El gobierno está dispuesto a romper el viejo criterio de “a igual cargo igual remuneración” en el Estado y le ofrecerá mejores salarios a aquellas personas con especialidades que escasean en la administración pública. Finalmente, esa es la decisión que estaba casi escondida en la enrevesada redacción del artículo 7 de la Rendición de Cuentas, según informó ayer en el Parlamento la director de la Oficina de Servicio Civil (ONSC), Elena Tejera. La revelación -que no terminó por despejar todas las dudas que existían sobre la polémica norma- provocó reparos desde la oposición, dudas entre los representantes del gobierno y el rechazo del sindicato de empleados públicos.

“Esto rompe con el criterio de que a igual cargo tiene que haber igual remuneración. Vamos a pedir que los artículos referidos al estatuto de los funcionarios sean tratados por fuera del presupuesto”, dijo a El Observador el secretario general de COFE, Joselo López.

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Para quienes no han seguido la zaga del extraño caso del artículo 7 de la Rendición de Cuentas es preciso recordar que sus intenciones habían sido imposibles de desentrañar para el diputado blanco Jorge Gandini –quien reparó en su rareza- para los asesores del parlamentario nacionalista e incluso para los propios integrantes del sindicato de trabajadores del Estado.

El artículo está redactado de la siguiente manera: “La remuneración del funcionario en relación al puesto de trabajo en el organismo, se integrará por la retribución referida al cargo, por un componente ocupacional o de función de conducción relacionado con la responsabilidad y especialidad, y un componente de criticidad de carácter variable y coyuntural referido al valor estratégico, escasez y dedicación exclusiva”.

Ayer en la Comisión de Presupuesto, Tejera asumió “toda la responsabilidad” por la redacción del artículo y admitió que el escrito “es muy difícil de entender” dada su complejidad.

“Yo hace años que estoy en esto y no lo pude entender. Tal vez sea conveniente reformularlo”, dijo entonces el socialista Yerú Pardiñas.

Tejera explicó que la intención del gobierno es la de “valorar el buen desempeño y pagarle más” a aquellas personas que ejercen funciones que en el Estado son deficitarias. Puso como ejemplo a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) en donde, dijo, “cuesta llenar el cargo de ingenieros porque hay escasez; a ese gente hay que pagarle más”.

El diputado Gandini señaló que “además de romper con el criterio de a igual cargo igual remuneración, el artículo se refiere al concepto de ‘ocupación’ y de ‘funciones de conducción’ que no existen en la normativa uruguaya”.

“Conceptualmente es aceptable que haya diferentes criterios para evaluar el trabajo. Pero, ¿cuáles son los criterios objetivos para evaluarlo? Acá no queda claro cuáles son. Se otorga una enorme discrecionalidad para la evaluación del trabajo”, dijo el parlamentario blanco coincidiendo con Cofe.

En tanto, el oficialista Oscar Groba (Espacio 609) advirtió que antes de tomar cualquier decisión habrá que recabar la opinión de los trabajadores. Una delegación del sindicato de funcionarios públicos ya se reunió con la bancada nacionalista y allí reconocieron que estaban desorientados acerca de las verdaderas intenciones del artículo 7 de la Rendición de Cuentas.

Antes de terminar la reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, le pidió a los legisladores del Frente Amplio que apoyaran la propuesta. “Entiendo la postura de la oposición pero le pido a la bancada del gobierno que confíe en el esfuerzo que estamos haciendo con la intención de mejorar”, dijo Breccia sin recibir una respuesta concreta.
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