El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha presentado una nueva denuncia penal tras descubrir que “ casi el 50% de los comedores que recibían asistencia del Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘operaba’ en un country”.
La denuncia se basa en el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y el “fraude a la Administración Pública”. Según la ley, los funcionarios que autorizaban la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad debían supervisar a dónde iban los alimentos, quiénes eran los responsables de los establecimientos y cuántas personas asistían. Sin embargo, esto no sucedió.
Por primera vez, la Subsecretaría Legal de Capital Humano, dirigida por Leila Daniela Gianni, ha dado nombres de comedores “inexistentes”. Algunos de los ejemplos citados en la denuncia son: “Conquistando Sonrisas”; “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Esperanza”; “Los Peques de San Alberto”; “Luz y Esperanza”. Según el documento, estos lugares “no operan como tal”. De hecho, se afirma, “no existían los domicilios declarados como supuestos comedores”. Este es otro ejemplo de la falta de control de la antigua cartera social, que estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz, y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.
El caso emblemático de la denuncia es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”: al intentar verificar su existencia, se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”.
En “Sol de Barrio” no fue posible localizar la dirección, y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica simplemente con un número de expediente, pero incluso tras realizar la inspección ocular se confirmó que tampoco existían.
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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
Los resultados de la auditoría
Las auditorías revelaron que: “De la totalidad de los comedores, sólo se pudo relevar la mitad, el 52,3%”. El restante 47,7% no pudo ser relevado debido a que: el 32% ya no funciona como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero".
Por estas razones, la denuncia sostiene que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte para que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control, bajo pena de permitir que se cometa uno de los peores pecados: que la comida no llegue a los que más la necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
Entre las posibles tipificaciones del delito, el documento cita el “incumplimiento de los deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública”.
El documento consta de 14 páginas. En la cuarta, se sostiene: “Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también) surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales ‘Argentina contra el hambre’”.
Este programa fue anunciado con gran fanfarria por la administración Fernández durante la pandemia del COVID-19, cuando se aseguró: “El Plan Argentina contra el Hambre se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos”.
