24 de enero 2024 - 17:52hs

La  jueza nacional de primera instancia del Trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, declaró este miércoles la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica impulsado por el gobierno de Javier Milei fue declarada tras la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La magistrada, al hacer "parcialmente lugar a la acción de amparo", determinó que los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023 carecen de validez. No obstante, subrayó que dicha invalidez podrá ser revertida si ambas Cámaras ratifican los mencionados artículos durante el período de sesiones extraordinarias en curso. En caso contrario, la vigencia del decreto cesará automáticamente.

El foco de la jueza laboral de feria se centró en aquellos elementos del DNU que, a su criterio, impactan directamente en los intereses colectivos de los trabajadores, siendo estos derechos esenciales para la CGT. Entre los puntos destacados se encuentran modificaciones a la retención de la cuota sindical, reglas para la negociación colectiva, cambios en la vigencia de cláusulas obligacionales, incorporación de nuevos artículos a la ley 23551 y la regulación de servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos.

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Rodríguez Fernández fundamentó su decisión en el funcionamiento del Congreso, destacando que el mismo está actualmente en actividad y que el Poder Ejecutivo incluyó la ratificación del DNU 70/2023 en la discusión de las sesiones extraordinarias. La jueza también cuestionó la justificación de la necesidad y urgencia de la reforma, argumentando que las medidas propuestas no parecen abordar de manera efectiva los problemas macroeconómicos invocados en el decreto.

En un análisis detallado, la magistrada sostuvo que no está emitiendo juicios de valor sobre la conveniencia o inconveniencia de la reforma desde un punto de vista económico o social. Sin embargo, enfatizó que, independientemente del contenido normativo del DNU 70/2023, los requisitos constitucionales para su validez no han sido cumplidos.

Con esta resolución, la justicia marca un precedente en el debate sobre la legalidad y justificación de medidas de desregulación económica, estableciendo la importancia de la participación y deliberación del Congreso en decisiones de este calibre.

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