobreprecios importantes respecto al mercado, Gerencia planteó la necesidad de realizar un llamado abierto a interesados, en el cual quedó en clara evidencia la irregularidad, dado que se recibieron ofertas por prácticamente la mitad del importe que se estaba pagando”, expresó.

El exgerente estimó que el sobreprecio pagado por Comag por concepto de fletes es de más de $ 3.600.000 más IVA por año. En 20 años, sobrefacturaron más de US$ 2 millones, sostuvo García Da Rosa.

Esta práctica se repetía en contratos de mantenimiento de aire acondicionado, de central eléctrica y de ascensores, arrendamiento de sistema de pedestales y sensores, fumigación, retiro de residuos hospitalarios y envio de mailings. “En resumen, el combate a la sobrefacturación de empresas de servicios tercerizados generó en relativamente poco tiempo un ahorro mensual en gastos de $ 619.500 (US$ 27.000) sin pérdida en el nivel de servicios”, advirtió el informe.

“Estoy convencido que la eliminación de sobrefacturación de proveedores históricos y ‘proveedores fantasma’ sumada a la eliminación de la posibilidad de manejar a discreción los valores públicos propiedad de la cooperativa son la verdadera causa de mi despido”, concluyó. Comag no presentó sus últimos tres balances anuales en la Auditoría Interna de la Nación (AIN), que controla a las cooperativas de consumo, según reveló la AIN a El Observador. Si bien las cooperativas están obligadas a presentar sus balances, no reciben sanción si no lo hacen.

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