Una misión de la ONU acusó al gobierno de Maduro de aplicar torturas y cometer delitos de lesa humanidad

La misión presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe centrado en la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambos organismos son señalados como las dos principales “estructuras represivas”, de un total de seis con que cuenta el gobierno venezolano.

El informe, publicado en español e inglés en el sitio web de la ONU, asegura que el Sebin y la Dgcim son responsables de “la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.

El plan, añade, incluye “la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.

“Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro”, dijo la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Además de Valiñas, la misión estuvo integrada por la abogada argentina Patricia Tappatá y el chileno Francisco Cox.

El grupo documentó 122 casos de personas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de esos dos organismos de inteligencia venezolanos desde 2014 hasta la actualidad.

Detalló que entre los métodos de tortura utilizados figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca’”, tanto en las sedes centrales del Sebin y la Dgcim, en Caracas, como en una red de centros clandestinos de detención en todo el país.

“Actualmente, en el Helicoide (sede del Sebin) hay más de 70 personas detenidas, y en Boleíta (sede de la Dgcim), entre 15 y 20, pero los números reales son otros, siempre mayores”, señaló Tappatá.

La misión comenzó a trabajar en 2019, designada por la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con mandato para investigar denuncias de violaciones humanitarias a partir de 2014.

Ese año se produjeron protestas callejeras que duraron cuatro meses y dejaron 43 muertos y más de 1.000 heridos y de 3.000 detenidos, según datos oficiales.

El gobierno de Maduro nunca dio su autorización para que el grupo realizara su tarea en territorio de Venezuela por lo que los expertos y sus colaboradores técnicos establecieron su base en Panamá, desde donde requirieron información vía telefónica.

Según el informe, “el pico de detenciones arbitrarias seguidas de tortura se produjo entre 2017 y 2019”.

“La “política de represión y silenciamiento se practica tanto sobre ‘opositores reales’ como sobre aquellos percibidos como tales”, entre los que señaló a “periodistas, líderes sociales o de organizaciones no gubernamentales”.

También sobre un “importante número de miembros de las fuerzas armadas que se consideran potenciales amenazas a la estabilidad del régimen”.

Los integrantes de la comisión dijeron que la persecución se centra en “cualquiera que expresa una opinión disidente”, y se extiende a su familia y amistades, lo que genera un extendido temor a las represalias”.

Por otra parte, el informe presentado hoy describe también la situación humanitaria en el Arco Minero del Orinoco, un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados en el estado amazónico Bolívar, en el centro-este del país, muy prolífica en diversos minerales y caracterizada por la explotación irregular de esas riquezas.

En esa zona de abundante población indígena “actúan los llamados sindicatos, que no son organizaciones de trabajadores sino criminales, y hay también actores estatales y armados no estatales, como el (grupo guerrillero colombiano) ELN”.