Seis años de cárcel para vicepresidente ecuatoriano

Glas, de 48 años, pasó a ser el funcionario en activo de mayor rango en América Latina en ser sancionado por la trama de coimas de Odebrecht, que golpeó los círculos del poder y la política al salpicar a exmandatarios como el brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva.

También hay señalamientos contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el peruano Pedro Pablo Kuczynski en la región.

Glas, quien asistió a la audiencia en la que un tribunal penal de la Corte con sede en Quito dictó sentencia en primera instancia, fue juzgado como autor de asociación ilícita al igual que otras cuatro personas, incluido su tío Ricardo Rivera, quien hizo de enlace para que el funcionario reciba coimas por 13,5 millones de dólares.

Otros tres involucrados fueron condenados a 14 meses de prisión por su "cooperación eficaz" con la justicia, de acuerdo con la lectura de la sentencia a cargo del magistrado Edgar Flores.

La Fiscalía, que impulsa la querella instaurada el 24 de noviembre, había solicitado la pena máxima de seis años de prisión para Glas por ese delito, considerado menor.

La condena por asociación ilícita abriría el camino a demandas adicionales contra Glas como de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles y con sanciones de hasta 13 años de cárcel, y por otros delitos como lavado de activos para poder procesar a la misma Odebrecht, de acuerdo con penalistas.

La ley ecuatoriana establece que las penas son acumulables hasta un máximo del doble de la más grave, sin que exceda los 40 años.

La condena por el caso Odebrecht, firma que entregó en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en coimas para obtener contratos según la Fiscalía, puede ser apelada por Glas, quien estuvo a cargo de sectores estratégicos desde 2007 y es vicepresidente a partir de 2013.

La impugnación dejará en suspenso el fallo judicial hasta que sea resuelta por el tribunal y Glas -a quien el Congreso le retiró la inmunidad por pedido de él mismo para ser enjuiciado- está en arresto preventivo desde el 2 de octubre, condición en la que se mantendrá sin perder aún el cargo.