Una SA y un escribano que la Justicia deberá indagar

Maximiliano Acosta, socio de Leonardo Fariña, firmó como apoderado de la sociedad anónima

Traline es la sociedad anónima uruguaya que compró en marzo de 2011 el campo “El Entrevero”, ubicado sobre la ruta 10, entre La Barra y José Ignacio. La posibilidad de que el campo haya sido objeto de una maniobra de lavado de dinero quedo planteada luego que operadores financieros le dijeron el periodista Jorge Lanata que el terreno había sido adquirido con dinero de una presunta organización liderada por el empresario Lázaro Báez, indagado en Argentina por blanqueo de capitales. El escribano que participó de la transacción en representación de Traline fue Adolfo Pittaluga Shaw. El notario firmó el documento que testifica que la sociedad anónima es solvente, supo El Observador.

El apoderado de Traline SA, quien firmó la escritura, fue Maximiliano Acosta, socio de Leonardo Fariña -supuesto valijero de Báez hasta que se distanció del empresario- y testigo de su boda con la modelo Karina Jelinek.

VIOLENCIA

En Florida, una niña activó sistema de alerta implementado por Enciso y evitó que se produjera un femicidio

QUINCHO GRANDE

Mansión de González Valencia en Punta del Este se subasta el 5 de marzo junto a tres padrones en Solanas

REFORMA

Director de Transporte defendió idea de túnel por 18 de Julio y dijo que evalúan extender la reforma hasta Pando

La información que se maneja en Argentina es que fue precisamente por este negocio con “El Entrevero” que Fariña tuvo problemas con su empleador, luego de lo cual decidió revelar la trama al periodista Jorge Lanata, aunque luego se desdijo.

La ley antilavado uruguaya, aprobada en junio de 2009, establece que “todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”. La ley agrega en su primer artículo que “también deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos”.

Esta información debe comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. La ley precisa que deberán informar sobre estas transacciones sospechosas “los casinos; las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles; los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente”, como “la compraventa de bienes inmuebles”, entre otras. También deberán denunciar estas operaciones sospechosas “los rematadores; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos; los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación; las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales”.

Investiga el Banco Central
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central está investigando la operación, informó a El Observador Carlos Díaz, director de la Secretaría Antilavado de Activos. Díaz anunció el jueves 26 de abril en el programa En la mira de VTV que presentaría una denuncia ante la Justicia de Crimen Organizado por la compra venta de “El Entrevero”. Sin embargo, el funcionario decidió que antes de presentar la denuncia la llevaría ante la UIAF para agilizar la investigación. El director de Antilavado dijo a El Observador que en los próximos días la UIAF presentará la denuncia y la información en el Juzgado de Crimen Organizado.

Entre otras cosas, la Justicia deberá averiguar si, como lo afirmó Fariña, el titular del campo es ahora Pérez Gadín, contador que trabaja para Lázaro Báez.

Fariña denuncia que, por un inconveniente con su jefe la organización resolvió pasar a nombre de Daniel Pérez Gadín, administrador del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner y contador de Báez, el campo en José Ignacio.

La investigación también deberá definir si el escribano Pittaluga actuó correctamente y se informó, como lo dispone la ley, para avalar la licitud del dinero que manejaba Traline y con el que se adquirió el campo.

Seguí leyendo