Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, expresó su preocupación sobre el reciente decreto que reglamentó el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI). Según él, el decreto se "extralimitó" al autorizar operaciones que van más allá del texto y el espíritu de la ley aprobada por el Congreso el mes pasado.
Uno de los puntos más polémicos está relacionado con la libertad que se otorga a las empresas que acceden al régimen para girar dividendos al exterior. Michel fue contundente al afirmar que “la reglamentación del RIGI se extralimitó y autoriza giros de fondos al exterior por fuera de la ley”. Además, subrayó que “el objetivo es que vengan dólares, si los traen por el mercado de cambios se los deberían llevar de la misma manera. Ahora, por decreto, dicen otra cosa: que hay parte que puede entrar por CCL [contado con liqui]”.
Michel también destacó que “están extendiendo la indemnidad cambiaria a los prestamistas, a los bancos internacionales, fondos y otros vehículos financieros", lo que amplía los beneficios más allá de lo establecido por la ley. En su opinión, “el decreto debe reglamentar la ley, no extender beneficios más allá de lo que establece la norma votada por el Congreso”.
Michel señaló diferencias clave en el contenido del decreto respecto a lo que se estipulaba en la ley original. Según explicó, el quinto párrafo del artículo 199 de la Ley N° 27.742 exime al Vehículo de Propósito Único (VPU) de las normas cambiarias que impongan restricciones o autorizaciones previas para acceder al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes, siempre y cuando esos fondos hayan sido ingresados y liquidados en el mercado de cambios por el VPU a partir de la fecha de adhesión al RIGI. Sin embargo, el artículo 101 del Decreto 749/2024 “se extralimita en los beneficios a los inversores, yendo más allá del texto que sancionaron los legisladores”. Michel criticó que se permita “proporcionar” el beneficio de manera proporcional, lo que no estaba previsto en la ley original.
Además, el ex titular de la Aduana advirtió que el decreto extiende irregularmente el beneficio de libertad para girar divisas al exterior no solo al VPU, sino también a sus acreedores no residentes y a los garantes de las obligaciones del VPU, incluyendo partes vinculadas. En su opinión, esta ampliación de beneficios es ilegal y contradice tanto el texto como el espíritu de la ley original. Según Michel, "claramente, esta extensión de beneficios es ilegal y va más allá del texto y del espíritu de la ley que aprobaron los legisladores”.
Por último, Michel indicó que existen otros aspectos de la reglamentación que podrían haber sido modificados de manera inconsistente con la ley aprobada, mencionando temas impositivos como la actualización de quebrantos del Impuesto a las Ganancias y cuestiones relacionadas con el Impuesto PAIS. Según él, aún está analizando estos puntos, pero es claro que la reglamentación del RIGI generó un debate considerable sobre su alineación con la ley.
De qué se trata el RIGI
El Gobierno oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que fue aprobada en agosto como parte de la Ley de Bases, establece un marco de incentivos fiscales para atraer inversiones significativas en sectores clave de la economía argentina.
El RIGI está diseñado para ofrecer incentivos y proteger los derechos adquiridos por aquellos responsables de proyectos de inversión que superen los u$s200 millones. Según el texto oficial, el principal objetivo del régimen es atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al desarrollo económico del país. En palabras del decreto, el RIGI "tiene como objetivo principal reglamentar y poner en marcha un régimen de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones a distintos sectores de la economía argentina".
Entre los objetivos específicos del RIGI se encuentran la creación de empleo de calidad, el aumento de las exportaciones, y el desarrollo de sectores estratégicos como la industria, el turismo, la minería, y la energía, entre otros. Aunque el decreto no detalla explícitamente los incentivos, se menciona que se establecerán condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad para las empresas que decidan invertir, lo que podría incluir exenciones impositivas, devolución del IVA, facilidades crediticias y garantías estatales.
El régimen abarca a ocho sectores que podrán beneficiarse del programa, incluyendo la industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y el sector de petróleo y gas. Las empresas interesadas tienen un plazo de dos años para adherirse al programa, con la posibilidad de una extensión adicional de un año por parte del Poder Ejecutivo.
En el contexto internacional, la reglamentación del RIGI se produjo poco después de que representantes del Gobierno, en un evento con el "Argentina Business Council", destacaran ante empresarios estadounidenses la política de desregulación económica impulsada por Javier Milei, subrayando los beneficios que el RIGI traerá para las inversiones en el país. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, enfatizó en esa ocasión los esfuerzos del Gobierno por "fomentar el crecimiento económico y las inversiones en el sector privado", señalando que estas medidas buscan "reintegrar a la Argentina en el escenario global y generar confianza entre los inversores".
