El martes pasado, en la Cámara de Diputados, los bloques que integraban la ex alianza Juntos por el Cambio, con el respaldo de La Libertad Avanza, lanzaron una ofensiva para debilitar el modelo sindical vigente y restar poder a los gremios. Esta movida, que se desarrolló en el marco de la comisión de Legislación General presidida por Martín Tetaz, no obtuvo los resultados esperados, ya que los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda abandonaron la sesión, denunciando que se trataba de un “circo”.
Estas y otras medidas formaron parte del DNU 70, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia, y fueron excluidas de la versión original de la reforma laboral incluida en la primera Ley Bases gracias a la intervención de la CGT, que logró eliminar 42 artículos.
Quiénes presentaron las medidas de la reforma laboral
La mayoría de estos proyectos fueron presentados por diputados del PRO, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, es decir, de los bloques que integraban Juntos por el Cambio hasta el año pasado.
Un único proyecto de este conjunto proviene de Unión por la Patria, presentado por Hugo Yasky, que busca reforzar la protección sindical frente a despidos con justa causa de representantes gremiales cuando “se verifique la existencia de peligro para las personas o bienes de la empresa”.
El bloque de Unión por la Patria cuenta con varios diputados de origen sindical, como Hugo Yasky (líder de la CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (jefe de La Bancaria), Vanesa Siley (Sitraju), Mario Manrique (SMATA) y Carlos Cisneros (bancario).
En la comisión también participa Jorge “Loma” Ávila, secretario general del gremio de petroleros privados de Chubut, aunque él se alinea con el bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto.
Más reuniones y proyectos
El próximo martes a las 11 de la mañana está prevista una segunda reunión informativa, donde los autores de las diferentes propuestas podrán exponer sus ideas.
Uno de los proyectos destacados es el presentado por Martín Tetaz, que busca limitar la reelección de los dirigentes sindicales a una sola vez, con la condición de dejar pasar un período antes de poder ser reelegidos. Además de esto, el proyecto apunta a la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los sindicatos, siempre que en las elecciones estas listas minoritarias obtengan al menos el 25% de los votos de los afiliados.
Otro proyecto relevante es el de Verónica Razzini, diputada macrista, que reproduce el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70 y cuenta con el respaldo de varios diputados del PRO. Entre otras medidas, este proyecto elimina las cuotas solidarias obligatorias para los trabajadores, independientemente de si están o no afiliados.
La iniciativa de Razzini también propone limitar la ultraactividad de los convenios colectivos, restringir el derecho a huelga en sectores como educación y transporte, y realizar modificaciones en el régimen del teletrabajo. Uno de los puntos más polémicos de su proyecto es la imposición de severas sanciones contra los bloqueos sindicales a empresas, tal como se contemplaba en el DNU 70.
En la comisión también se debatirá un proyecto impulsado por Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, que propone la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar los fondos sindicales, la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, y la implementación de un cupo femenino del 30% en las conducciones de los gremios.
Por otro lado, María Eugenia Vidal (PRO) presentó un proyecto, acompañado por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, que también exige la presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de los dirigentes sindicales, y limita los mandatos de los secretarios generales a cuatro años con una única reelección.
Otra propuesta interesante es la de Héctor Stefani (PRO), que introduce la “ficha limpia gremial”, impidiendo que trabajadores condenados por delitos ocupen cargos directivos en asociaciones sindicales.
En esta misma línea, Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, presentó un proyecto que establece como requisito para postularse en elecciones sindicales el no haber integrado, en los 24 meses previos, órganos directivos de la AFA, FIFA, CONMEBOL, o clubes de fútbol de Primera División y Primera B Nacional.
Respecto a la transparencia institucional de los sindicatos, Silvana Giudici (PRO) presentó un proyecto que busca garantizar el acceso a la información pública de todos los documentos sindicales y propone que las asociaciones sindicales implementen programas de integridad y transparencia en sus procesos de compras y contrataciones.
En sintonía con esta iniciativa, Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto para que los estatutos sindicales garanticen la transparencia y la prevención de la corrupción, la alternancia en los órganos de dirección, y el establecimiento de un código de ética para los afiliados y miembros de los órganos de conducción.
Finalmente, también se discutirá un proyecto de paridad de género en cargos sindicales presentado por la ex diputada nacional Ingrid Jetter. Sin embargo, según fuentes cercanas a Tetaz, los proyectos con competencia mixta no se tratarán en las próximas reuniones, concentrándose únicamente en aquellos con competencia exclusiva de la comisión de Legislación del Trabajo.
Milei impulsa cambios en la justicia laboral para debilitar al sindicalismo
Mientras la política se concentra en el escándalo de violencia de género y corrupción vinculado al expresidente Alberto Fernández, el Gobierno acelera, sin mucha visibilidad, en su intento de implementar una reforma laboral de gran envergadura, superando incluso lo aprobado en el Congreso a través de la Ley Bases. El primer paso fue alinear a los empresarios más poderosos agrupados en el G-6 y abrir una grieta en la CGT entre los sectores más duros y los dialoguistas. Ahora, el desafío para Javier Milei es avanzar sobre la justicia laboral, un fuero donde todavía prevalece la influencia sindical y el lobby gremial.
En este contexto, Julio Cordero, abogado histórico del Grupo Techint y actual secretario de Trabajo, invitó a jueces laborales como Mario Fera, conocido por declarar inconstitucional el capítulo IV del DNU 70/23, a sumarse a la mesa de Diálogo Social. Este decreto, impulsado por Milei, buscaba modificar la legislación laboral sin un amplio debate legislativo. Además, se incorporó a Manuel Diez Selva, otro juez laboral que ya participó en la primera convocatoria organizada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado e ideólogo del mencionado decreto, que todavía está bajo revisión de la Corte Suprema. Los empresarios, por su parte, han dejado clara su postura en estos encuentros, defendiendo la vigencia del DNU 70/23.
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Daniel Funes de Rioja y Gustavo Weiss junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero
Las conversaciones entre Cordero y diferentes jueces laborales se intensificaron tras recientes fallos de la Corte Suprema que empujaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a revisar sentencias relacionadas con los intereses en los juicios por indemnización. El tema de fondo es la indexación de estos créditos en una economía volátil. Recientemente, los jueces laborales se reunieron de urgencia para intentar consensuar una postura común ante las advertencias de la Corte sobre los intereses "desproporcionados" en ciertos fallos. Las diferencias en el debate anticipan que la discusión jurídica continuará.
Este conflicto interno entre los jueces más tradicionales y los ideologizados destaca la urgencia, en un contexto inflacionario, de redefinir la tasa de interés para los créditos laborales y establecer una capitalización periódica, ya sea por ley o acuerdo judicial. A esto se suma la propuesta de algunos abogados laboralistas de establecer índices alternativos para actualizar las indemnizaciones, lo que ha generado controversia en el ámbito empresarial y sindical.
