Nuevo decreto migratorio debe enfrentar primera batalla legal

Medida de Trump que restringe ingreso de musulmanes será recurrida en Hawái

Mientras la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración ilegal comienza a registrar sus primeros resultados, el estado de Hawái se transformó ayer en el primero en presentar un recurso contra el nuevo decreto migratorio divulgado a principios de semana.

De esta manera, Hawái sigue los pasos de James Robart, un juez federal de Seattle (estado de Washington), que el 3 de febrero había bloqueado temporalmente la aplicación de la primera versión del decreto en todo el territorio estadounidense, alegando que provocaría "un perjuicio irreparable".
Posteriormente, la corte de apelaciones de San Francisco decidió mantener esta suspensión, al considerar que el gobierno no había demostrado la inminencia de graves riesgos para la seguridad de Estados Unidos.

En esa ocasión, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, alegó que 300 personas que habían entrado a Estados Unidos con estatuto de refugiado eran objeto de una investigación del FBI por terrorismo, aunque no precisó si estos individuos procedían de los países afectados por el decreto.

En tanto, el fiscal general de Hawái, Doug Chin, anunció el miércoles que había presentado una demanda de suspensión provisional del nuevo texto, firmado el lunes por el mandatario estadounidense.

La nueva versión suspende temporalmente la admisión de refugiados y la entrega de visas para los ciudadanos originarios de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen), una medida que, según Washington, busca evitar la infiltración de potenciales terroristas en Estados Unidos.

"Nada ha cambiado en el fondo: la prohibición generalizada de ingresar (al país) desde países de mayoría musulmana (menos uno) persiste", declaró Chin. Solamente Irak, que figuraba en la lista inicial, fue retirado en esta nueva versión.

El nuevo texto, que entrará en vigor el lunes 16, fue enmendado y atenuado con respecto a la versión del 27 de enero, que movilizó a decenas de miles de personas para pedir al gobierno que diera marcha atrás y provocó confusión y caos en varios aeropuertos.

Trump espera no encontrarse con obstáculos jurídicos en esta ocasión, aunque sus opositores ya prometieron que darán batalla.

Uno de los cambios del nuevo texto es la supresión de la referencia a las minorías religiosas, una forma de evitar las acusaciones de estigmatización de los musulmanes. Asimismo, los portadores de visas válidas y de permisos de residencia están explícitamente protegidos, algo que no quedaba claro en el anterior texto.

El ministro de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, quiso tomarse unos días para estudiar el nuevo texto, en el que reconoció que se habían producido algunas "concesiones".
Uno de los aspectos principales que examina es su potencial impacto en este estado del noroeste del país, en el que operan empresas que emplean a muchos extranjeros, como Amazon. Gigantes de la informática como AirBnB o Uber criticaron el decreto inicial.

A la espera de conocer la decisión de la Justicia sobre el nuevo texto, el gobierno se congratuló por su política de lucha contra los emigrantes clandestinos en la frontera mexicana.
Los agentes de inmigración ahora pueden arrestar a personas en situación irregular, con excepción de quienes llegaron a EEUU sin papeles siendo niños.

Un exconvicto a punto de ser deportado

Ravi Ragbir ayudó a cientos de inmigrantes en Nueva York. Cuando ayer le llegó la hora de enfrentar a su propio agente de deportación, centenares acudieron en su apoyo y lo acompañaron hasta la corte migratoria. Una hora después, fue liberado.

"¡Todos somos Ravi", "¡Ravi, te amamos!", gritaron centenares de defensores de inmigrantes, funcionarios, extranjeros sin papeles, sacerdotes, rabinos y pastores en Foley Square, cerca de la corte migratoria en el sur de Manhattan.

Luego, tomados de la mano, alzando el puño, cantando o rezando, caminaron hasta la sede del tribunal detrás de Ragbir.

Nacido en Trinidad y Tobago, Ragbir es un exconvicto con una orden de deportación pendiente hace 15 años. Ayer debía someterse a su chequeo anual con un agente de deportación, y podía ser detenido y expulsado del país.

Ragbir llegó a Nueva York hace casi 26 años, y hoy es el director de la organización interreligiosa New Sanctuary Coalition (Coalición Nuevo Santuario) de Nueva York, que desde 2007 conecta a sinagogas, mezquitas e iglesias con inmigrantes que precisan ayuda.

Ragbir llegó legalmente a Estados Unidos en 1991 con un permiso de trabajo y tramitó luego una "green card" o residencia permanente. Hasta ahora se salvó de la deportación gracias a varios aplazamientos, el último de los cuales expira en 2018.

Pero vive con miedo de ser deportado, y su temor aumentó tras la elección de Donald Trump, que señaló como su prioridad la expulsión de extranjeros con antecedentes penales que ya recibieron una orden de deportación.

Condenado por cometer en 2001 un delito de transferencia bancaria fraudulenta cuando trabajaba en una empresa que otorga hipotecas, Ragbir pasó tres años en prisión domiciliaria y dos en una cárcel federal.

Tras ser liberado, pasó dos años más detenido en Nueva Jersey y Alabama, a la espera de ser deportado. Pero sus abogados apelaron hasta la última instancia, la Suprema Corte, que declinó juzgar el caso.

Mientras duró la apelación, debió llevar tobillera electrónica.
Aunque cumplió su pena y tiene una esposa y una hija estadounidenses, el gobierno no
quiere normalizar su estatus migratorio.

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