El candidato del Partido Popular propone bajar impuestos, recrear la inversión desde países extranjeras e innovar en temas laborales. Los especialistas consultados por El Observador evalúan la iniciativa. Esta es la primera columna sobre los planes económicos de los candidatos para el 23-J.
Para algunos es un espejismo, puro encantamiento de caleidoscopio.
Para otros un compromiso que puede incluso sellar -triunfante o fatídico- el destino de una gestión. Son las promesas económicas de un candidato. Su plan de 100 días. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, favorito para la elección del 23-J en España, ya jugó sus cartas.
Hubo un poco de lo esperado, bastante de lo intuido y algunas novedades. Además de un raudo contraataque del Gobierno en varios frentes para intentar pulverizar el impacto de un Feijóo que le dice a los españoles que serán la tercera economía que más crece en la Unión Europea.
Para que el que -comprensiblemente- se perdió de algo en el camino de esta inesperada temprana contienda presidencial en España, un repaso de lo central, lo curioso, lo útil y lo que muchos pasaron por alto. Y una mirada rioplatense, que asume la confluencia con una Argentina post electoral de agenda similar, que permita potenciar un vínculo histórico pero magro en inversión o comercio exterior.
Combo impositivo: invitar a la inversión
En buena medida, la pelea electoral devino hace tiempo en una batalla fiscal. Por eso, bien podría decirse que el núcleo de la propuesta pasa por liberar a los votantes de lo que la derecha considera la asfixia fiscal reinante.
Las medidas son varias. Está previsto suprimir el impuesto a las grandes fortunas y dejar en manos de cada autonomía la decisión. Está previsto suprimir el impuesto a las grandes fortunas y dejar en manos de cada autonomía la decisión.
Se asumía que levantaría un impuesto extraordinario reciente que recae sobre la banca y las energéticas (un ingreso de 3.000 millones de euros que se había asegurado el presidente Pedro Sánchez por la guerra en Ucrania) pero Núñez Feijóo acaba de aclarar que sólo mejorará su cobertura legal porque “la tasa necesita mejoras”.
Pero aunque adelantó estas movidas, Feijóo eligió destacar en su plan económico la determinación de revisar el marco fiscal y de deducciones para convertir a España en "un destino preferente para la inversión extranjera" y la rebaja del IRPF (impuesto a la renta) para quienes están por debajo de 40.000 euros anuales.
En relación a lo primero, Marcelo Elizondo, Director General de la Consultora DNI, explica que se trata de una discusión que hoy se está dando en el mundo: “Hay dos agendas en pugna. Por un lado, la de la autonomía de las empresas, basada en incentivos fiscales, como es el caso de Irlanda, o de Uruguay, en América latina. Y por el otro, la socialdemócrata convencional, como la de Joe Biden o la mayoría de Europa, que entiende que el Estado tiene que ser el motor”.
“La primera termina prevaleciendo en términos de resultados porque hoy los grandes avances son tecnológicos y los impulsan las empresas”, apunta. Elizondo cree que esta misma discusión va a darse en el seno de la oposición argentina. Y que si resultan dos gobiernos alineados, se podrían impulsar proyectos comunes, como en la obra pública.
Claro que hoy es todo bastante más complicado. Si bien es cierto que España no deja de ser el segundo inversor en la Argentina después de Estados Unidos, en general la inversión total en el país es baja (unos 100.000 millones de dólares) y declinante en términos relativos.
“Mientras en el 2000, Argentina alojaba el 0,91% del total del stock de inversión extranjera directa hundida en el planeta, en 2021 contaba con sólo 0,21% del total mundial”, comenta Elizondo, y agrega que en el 2000 el stock en Argentina equivalía a casi 20% del total en Latinoamérica (19,96%) y hoy es el 4,6%.
Las empresas españolas son las que llegaron en los noventa y varias se fueron. En el caso inverso, la cantidad de empresas argentinas en España es mínima.
“Argentina es un país que no se internacionaliza. Y es un camino de doble vía”, dice Elizondo. También el comercio es poco relevante, concentrado en “animales vivos y productos del reino animal”.
En 2022, Argentina exportó 1.733 millones de dólares a España (-6,3% vs. 2021) e importó 1.260 millones de dólares (+16,2%). Claro que para que esto se dinamice habría que desmantelar los controles cambiarios.
En cuanto a los cambios al IRPF, es preciso saber que lo pagan las personas físicas residentes en España. Se considera residente en España a quien vive la mayor parte del tiempo en España, con independencia de su origen o su nacionalidad. De modo que los extranjeros residentes en España deben pagar IRPF, aún no teniendo la nacionalidad española.
La renta que no forma parte de la renta del ahorro, conocida como general, tributa conforme a una escala. En esa escala, quienes tienen mayor renta pagan más impuestos porque el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, el porcentaje de la renta que se paga por el IRPF es mayor en una persona que obtiene más renta.
Hacienda divide los ingresos percibidos en seis tramos. Por ello, las personas que reciben como máximo hasta 12.450 euros, se encuentran en el primer tramo, cuyo impuesto total es del 19%, y esa contribución se reparte de manera proporcional entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente.
Desde los 60.000 euros hasta los 300.000, el porcentaje es del 45%, mientras que el último y nuevo tramo, está destinado para las personas físicas que tributen más de 300.000 euros anuales, cuya contribución es del 47%, 24,5% para el Estado y 22,5% para la autonomía.
El salario medio en España en 2022 fue de 28.360 euros. Subió un 2,87% respecto al año anterior,por debajo del incremento del IPC, del 5,7%. Para tener una referencia, el salario medio en Reino Unido es casi el doble (51.949 euros).
El Gobierno, una vez más, reaccionó enseguida a ese anuncio al lanzar un paquete de ayudas y rebajas fiscales por 9.000 millones de euros para el semestre (con herencia para Feijóo incluida si gana). Lo hizo con la prórroga por otros seis meses del grueso del paquete de medidas de alivio contra la inflación vigentes incluyendo la rebaja del IVA de los alimentos y el transporte y sumó rebajas fiscales a la compra de vehículos eléctricos (acabó, no obstante, con la prórroga automática de los contratos de alquiler).
El interruptor nuclear y la economía verde
Feijóo garantizó una transición energética "ordenada y justa", lo que a su entender implica revertir el desmantelamiento y prolongar la vida de las centrales nucleares. Es que de la mano del PSOE, España ya tenía ya en marcha un minucioso plan para llevar adelante el llamado “apagón nuclear”.
El costo total se calculó en 26.500 millones de euros, lo que no sólo supone la clausura sino también la delicada cuestión de la gestión de los residuos de las centrales, ahora propiedad de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.
La primera en dejar de funcionar sería Almaraz I en noviembre de 2027. Según el plan, el cierre se completaría en 2035, pero su desmantelamiento y vigilancia se prolongará hasta 2058. Recién en 2073 se prevé tener operativo un almacén profundo para enterrar los residuos.
Mientras tanto, las eléctricas van aportando una serie de tasas al fondo por mantener abiertas las centrales, en función de los megavatios producidos, y luego costear todo este proceso .
La primera central que se construyó en España fue la de José Cabrera, en Zorita, Guadalajara. Ocurrió durante el régimen de Franco. Las instalaciones nucleares generan cada año más del 20% de la electricidad consumida en el país y es la primera fuente de producción en nuestro sistema eléctrico.
Los detractores del plan tienen servido el caso alemán. Pero los socialistas se defienden. Dicen que su programa es superior porque el cierre de reactores comenzará cuando ya haya una cantidad de energías renovables mayoritaria en el mix. No se cierra más de un reactor al año, lo que facilita que la sustitución, y aseguran que no repetirán el error alemán de establecer leyes excesivamente restrictivas para la energía eólica.
Cada año la generación con tecnologías solar y eólica aumenta en 8TWh, la misma energía que genera un reactor nuclear. Por tanto, insisten, es más que razonable el cierre planificado de siete reactores en diez años.
En todo caso, en pleno debate local, el viernes se cumplió el plazo con el que contaba España para presentar ante Bruselas la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), revisión por cierto que se hizo necesaria ante la crisis Rusia-Ucrania y sus implicancias energéticas.
Días antes, el sector energético salió a la carga reclamando que el Gobierno que duplique sus ambiciones con respecto al despliegue de instalaciones de renovables de aquí a 2030.
El PSOE no dejó pasar la oportunidad. El borrador, en el que se había trabajado meses, estaba listo. Pero el Gobierno sumó miles de proyectos a los previstos originalmente y anunció en tono electoralista 522.000 empleos. Con el efecto colateral deseado de que Feijóo y sus plantas nucleares se vea cada vez menos “verde” o más lejos de la nueva economía “descarbonizada”.
Esta revisión supondrá una movilización de inversiones de 294.000 millones de euros, de los que un 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%).
El plan prevé el cese de la actividad del carbón en 2025. Los objetivos de generación nuclear no fueron modificados y se mantienen hacia 2030 un poco menos de la mitad que en 2025.
El súper cheque de Feijóo
Feijóo propone “un cheque formación que dé total libertad de elección al desempleado, con orientación laboral individualizada y apoyada en herramientas Big Data”. En la práctica esto significa que la persona podrá elegir tanto la formación como el lugar donde quiere capacitarse. Este nivel de autonomía ayudaría a aumentar la empleabilidad, la tan difícil reinserción laboral.
De hecho, en la reforma laboral de 2012 el instrumento estaba previsto pero nunca entró en vigor. El decreto decía entonces: “La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas”.
Hoy existe en España pero en el sector privado, al estilo de un voucher restaurant, algunas empresas otorgan voucher de capacitación a sus empleados. Pero el modelo está presente en toda Europa, aunque bajo modalidades muy distintas.
Algunos experimentaron con este esquema tan temprano como en el 2000, como fue el caso de Inglaterra, con su Cuenta Individual de Formación (Individual Learning Account), bajo el gobierno laborista de Tony Blair. Pero pocos la siguieron ya que al año siguiente se descubrió un fraude de 95 millones de euros, una cuarta parte de los recursos totales destinados a la cuenta.
En Alemania, por ejemplo, existen los Cheques Länder en Estados como Renania del Norte-Westfalia y Hesse. En el primero se dirige a trabajadores de empresas de menos de 250 empleados que no hayan participado en ninguna actividad formativa a lo largo de los dos últimos años. En Hesse existe un cheque para empleados de PYMES que carezcan de formación profesional completa, o para mayores de 45 años. En ambos casos el cheque cubre un 50 por ciento del costo de la formación.
Eduardo Donza, colaborador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) y autor de "Escenario laboral en el día del trabajador. Trabajo y educación" destaca como novedoso e interesante la libertad de elección que otorgaría el instrumento presentado por Feijóo.
“En la Argentina hay una lógica de la contraprestación. Si cobrás un plan, algo tenés que hacer, trabajás o te capacitás. Por lo general es algo bastante acotado. Terminar la primaria o la secundaria. O alguna formación profesional, que puede ser hasta el servicio doméstico”.
Según su informe, casi la mitad de los ocupados que no aprobaron el secundario residen en hogares en situación de pobreza. Y cinco de cada diez trabajadores activos en la Argentina que no llegaron a aprobar el secundario están en situación de desempleo o subempleo inestable.
La Mochila Austríaca: pagar tu despido
“Queremos introducir cuentas individuales portables para los trabajadores que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral”. ¿De qué habla Feijóo? Otra iniciativa ligada al empleo, en este caso para el asalariado, es que se ponga una “mochila austríaca”.
Así llaman al sistema económico implantado en Austria en 2003 que consiste, básicamente, en establecer un fondo para cada trabajador en función del salario que tiene y que se acumula en el tiempo que está en esa empresa.
Cuando el trabajador se va, se lleva consigo esa "mochila". Ahí puede decidir disponer de ese fondo o llevárselo a la siguiente empresa. La mochila es un extra salarial que el trabajador acumula y del que también puede disponer al final de su vida laboral, si no lo utilizó antes.
El fondo es gestionado por empresas privadas, autorizadas por el Gobierno, a cambio de una comisión y puede constituir una aportación para el fondo de pensiones que tenga el trabajador (y queda exento así de pagar el impuesto por llevarse el dinero).
Pero el sistema es mucho menos simpático que su nombre. En realidad, Austria lo introdujo en ocasión de la reforma laboral en la que se eliminó la indemnización por despido. Si te despiden, para eso está el fondo.
En Austria, además, ese dinero lo aporta el empleador pero todavía hay mucha letra chica por definir sobre cómo funcionaría en España. Si el Estado se hiciera cargo, tendría un costo aproximado de 9.000 millones de euros, según el Banco de España, que ve con buenos ojos la idea de echar mano a fondos europeos. O que sea el propio empleado el que cargue con la mochila.