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Tres tiros por la culata

Dos heridos y un muerto es el saldo de incidentes con policías al borde de la ley

Por  Nicolás Delgado
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En un mes, tres incidentes terminaron con policías en el CTI o declarando ante jueces como principales sospechosos de delitos que terminaron con muertos o heridos graves. En los tres casos, si se confirman la hipótesis más firmes, los agentes erraron en sus procedimientos o aplicaron gatillo fácil.

El domingo 14 de octubre, en medio de un procedimiento policial en el barrio Marconi, un agente disparó e hirió de muerte a Álvaro Nicolás Sosa, un joven de 25 años cuya participación en los incidentes que desencadenaron los disparos sigue a estudio del juez Homero Da Costa y de la fiscal María de los Ángeles Camiño.

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El jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, respaldó la actuación policial y dijo a El Observador que la muerte del joven ocurrió como “consecuencia del apriete” que realiza la Policía en barrios como el Marconi, propicio para que se refugien delincuentes. Lo que sucedió “está dentro de las previsiones”, agregó Fernández.

El procedimiento, sin embargo, fue cuestionado por el Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU), que responsabilizó por la muerte del joven a las autoridades del Ministerio del Interior y a las de la Jefatura de Policía de Montevideo. El secretario de Asuntos Legales del SUPU, Miguel Barrios, dijo que los “desmanes” policiales se producen porque falta un protocolo de actuación que respalde a los efectivos en zonas críticas.

El otro sindicato, la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), respaldó la actuación de los agentes. Su vocera, Patricia Rodríguez, dijo que “los policías no actuaron mal”, sino que “defendieron sus vidas y la de los detenidos”. De todas maneras, advirtió que los agentes no tenían esposas para apresar a los ocho detenidos, lo que demoró el procedimiento. “El ministerio te da el arma y el chaleco antibalas. Y hay que comprar el resto. Si no comprás las esposas, no tenés”, criticó.

La semana próxima habrá una nueva audiencia, en la que el juez, la fiscal y el policía emplazado junto a su defensa observarán un video inédito sobre el episodio.

Fuentes del caso informaron que resta determinar si los disparos de los policías fueron respondidos con disparos de particulares, uno de los alegatos del policía y de la Jefatura para amparar el homicidio en legítima defensa.

El segundo episodio ocurrió el sábado en La Paloma. El subcomisario Marcos Martínez celebraba el cumpleaños en su casa, contigua a la comisaría de La Paloma, junto a sus compañeros del plantel de Independiente de Fútbol de Salón, cuando un vecino, al escuchar disparos, salió de su casa y recibió un balazo. “El fogonazo salió de la casa de enfrente, de la casa del (sub) comisario”, declaró el herido, Víctor Hernández, un albañil de 27 años. El subcomisario y otros dos policías, así como distintos participantes de la reunión, que declararon como indagados, negaron haber efectuado los disparos.

Fuentes del caso explicaron a El Observador que será determinante la pericia balística para cotejar el proyectil alojado en la médula del albañil con las dos armas incautadas en la casa del subcomisario. Aunque los médicos no pudieran extraer el proyectil, las tomografías podrían determinar de qué tipo de bala se trata.

El tercer episodio ocurrió en Cerro Norte. Un agente trabajaba como custodia de un camión repartidor de cervezas y recibió tres balazos, luego que intentara persuadir a los asaltantes afirmando que era policía.

El custodia trabajaba de forma irregular, ya que un agente no puede realizar tareas de particular, sal vo que sea autorizado por el Ministerio del Interior. Además, no llevaba chaleco antibalas, como exige la ley, y cometió “un error”, al decir a los rapiñeros que era policía, dijo a El Observador Marcos Rosconi, delegado del sindicato policial de Montevideo, que integra el USIP.
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