Mercado Libre anunció este lunes que cerrará su oficina en la ciudad de Córdoba y que, a partir de agosto, todos los trabajadores que se desempeñaban allí pasarán al esquema de trabajo remoto. La medida, explicó la compañía, responde al impacto de las tasas municipales que paga por operar en la capital cordobesa, las cuales consideró desproporcionadas y sin contraprestación.
Según informó la empresa, actualmente abona cerca de $770 millones por mes en concepto de tasas municipales, un monto que equivale a 24 veces el alquiler mensual de su sede en el edificio Capitalinas. Desde Mercado Libre aseguraron que se trata de la carga más alta entre todas las localidades en las que opera en el país, sin que exista una mejora proporcional en infraestructura o servicios.
“La decisión no implica una reducción del personal ni el cierre de nuestras operaciones en Córdoba”, explicaron voceros de la firma. En total, 1.260 empleados, la mayoría dedicados a tecnología, seguirán desarrollando sus tareas desde sus casas, mientras se evalúan opciones de localización a mediano plazo.
En una declaración oficial, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, advirtió: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país. Lamentablemente, las tasas actuales nos obligan a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa insistió en que mantiene su compromiso con la provincia, donde opera tres centros logísticos de última milla y conecta a miles de pymes y usuarios a través de sus plataformas de e-commerce y pagos digitales.
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En Córdoba, Mercado Libre tiene 1.260 empleados
La decisión se conoce en medio de una tensión creciente entre el sector privado y distintos niveles del Estado por el impacto de tributos municipales y provinciales. En el caso de Córdoba, Mercado Libre aseguró que mantuvo meses de conversaciones con las autoridades locales, sin éxito.
La batalla por Ingresos Brutos
La decisión de cerrar su oficina en Córdoba no es un hecho aislado. La semana pasada, Mercado Libre anunció que a partir del 8 de julio aplicará cargos diferenciados por provincia para vendedores de su plataforma. El motivo: las diferencias en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, uno de los tributos provinciales más cuestionados por el sector privado.
Así, la empresa cobrará menos comisiones en provincias con menor carga impositiva (como Corrientes, Río Negro o Formosa) y más en otras con presión fiscal superior (como Córdoba, Santa Fe o Jujuy). Hasta ahora, los cargos eran iguales en todo el país.
Desde la compañía explicaron que buscan "transparentar el impacto fiscal real" y poner en evidencia cómo las distintas políticas provinciales afectan los costos de operar. La medida marcó un punto de inflexión en la relación entre Mercado Libre y varios gobiernos provinciales.
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La semana pasada, Mercado Libre anunció que cobrará más a los usuarios radicados en provincias con mayores Ingresos Brutos
Mercado Libre vs. provincias: el detrás de una batalla que sigue escalando
En el centro del conflicto está el impuesto a los Ingresos Brutos: un tributo que cada provincia aplica de manera distinta y que, según empresas del sector, genera distorsiones, desalienta la formalización y encarece los precios.
El sistema es tan complejo que, según operadores del mercado, “es imposible saber con exactitud cuánto cobra cada provincia” por actividad, debido a nomencladores desactualizados y criterios poco claros. A esto se suman las retenciones automáticas y anticipadas aplicadas por organismos provinciales, que impactan sobre cada transacción digital.
El caso de Santa Fe se volvió paradigmático ya que aplica una alícuota de hasta el 9% a Proveedores de Servicios de Pago, lo que disparó una dura respuesta del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde la empresa rechazaron los cuestionamientos y reiteraron que el nuevo esquema de cargos refleja exclusivamente la presión impositiva local.
Para el sector privado, Ingresos Brutos es un impuesto que se mantiene porque es difícil de entender, fácil de cobrar y políticamente rentable, aun cuando todos reconocen su carácter regresivo y distorsivo.
