Cuando hace unos meses le preguntaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cómo se sentía después de tantos años sin quedar atrapado en un embotellamiento, su respuesta fue, cuanto menos, curiosa.

En lugar de referirse al tránsito que diariamente padecen millones de israelíes, recordó sus años de servicio militar. Habló de sus viajes hacia el norte del país, de las interminables filas de camiones y de las horas que tardaba en llegar a los Altos del Golán. Recuerdos de hace más de cincuenta años.

más Noticias

Es cierto que Netanyahu aclaró que conoce los embotellamientos actuales. Pero la anécdota dejó flotando una pregunta que va mucho más allá del tránsito: ¿hasta qué punto un líder que ha pasado tantos años en el poder sigue conectado con la realidad cotidiana de sus ciudadanos?

En un país donde las familias enfrentan un elevado costo de vida, miles de reservistas han pasado largos períodos lejos de sus hogares y trabajos, y buena parte de la sociedad vive entre la incertidumbre y las heridas de años de conflicto, la pregunta adquiere un significado particular.

El próximo 27 de octubre, los israelíes acudirán a las urnas por primera vez desde la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Lo harán después de tres años que marcaron profundamente al país, tanto en el plano militar como en el político, social y diplomático.

Ese cansancio, esas heridas y esas preguntas también llegarán a las urnas. Pero en Israel votar por un partido no significa necesariamente elegir a quien gobernará. Los ciudadanos no eligen directamente al primer ministro: votan por partidos que se reparten proporcionalmente los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento.

Durante décadas, el laborismo y el Likud dominaron la escena política y, con sus aliados, lograban formar gobiernos. Hoy el mapa está mucho más fragmentado: el partido más votado puede obtener apenas el 20% de los escaños, unos 24 de 120.

Benjamin Netanyahu, al frente del Likud, y Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del ejército y líder de Yashar, figuran entre los principales protagonistas. Pero, más allá de las diferencias entre encuestas, ninguna fuerza se acerca por sí sola a la mayoría necesaria para gobernar.

Aquí aparece una de las paradojas de la política israelí: ganar las elecciones no significa necesariamente poder gobernar. El presidente encarga formar gobierno a quien considera capaz de reunir suficiente apoyo parlamentario. Para contar con mayoría propia hacen falta 61 escaños. Sobre el papel, las cuentas parecen sencillas.

En Israel han desarrollado tecnología para casi todo. Lo que todavía no han inventado es una aplicación capaz de poner de acuerdo a 61 políticos. Y es que algunos partidos que compiten por los mismos votantes durante la campaña deberán sentarse después a negociar cómo gobernar juntos. No es casualidad que, entre 2019 y 2022, Israel haya celebrado cinco elecciones en menos de cuatro años.

La dificultad, además, no se reduce a una pelea entre derecha e izquierda. Para muchos lectores latinoamericanos, reemplazar a Netanyahu podría parecer sinónimo de un giro hacia la izquierda. Pero la política israelí no encaja tan fácilmente en ese esquema.

Naftali Bennett, ex primer ministro, y Avigdor Lieberman son dirigentes de derecha. En cuestiones de seguridad y defensa, muchas de las posiciones de Eisenkot tampoco difieren sustancialmente de las del Likud. Junto con partidos de otras corrientes, representan las fuerzas que buscan una alternativa al actual gobierno: el llamado Bloque del Cambio.

Tienen diferencias importantes, pero comparten prioridades como el respeto al Estado de derecho, la fortaleza de las instituciones y una distribución más equitativa de las obligaciones ciudadanas. También los une algo menos programático y muy propio de la política: la desconfianza hacia Netanyahu. Varios gobernaron con él y hoy se niegan a volver a hacerlo.

Netanyahu, por su parte, tampoco dispone de una libertad ilimitada para elegir aliados. Depende en gran medida de los partidos ultraortodoxos y de las fuerzas de extrema derecha lideradas por Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Las exigencias de unos sobre reclutamiento y financiamiento religioso, y las políticas nacionalistas que promueven otros, condicionan sus acuerdos y generan tensiones dentro y fuera de Israel.

Al Bloque del Cambio tampoco le dan los números. Y aquí entran en escena los partidos árabes, cuyo respaldo podría resultar decisivo.

Los ciudadanos árabes representan aproximadamente el 20% de la población israelí, y las encuestas asignan a sus principales listas alrededor de una docena de escaños. Incluso sin incorporarse a una coalición, esos diputados podrían influir mediante su apoyo parlamentario desde fuera o al recomendar al presidente a quién encargar la formación de gobierno. No es lo mismo integrar un gabinete que facilitar su existencia, pero ambas posibilidades pesan cuando falta una mayoría.

No sería una novedad en la democracia israelí. Durante el gobierno de Yitzhak Rabin, partidos árabes lo apoyaron desde fuera de la coalición, mientras dos diputados árabes de partidos de la coalición ocuparon cargos de viceministros. Hoy, sin embargo, la polarización y las consecuencias del conflicto hacen mucho más difícil un entendimiento semejante.

En medio de tantos cálculos y vetos cruzados, hay una demanda que acerca a distintas fuerzas del Bloque del Cambio: la igualdad en las obligaciones hacia el Estado. De allí surge la idea de una «Alianza de quienes sirven al país», impulsada por algunos de sus dirigentes. No se trata solo de quién puede llegar al gobierno, sino de quién carga con el esfuerzo de sostenerlo.

El servicio militar es obligatorio para amplios sectores de la población, y el debate incluye también formas de servicio nacional o civil. Sin embargo, durante décadas muchos hombres ultraortodoxos pudieron postergar o evitar el reclutamiento para estudiar en instituciones religiosas, mediante arreglos cuestionados por la Justicia.

La contradicción es difícil de ignorar y a muchos israelíes les resulta casi absurda: mientras unos interrumpen sus estudios, trabajos y vida familiar para servir, sus impuestos ayudan también a financiar instituciones religiosas y programas de apoyo a sectores donde muchos hombres quedan fuera del servicio militar y, en determinados casos, del mercado laboral.

Y no se trata solo de equidad. El propio ejército ha advertido que necesita aproximadamente 12.000 soldados adicionales para distintas funciones vinculadas con la seguridad del país. Detrás de esa cifra hay una pregunta incómoda: ¿cómo hablar de un esfuerzo compartido cuando el peso del servicio recae siempre sobre los mismos?

Pero hay una herida todavía más profunda que no se puede resolver solo con una ley de reclutamiento. El 7 de octubre de 2023 dejó el recuerdo del ataque terrorista más devastador sufrido por Israel y de un fracaso de seguridad cuyas responsabilidades todavía no han sido plenamente esclarecidas.

La tragedia expuso fallas militares, de inteligencia y de conducción política. No todo puede atribuirse a una sola persona, pero quien encabeza el gobierno debe responder por lo ocurrido bajo su autoridad. Netanyahu ha reconocido que comparte parte de la responsabilidad, sin asumir una responsabilidad política integral, mientras varios altos responsables de seguridad reconocieron sus errores y dejaron sus cargos.

Tres años después, Israel sigue sin una comisión estatal independiente de investigación que examine integralmente lo sucedido. Para las familias que todavía reclaman respuestas, ese vacío es todo menos abstracto.

La discusión sobre el 7 de octubre plantea además una pregunta más amplia: ¿cómo se preserva la fortaleza de una democracia cuando un mismo liderazgo ejerce el poder durante tantos años?

Netanyahu suma alrededor de 19 años como primer ministro, más que cualquier otro dirigente israelí. Pero una democracia no se sostiene solo con elecciones: necesita instituciones independientes, controles efectivos y una separación clara entre los intereses partidarios y el funcionamiento del Estado. Las disputas de los últimos años sobre la Justicia y los nombramientos públicos han colocado estas cuestiones en el centro del debate.

Hay algo más en juego: lo que ocurre dentro de Israel no se queda dentro de sus fronteras. Las decisiones políticas también influyen en sus alianzas, en su imagen internacional y en la capacidad del país para hacerse escuchar.

Durante años, la familiaridad de Netanyahu con Estados Unidos fue una de sus mayores fortalezas. Allí vivió, estudió y trabajó.

Netanyahu no solo hablaba inglés. Sabía hablar «americano»: conocía los códigos políticos de Washington. Esa capacidad, junto con su experiencia en seguridad y su posición frente a Irán, ayudó a construir la imagen de un líder que sabía moverse entre las grandes potencias. Pero el escenario internacional cambió, y no poco.

La ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, y las controversias sobre cómo se desarrolló y cuáles fueron sus consecuencias profundizaron las tensiones con algunos aliados tradicionales y el cuestionamiento internacional a Israel.

Según una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2026, el 59% de los estadounidenses manifestó poca o ninguna confianza en Netanyahu para gestionar los asuntos internacionales. En Argentina, la cifra fue del 63%; en Brasil y Chile, del 64%.

También fue reveladora su breve visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre: a diferencia de otras ocasiones, no incluyó reuniones con el presidente estadounidense ni con altos funcionarios de su administración.

¿Significa esto que Israel ha perdido sus alianzas estratégicas? No. ¿Que un cambio de gobierno resolvería todas las tensiones de la noche a la mañana? Tampoco. Pero cabe preguntarse si otra conducción, incluso sin grandes cambios en materia de seguridad, podría recuperar espacios de diálogo y parte de la confianza que Israel necesita para defender sus intereses ante el mundo.

En definitiva, quien forme el próximo gobierno no podrá conformarse con reunir 61 escaños. Tendrá que dar respuestas a las familias de las víctimas del 7 de octubre, recuperar la confianza en las instituciones, afrontar la desigualdad en las obligaciones ciudadanas y trabajar para recomponer los vínculos de Israel con el mundo. Ninguno de esos desafíos desaparecerá por el simple hecho de cambiar de gobierno, ni por mantener al actual.

Y quizás aquí valga la pena regresar a aquella curiosa historia de los embotellamientos que Netanyahu recordaba de sus años de servicio militar.

Más de cincuenta años después, Israel se ha transformado en una potencia tecnológica, económica y militar. Pero también es una sociedad marcada por profundas heridas y desafíos que ponen a prueba tanto su cohesión interna como sus relaciones con el mundo.

El próximo 27 de octubre, los israelíes deberán decidir a quién confiar la conducción del país. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará después de las elecciones, independientemente de quién logre formar gobierno.

Porque la pregunta más importante no es solamente quién estará al volante de Israel, sino hacia dónde quiere dirigirse el país.

¿Permitirá ese rumbo recuperar la confianza, sanar las heridas y fortalecer nuevamente su lugar en el mundo?

Seguí leyendo