Cuatro diputados del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley que incluye protocolos obligatorios de instituciones médicas para prevenir consumo de drogas en el personal de salud, además prohíbe a este a desempeñar sus funciones bajo efectos de estupefacientes, entre otros puntos. La propuesta lleva la firma de los opositores Nibia Reisch, Walter Cervini, Mauricio Viera y Maximiliano Campo.
Si bien ya existían legislaciones que prohibían estos consumo durante la jornada laboral, eran establecidos "en general para todos los ámbitos laborales". Por lo que no se contempla "suficientemente las particularidades del sector salud", afirma el proyecto.
"En los últimos años, Uruguay ha visto crecer la preocupación por situaciones vinculadas al uso indebido de sustancias de acceso hospitalario, particularmente opioides potentes como el fentanilo y fármacos anestésicos", según la propuesta.
En 2023, la pediatra Soledad Barrera sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que murió. Un documento interno del block quirúrgico del Hospital Italiano advertía en marzo de 2024 sobre presuntas irregularidades en el desempeño de la anestesista Inés Miralles y señalaba conductas que el equipo médico consideraba compatibles con un "probable abuso de sustancias" como el fentanilo.
El proyecto presentado por los colorados incluye que "todas las instituciones de salud, públicas y privadas, deberán contar con un Protocolo de Prevención, Detección y Actuación ante Consumo de Sustancias en Personal de Salud, aprobado por el Ministerio de Salud Pública".
"Dicho protocolo deberá incluir mecanismos de prevención, capacitación, detección temprana, actuación ante sospecha fundada, controles toxicológicos, derivación asistencial, suspensión preventiva de tareas críticas, rehabilitación y reintegro supervisado, acorde a lo dispuesto por esta ley", agrega el documento.
La propuesta comprende a "todos los profesionales, técnicos, auxiliares, residentes, practicantes, internos y demás personal de la salud que presten funciones asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, quirúrgicas, anestésicas, farmacéuticas, de emergencia, traslado, laboratorio o cuidado directo de pacientes, tanto en el sector público como privado".
A su vez, prohíbe a estas personas "desempeñar funciones asistenciales bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, psicofármacos, opioides, anestésicos u otras sustancias que alteren su capacidad física, cognitiva, psicomotriz, emocional o decisional, salvo uso terapéutico debidamente indicado que no comprometa la aptitud para el cargo o función".
Entre otros puntos, la propuesta presentada el martes afirma que en caso de presunción de estos casos "la institución deberá disponer su retiro preventivo inmediato", además de "controles toxicológicos aleatorios" en áreas que son definidas como "críticas".
Otros artículos detallan que "el personal comprendido que sea diagnosticado con consumo problemático o dependencia deberá ser derivado a un plan terapéutico individual" y que su reintegro "solo podrá realizarse previa evaluación favorable".
También se crea "un registro reservado" que en caso de aprobarse estará "bajo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública" sobre "situaciones confirmadas de riesgo asistencial por consumo de sustancias, desvío de medicamentos controlados, planes de rehabilitación y restricciones temporales de funciones".
