Gobierno pidió que aplicación de alquileres Airbnb pague impuestos

Autoridades del Ministerio de Turismo se reunieron con un representante de la compañía

Autoridades del gobierno se reunieron con representantes de la compañía estadounidense Airbnb –plataforma digital que conecta a personas dispuestas a alquilar parte o la totalidad de un inmueble con un interesado en rentarlo–, en la que la firma se mostró afín "a poder tributar". Así lo manifestó la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, en entrevista con El Observador TV el miércoles.

Airbnb comenzó a hacer ruido en la industria del alojamiento poco después de su nacimiento, en 2008. La novedosa iniciativa –uno de los niños mimados de la denominada "economía colaborativa"– , fue apuntada con el dedo por el sector hotelero, que la acusó de no jugar con las mismas reglas.

Uno de los puntos candentes de este debate era qué impuestos debería pagar (si es que tenía que hacerlo) este nuevo servicio y, en caso de que así fuera, cómo llevar adelante la recaudación de estos tributos.

Esa polémica, un poco más tarde que en otras partes del mundo, también desembarcó en Uruguay. De hecho, durante la confección de la última ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que, de acuerdo a lo manifestado a El Observador en octubre por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, buscaba "evitar la competencia desleal" y tenía el objetivo de que "tributen aplicaciones tipo Uber o la de alquileres", en referencia a Airbnb. (ver nota aparte).

La ministra Kechichián dijo en su entrevista con El Observador TV que durante el encuentro que mantuvieron con un representante de Airbnb –"que está establecido en San Pablo", comentó– el gobierno puso las cartas sobre la mesa: su postura no es rechazar el servicio de la compañía con sede en la californiana San Francisco, sino que busca una alternativa para "formalizar" su operativa en el país, lo que incluye alcanzar una fórmula a nivel tributario. Hasta el momento, los alojamientos disponibles en Airbnb en territorio nacional no tienen que abonar ningún impuesto "extra".

La ministra señaló que en esa reunión la empresa se comprometió a volver con una propuesta concreta bajo el brazo. "Se mostraron afines a poder tributar y a hacerse legales, pero todavía no nos han entregado esa propuesta", dijo. "Cerrarse a eso es muy difícil, hay que ver cómo se incorporan", manifestó.

Kechichián añadió que en el marco de ese encuentro se explicó al representante de la empresa que este es "un continente que había hecho una lucha muy grande por la formalización".

Consultada acerca de este encuentro por El Observador, Airbnb comentó vía correo que en 2015 había iniciado un "diálogo abierto" con las autoridades nacionales "para discutir cómo trabajar juntos en políticas que abarquen el compartir de los hogares (home sharing)". La empresa añadió que estaba teniendo "un acercamiento con en el resto de los mercados de todo el mundo para hacer frente a las diferentes necesidades políticas que cada país pueda tener".

Son más de 4.300 los alojamientos disponibles en esta plataforma hoy en Uruguay. Punta del Este concentra el mayor número (2.000), seguido por Montevideo (1.000).

La experiencia con Uber

Este relato parece sensiblemente diferente a lo que se observó tiempo atrás con otro de los gigantes tecnológicos que puso un pie en Uruguay y logró generar olas: Uber. En el terreno del transporte en su caso –se trata de una aplicación que une a choferes particulares con personas necesitadas de un viaje en coche– su llegada al país fue más accidentada y generó el rechazo tanto de los taxistas como de las autoridades, sobre todo de la Intendencia de Montevideo.

Previo a que los choferes de Uber empezaran a recorrer las calles de Montevideo, hubo una reunión entre autoridades de la comuna capitalina y de la compañía. Que la empresa pusiera primera sin contar antes con el aval del gobierno departamental cayó mal en el gobierno que lidera Daniel Martínez.

El propio intendente había dicho a mediados de diciembre que "la empresa no tiene dirección constituida acá, es una empresa en ese sentido fantasma, porque no tenemos forma de ir contra ellos".

Esas declaraciones se dieron luego de que la Intendencia de Montevideo multara a cuatro autos que brindaban el servicio de Uber y les retirara las chapas para sacarlos de circulación hasta que se diera el pago de la sanción. "Nosotros hacemos lo que podemos hacer", había agregado el intendente en esa oportunidad.

En tanto, la Gremial Única del Taxi, con su presidente, Óscar Dourado, a la cabeza, criticó con vigor el nuevo servicio. Protestas callejeras, apersonamiento de taxistas en un hotel donde se estaba llevando a cabo una capacitación de conductores de la empresa e incluso la tramitación del registro del logo y la marca Uber en Uruguay fueron algunas de las estratagemas a las que recurrieron desde la gremial del taxi, cuando no el apriete liso y llano de los conductores que identificaban en las calles.

En el medio de todo esto, Dourado disparaba frases resonantes. "Uber es la ley de la selva. ¿Queremos estar en el África donde no hay reglas de juego?", preguntó a principios de noviembre en una intervención en radio El Espectador.

La modificación en el Presupuesto

La Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) había criticado un artículo propuesto en la ley Presupuesto. En su versión original (artículo 675 del texto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento), proponía: "Todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros o de alojamiento turístico, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias y las sanciones aplicables a éstas últimas".

La CEDU planteaba que, tal como estaba redactado (y pese a ser un traje hecho a la medida de Uber y Airbnb), impactaría también en el negocio de empresas nacionales.
La gremial fue recibida por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y finalmente el artículo aprobado (el 731) introdujo una modificación. En el caso de la prestación de servicios de alojamiento turístico solamente se aplicará a las entidades no residentes.

De todas maneras, este cambio no terminó de conformar a los empresarios del sector. El vicepresidente de la CEDU, Álvaro Lamé, dijo a El Observador que la iniciativa estuvo "mal encarada" desde su punto de vista por haberse hecho "con nombre y apellido": Uber y Airbnb.

El empresario añadió que se trata de "modelos innovadores, disruptivos", que traen consigo cambios en los modelos de comercialización de productos que siguen teniendo demanda. Si bien Lamé celebró que se haya escuchado a los operadores locales del sector, a su criterio el artículo "no tiene sentido". Asimismo, se refirió a lo complejo que puede ser lograr que empresas como Uber efectivamente tributen. "Es muy difícil después ir atrás de ellos para cobrarles nada" explicó.

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