En junio de 2024, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) estuvo a punto de concretar una operación de venta de carbón que podría haber aliviado su difícil situación financiera. La compañía israelí TEGI Limited había propuesto adquirir 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un total de US$ 2,1 millones. Sin embargo, la operación se paralizó debido a la intervención de intermediarios que solicitaron un pago adicional para cerrar el acuerdo.
TEGI Limited, una empresa de capitales israelíes, ofreció comprar el remanente de carbón almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. El carbón, aunque de baja calidad debido a su alto porcentaje de ceniza y estado de combustión, representaba una oportunidad para YCRT, que enfrenta severas dificultades financieras. Con pérdidas de US$ 140 millones en el último año, la empresa estatal cuenta con más de 2.100 empleados y ha visto su producción mensual reducirse a tan solo 5.000 toneladas, muy por debajo de su capacidad.
A pesar de que el precio ofrecido por TEGI, de US$ 70 por tonelada, estaba por debajo del valor internacional, la empresa israelí estaba dispuesta a cerrar el acuerdo y contemplaba un contrato a largo plazo para adquirir hasta 700.000 toneladas anuales, lo que podría haber generado más de US$ 100 millones en los próximos dos años. Sin embargo, un grupo de intermediarios, encabezados por Andrés Gross y Alejandro Salemme, irrumpió en la negociación exigiendo un pago adicional.
El pedido de coima
Según un audio al que accedió el diario Clarín, Gross y Salemme solicitaron a los representantes de TEGI un monto adicional de entre US$ 20.000 y US$ 30.000, lo que representa entre el 1% y el 1,5% del valor total de la compra. En la grabación, Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, expresó su sorpresa y desacuerdo con la solicitud, argumentando que la empresa israelí ya tenía contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios.
En la conversación, Gross se presentó como una figura clave para destrabar la negociación, pero luego admitió que su poder era limitado. "Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así", declaró Gross en una entrevista posterior. Además, reconoció que no tenía la influencia que insinuaba durante la negociación. Por su parte, Salemme admitió que su participación fue "infantil", aunque negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Afirmó que su trabajo como broker consiste en acercar a compradores y vendedores, y que esperaba recibir una comisión por ello.
Yarke, por su parte, reiteró que TEGI no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y aclaró que la empresa ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación. El ejecutivo neuquino también subrayó que la compra del carbón no era viable para TEGI debido a las condiciones del producto, pero que seguían interesados en el acuerdo debido a la presión del "aparato político" y su interés en futuros negocios.
Otro de los puntos clave en la negociación fue el rol de la Cancillería argentina. Según explicó Yarke, TEGI había sido contactada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar las negociaciones con YCRT, en un intento por promover la primera exportación de carbón de Río Turbio en cinco años. Sin embargo, la intervención de intermediarios como Gross y Salemme complicó la operación, que finalmente se suspendió.
Thierry Decoud, interventor de YCRT, negó cualquier vínculo con los intermediarios y aseguró que la empresa estatal no puede pagar comisiones ni contratar brokers, ya que sería ilegal. Aunque Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, el interventor afirmó que no tuvo ningún contacto con los intermediarios durante el proceso de negociación. "Muchas personas intermediarias querían la representación comercial o la exclusividad para comercializar el carbón, pero nosotros, como empresa del Estado nacional, no podemos pagar comisiones", declaró Decoud.
Desde YCRT confirmaron que el proceso de compulsa de propuestas para la venta de carbón sigue abierto, aunque ninguna de las ofertas recibidas hasta el momento se ajusta a los precios establecidos por la empresa. La oferta de TEGI fue desestimada por no ser un comprador directo y por presentar precios bajos. La mejor propuesta hasta el momento, según YCRT, es la de la empresa Biomas Global Management, aunque tampoco cumple con los valores fijados para la venta.
La crisis en YCRT y el futuro de la empresa
El fracaso de esta operación llega en un momento crítico para YCRT. La minera estatal ha estado en el centro de la discusión política debido a sus continuas pérdidas económicas y su baja productividad. El presidente argentino, Javier Milei, ha propuesto cerrar o privatizar la empresa, argumentando que el Estado no puede seguir sosteniendo sus operaciones deficitarias. Sin embargo, YCRT sigue operando, aunque a un ritmo muy por debajo de su capacidad.
La frustración por la fallida venta de carbón a TEGI ha sido un golpe para la empresa, que veía en este acuerdo una oportunidad para mejorar su situación financiera. La posibilidad de un contrato a largo plazo, que incluía la venta de hasta 700.000 toneladas anuales, habría garantizado ingresos estables por más de US$ 100 millones. Pero la intervención de los intermediarios y el pedido de coima paralizaron las negociaciones, dejando a YCRT en una posición aún más comprometida.
A pesar de los intentos por cerrar un acuerdo, la empresa israelí se retiró de la negociación, alegando que no podían aceptar las condiciones impuestas por los intermediarios. Desde TEGI, afirmaron que seguirán buscando oportunidades en otros mercados, pero que las complicaciones en Argentina han frenado su interés en el carbón de Río Turbio.
Mientras tanto, la situación de YCRT sigue siendo incierta. La producción de la mina, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz, es mínima, y la empresa enfrenta dificultades para encontrar compradores dispuestos a pagar precios competitivos por su carbón de baja calidad. Además, las deudas siguen acumulándose, y el futuro de los más de 2.100 empleados que dependen de la compañía es cada vez más incierto.
