Existe, al menos en el discurso, una ética considerada de “izquierda” que, entre otras cosas, supone priorizar el sueldo de los trabajadores a los intereses de los empresarios, pagar las deudas con aquellos que se lo merecen y evitar hacer negocios con gente de antecedentes “sospechosos”.

Ese concepto de ética es el que el Frente Amplio parece haber dejado por el camino desde el inicio del affaire Pluna, y en ese clavo golpeó la oposición ayer en el Senado durante la sesión en la que se votó la subasta de los aviones de la aerolínea en quiebra.

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El recuerdo de los pasos en falsos dados por la izquierda en este asunto comienza con la firma del acuerdo firmado en 2007 que le otorgó, sin licitación previa, la mayoría de las acciones de Pluna a la firma Leadgate dirigida por Matías Campiani. En las negociaciones de esa concesión jugó un rol preponderante el broker Paul Elberse quien había sido duramente cuestionado por el Frente Amplio cuando cumplió funciones en el directorio del Banco Comercial durante la crisis de 2002.

El por entonces diputado Victor Rossi fue de los más duros con Elberse. Cinco años más tarde, el propio Rossi, como ministro de Transporte y Obras Públicas, fue uno de los funcionarios de gobierno que le abrió la puerta al broker extranjero.

“!Este gobierno le pagó a Campiani para que viniera y después le pagó por el memorándum de entendimiento del 15 de junio para que se vaya! Al broker se le pagó más de US$ 900 mil dólares para traer a este inversionista”, se quejó ayer el senador blanco Jorge Larrañaga. Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry marcó otra contradicción en el discurso histórico de la izquierda: mientras al empresario Campiani se le pagó $3 millones de pesos de “despido”, los 900 trabajadores de Pluna siguen esperando una solución para su problema.

Esta intervención provocó un fuerte aplauso de los trabajadores que se encontraban en la barra del Senado lo que significó un golpe extra para los parlamentarios de izquierda (ver pagina 7).

Además, al gobierno del Frente Amplio se le cuestiona haber dejado poco menos que varados a las 70 mil personas que habían comprado pasajes de la empresa Pluna antes del cierre y a los que no les fue devuelto el dinero. “No vamos a votar (el proyecto de liquidación) porque no vamos a convalidar los perjuicios a los trabajadores y a los viajeros. Este tarro hay que destaparlo, el olfato nos dice que hay muchas cosas que están muy mal”, dijo el nacionalista Carlos Moreira.

Otra de las cosas señaladas como “malas” por parte de la oposición fue el hecho de que el abogado Ricardo Olivera García -quien colaboró en la redacción de la iniciativa del gobierno votada ayer en el Parlamento- hubiera sido asesor legal de Campiani.

Además, las críticas a la solución propuesta del oficialismo para sacarse de encima el problema generado con Pluna fueron el marco perfecto para apuntar contra algunos de los principales referentes del Frente Amplio. “Tabaré Vázquez es el responsable político y ahora no se lo escucha más; (el vicepresidente, Danilo) Astori está enfermo; de (Víctor) Rossi no se sabe cuál es su último paradero; (el ex presidente de Pluna, Carlos) Bouzas, está desaparecido, no se sabe nada; de (el ex ministro de Industria, Jorge) Lepra) tampoco se sabe”, disparó Larrañaga.

Más allá de que el Parlamento instale o no una comisión investigadora para indagar cuántas cosas se hicieron mal en el caso Pluna y quiénes son los responsables, el Frente Amplio ya fue golpeado en uno de los flancos que más le duele. Porque, al menos en este caso, la izquierda uruguaya, que acostumbraba igualar a los inversionistas extranjeros con piratas y juraba defender a los trabajadores en su clásica pugna con los empresarios, mostró su cara más ambigua.
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