Mutualistas en riesgo financiero por reforma de salud

Las mutualistas uruguayas mantendrán un encuentro con el Ministerio de Salud Pública a los efectos de informar la situación de riesgo financiero en que se encuentran por la aplicación de la reforma sanitaria

A tres años de instalada la reforma de la salud, las mutualistas de todo el país resolvieron por primera vez unirse y transmitirle al Poder Ejecutivo que la sostenibilidad económica del sistema sanitario está en “riesgo” si no se realizan algunas modificaciones desde el punto de vista financiero.

Este martes está previsto que representantes del conjunto de las instituciones mantengan una reunión con el ministro de Salud, Jorge Venegas, a quien le entregarán dos estudios realizados por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). En esos trabajos se analiza el impacto de las cápitas (el dinero que recibe cada mutualista por usuario afiliado) en la economía de las empresas.

Según indicaron a El Observador fuentes de las instituciones, los informes advierten que las empresas no gozan de buena salud desde el punto de vista económico. En ese sentido alertan que varias de ellas tienen sus números “en rojo”.

La semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) había convocado a las mutualistas para empezar a trabajar sobre la implementación del Plan de Salud Mental, uno de los programas más importantes anunciados por el ex ministro Daniel Olesker cuando estaba al frente del MSP.

Sin embargo, las empresas suspendieron la reunión porque antes de empezar a implementar los nuevos servicios a brindar, entienden que se debe realizar una profunda evaluación del sistema, indicaron a El Observador fuentes del sector privado de salud.

El grupo de instituciones médicas de Montevideo –la Unión de Mutualistas del Uruguay (integrada por la Asociación Española y Casa de Galicia), el Plenario de Mutualistas (Impasa-SMI, Universal y Cudam), Médica Uruguaya y la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud (Casmu, Hospital Evangélico, Cosem, Círculo Católico y Secomi)– junto a la Federación Médica del Interior (FEMI), resolvieron nombrar al ex director de la Dirección General Impositiva, Eduardo Zaidensztat, y a los contadores Daniel Porcado y Gustavo Bonetti para que sean los negociadores con el gobierno.

El objetivo de esta primera instancia ante Venegas será presentarle los estudios técnicos realizados, propiciar una mesa de negociación y transmitir que “existe preocupación por los resultados económicos” de las empresas, indicó una de las fuentes consultadas.
El ejemplo de “crisis” más cercano en el tiempo que se registró en el sector mutual fue el de la mutualista Asociación Española, que debió apelar a un fideicomiso financiero para sortear sus dificultades económicas; a la vez que la mutualista Gremca terminó uniéndose a la Española.

Existen cuatro puntos centrales que las instituciones quieren tratar con el gobierno. Por un lado, el precio fijado por el gobierno de la cuota salud que pagan todos los afiliados al mutualismo que no tienen cobertura por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa); y las cápitas Fonasa que se paga por afiliado.

Según indicaron a El Observador las fuentes consultadas, el valor de las cápitas que perciben las instituciones por cada paciente (cuyo valor dependen de la edad y el sexo del afiliado), es considerado insuficiente por las mutualistas. Uno de los principales motivos de esto es que el costo para las instituciones aumentó ya que el MSP empezó a exigir que se brindaran nuevos servicios, argumentan. A su vez, las instituciones pondrán sobre la mesa de discusión las metas prestacionales que deben cubrir. Si las cumplen, reciben un “extra” de dinero que se suma a la cápita por afiliado.

Durante la administración pasada estas metas apuntaron a que las mutualistas controlaran correctamente a los niños, mujeres y embarazadas. Actualmente los objetivos son otros, y refieren a la capacitación de los recursos humanos de las instituciones, a los controles en los adultos mayores y a que los usuarios de cada mutualista cuenten con un médico de referencia.

Los contratos de gestión firmados por el MSP y las instituciones en el año 2008 también es otro de los puntos que los negociadores de las mutualistas quieren volver a discutir. Las instituciones de asistencia médica privadas, especialmente las adheridas a FEMI, están advirtiendo que sus números están “en rojo” desde hace tiempo.

En julio de 2010, el presidente de la gremial, Edgardo Mier, dijo al ser consultado por el diario El País que antes que el Fonasa entrara en vigencia, solo dos de las 23 mutualistas agrupadas en FEMI estaban con problemas financieros. Según Mier, dos años después esa cifra había trepado a 12 empresas.

El principal argumento esgrimido en aquel entonces por Mier para explicar la situación de las mutualistas era que la reforma sanitaria se había instalado “con mucha premura” y “no acompasando un proceso de adaptación de las instituciones”.

Luego de instalado el Sistema Nacional Integrado de Salud, y las sucesivas aperturas del llamado “corralito sanitario” que permitieron el traspaso de afiliados de un sector a otro y entre instituciones, las mutualistas incrementaron significativamente su masa de afiliados.

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