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Justicia indaga si el gobierno conocía el vínculo Cosmo-BQB

Calloia y Lorenzo son investigados por los delitos de abuso de funciones y estafa

Por  Nicolás Delgado
De la izquierda: Juan Carlos López Mena, Juan Patricio López, Fernando Lorenzo, Hernán Antonio Calvo Sánchez, Gabriel Papa
De la izquierda: Juan Carlos López Mena, Juan Patricio López, Fernando Lorenzo, Hernán Antonio Calvo Sánchez, Gabriel Papa

Estafa y abuso de funciones. Esos son los dos delitos que indaga la Justicia en el caso del aval otorgado para el remate de Pluna y que pueden recaer sobre el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que se investiga si el aval que el BROU dio a la empresa Cosmo para que se presentara a la subasta de los siete aviones de la ex Pluna es legítimo. En caso de que se probara que no lo es, Calloia queda expuesto a ser imputado por abuso de funciones. A su vez, si la Justicia prueba que Lorenzo –o algún jerarca del gobierno– estaba en conocimiento de un acuerdo previo a la subasta entre Cosmo y Buquebus para luego alquilarle los aviones a la compañía española, el ministro también podría ser acusado de abuso de funciones.

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Si como consecuencia de esta maniobra se comprobara un daño económico el delito de estafa puede sumarse al de abuso de funciones.

Por esta investigación iniciada de oficio por el fiscal Juan Gómez, están señalados como indagados Calloia y Lorenzo. El primero declaró el 6 de noviembre. El segundo anunció al juzgado que lo hará por escrito.

El Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de la jueza Adriana De los Santos, lleva adelante otras dos investigaciones penales vinculadas a Pluna, que, por ahora, no señalan a ningún jerarca o exjerarca como responsable de una conducta delictiva.

Abuso de funciones
A la hora 13 del 1º de octubre, Lorenzo llamó por teléfono a Calloia, tal como admitió el ministro en la interpelación del 29 de octubre. Según declaró el presidente del BROU ante la Justicia, el ministro le expresó su “interés” en que el BROU le diera el aval necesario a Cosmo para que se presentara a la subasta de los aviones. Cosmo obtuvo el aval en tiempo récord, su representante levantó la mano en la subasta, pero el 1º de noviembre, cuando venció el plazo para pagar los US$ 137 millones que ofertó por los aviones, no pagó.

Calloia admitió que la operación fue equívoca. “Si usted me dice que tengo seis meses para tomar la decisión yo no la tomaba, pero no tenía ese tiempo”, dijo el 6 de noviembre a radio Sarandí.

El artículo 162 del Código Penal establece que incurre en abuso de funciones “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometa u ordene cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares”. Este delito se castiga con prisión de tres a 24 meses, e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos. La Justicia indaga si Calloia cometió un acto “arbitrario”, al otorgar el aval sin un seguro legítimo, que, además, resultó en perjuicio de la administración. El titular del BROU admitió: “Lamentablemente no culminó en un buen final, porque uno no da avales para que la persona no termine comprando el bien por el que remató”.Si se prueba el perjuicio al Estado, el delito puede recaer también en el ministro, quien en la llamada a Calloia le “pidió la máxima celeridad posible para culminar el trámite exitosamente”, según dijo el presidente del BROU.

Estafa
El artículo 347 del Código Penal determina que comete estafa quien “con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro”.

Para aplicar este delito, la Justicia tendrá que probar que existió un daño comercial. Ello podrá aplicarse si se comprueba que Cosmo ofertó por los aviones en nombre de Buquebus, y que Lorenzo estaba al tanto, y que el Estado permitió el presunto negocio para beneficiar a Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus.

A raíz de la fotografía que muestra a Lorenzo junto a López Mena y a Hernán Antonio Calvo Sánchez, representante de Cosmo, el 3 de octubre, dos días después del remate, la Justicia indaga si el vínculo entre Cosmo y Buquebus era conocido por el gobierno antes de la subasta.

Leadgate
La denuncia de legisladores del Partido Nacional menciona "hechos con apariencia delictiva" en Pluna SA. La asociación de Pluna con Leadgate firmada en 2007 se clausuró el 15 de junio de 2012, cuando el consorcio entregó su paquete accionario a un fideicomiso y dejó con su partida un pasivo de US$ 301 millones.

La Justicia pidió al Instituto Técnico Forense una pericia contable sobre el último balance de Pluna. En este caso se indaga si existió un delito de estafa aunque por el momento no hay pruebas concluyentes. Entre los indagados está el exgerente general de Pluna, Matías Campiani, y declararon como testigos el expresidente Tabaré Vázquez, el exministro de Transporte Víctor Rossi y lo harán Danilo Astori (exministro de Economía) y Jorge Lepra (exministro de Industria).

Ancap
Cuando el gobierno declaró la liquidación de Pluna, ANCAP se quedó con 22 cheques sin cobrar expedidos por la aerolínea por un valor de US$ 18 millones. El directorio de ANCAP presentó denuncia por libramiento de cheques sin fondo. La investigación apunta tanto a Pluna como a ANCAP, puesto que funcionarios de la petrolera autorizaron a la aerolínea a pagar con cheques diferidos a 180 días cuando el plazo máximo autorizado es de 30 días.

Por esta causa ya declararon el presidente de ANCAP y denunciante, Raúl Sendic, y los denunciados, los representantes de Leadgate, Matías Campiani y Sebastián Hirsch, quienes alegaron que, cuando se expidieron los cheques, no pensaban que el gobierno liquidaría la aerolínea. El caso pasará al fiscal para que resuelva.
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