El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, luego del anuncio de los legisladores de la Coalición Republicana, que presentarán una denuncia penal contra la jerarca y dos asesores por el caso Cardama.
Sánchez, que dio una rueda de prensa desde Florida, donde asistió para participar en el acto por la Declaratoria de la Independencia, dijo que la denuncia es un "intento de poner una cortina para que no se hable del problema real", que dijo son las "garantías truchas" que presentó Cardama.
Dijo que, a su entender, la denuncia contra Lazo no era "el fondo del asunto" ni tampoco las acusaciones que hizo la Coalición Republicana, que plantea que la ministra pudo haber incurrido en un delito de abuso de funciones al autorizar que dos asesores —Daniel Marsiglia y Damián Rojas— intervinieran en asuntos relativos al contrato con el astillero antes de haber sido designados en régimen de pase en comisión en el ministerio.
"Cualquier persona en Uruguay puede hacer las denuncias que entienda pertinentes", agregó el secretario de la Presidencia. Y aseguró que el gobierno "ha sido claro desde el primer día", defendiendo el "erario público" frente a lo que "todo el mundo reconoce que era un principio de estafa" por las "garantías truchas" que presentó Cardama para concretar la firma del contrato, en el gobierno pasado, por US$ 90 millones para construir dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
"Se recibieron garantías que no eran buenas, de una empresa inexistente. Y ahora hay dudas sobre las primeras garantías", describió Sánchez sobre las razones que llevaron al gobierno de Yamandú Orsi a rescindir el contrato.
Los legisladores del Frente Amplio, en tanto, apuntaron al anterior gobierno y, en particular, al expresidente Luis Lacalle Pou por su "responsabilidad política".
"Evidentemente hay responsabilidades u omisiones en el gobierno anterior que recibió estas garantías, que no las controló y que, además, le permitió durante muchísimo tiempo a una empresa que no tenía experiencia en construir embarcaciones de esta naturaleza que buscara una y otra vez garantías, que nadie les quería dar, hasta que llegaron estas truchas. Por tanto, hay responsabilidades, ni qué hablar", argumentó el secretario de la Presidencia.
"La ministra sabe que tiene respaldo, sabe que ha actuado conforme a derecho y ha hecho las cosas bien en pro del Uruguay", apuntó respecto a Lazo.
Por Cardama ya hay una denuncia penal presentada por el gobierno por las irregularidades detectadas en la constitución de las garantías del contrato, además de en los plazos de construcción. También hay un reclamo por daños y perjuicios, algo que también hizo la empresa, que inició un arbitraje internacional contra el Estado urugayo.
