La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos extraordinarios presentados por Ángelo Calcaterra y otros cuatro empresarios procesados en la causa Cuadernos de las Coimas, quienes pretendían llegar a la Corte Suprema para evitar el juicio oral que comenzará el 6 de noviembre próximo. Los imputados sostienen que los pagos realizados entre 2013 y 2015 fueron aportes de campaña no declarados al kirchnerismo y no sobornos para obtener contratos públicos.
El planteo de la defensa se había iniciado en septiembre de 2022, cuando el abogado de Calcaterra, Ricardo Rosental, presentó la estrategia ante la secretaría electoral del juzgado de María Servini, la jueza que controla las elecciones presidenciales. En esa instancia, tanto el fiscal Ramiro González como la magistrada admitieron inicialmente la versión de los aportes de campaña, postura que fue duramente cuestionada por la fiscal de juicio Fabiana León, quien consideró "curioso" el alineamiento de ambos funcionarios con los intereses del empresario de la construcción.
Los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone de la Sala I declararon inadmisibles las presentaciones de Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero (ex CEO de IECSA), Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti. El tribunal argumentó que los recursos no cumplían con los requisitos para habilitar la instancia extraordinaria, ya que "la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal".
A los empresarios les queda únicamente la posibilidad de presentar una queja directa ante la Corte Suprema, aunque con menores probabilidades de prosperar que la vía del recurso extraordinario que acaba de ser rechazada.
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Vaivenes jurídicos que marcaron la estrategia de defensa
La hipótesis de los aportes de campaña tuvo inicialmente eco en los tribunales. En junio de 2024, la misma Sala I de Casación, con los votos de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, había sostenido que el caso debía pasar de la Justicia penal a la electoral, donde los imputados solo podrían ser sancionados con una multa económica.
Esa decisión sacó temporalmente a Calcaterra del juicio oral y abrió la puerta para que otros empresarios presentaran planteos similares. Los magistrados habían argumentado que las fechas de entrega del dinero coincidían con las campañas electorales de 2013 y 2015, y que no estaba claro por qué la situación de Calcaterra era distinta de la de otros empresarios como Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, quienes habían sido desvinculados durante la instrucción por el juez Julián Ercolini.
Sin embargo, en noviembre de 2024, la misma Sala I dio marcha atrás por mayoría, luego de que el fiscal Raúl Pleé cuestionara la decisión en un dictamen al que adhirió la Unidad de Información Financiera (UIF). Los jueces Petrone y Barroetaveña resolvieron anular el fallo de junio, argumentando que no había sido tenido en cuenta un elemento clave: las declaraciones de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner, quienes sostuvieron que los empresarios hacían pagos "para beneficiarse de las licitaciones de obra pública".
El juez Carlos Mahiques, en cambio, mantuvo su postura inicial y dijo que la fiscalía no había esgrimido una fundamentación suficiente porque no tenía "un perjuicio concreto" que justificara lo que reclamaba. Esta discrepancia al interior del tribunal evidenció las complejidades jurídicas que rodean la distinción entre aportes de campaña no declarados y pagos de sobornos.
El juicio que se avecina
El debate oral del Tribunal Oral Federal 7 comenzará el 6 de noviembre y se desarrollará todos los jueves de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori presidirán el proceso, mientras que la acusación estará a cargo de la fiscal Fabiana León.
Entre los 160 imputados se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, quien llegará al debate con una condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad. También serán juzgados exfuncionarios kirchneristas como Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, José López y Claudio Uberti, entre otros.
La causa se originó a partir de los registros manuscritos del remisero Oscar Centeno, quien también figura como imputado colaborador y será uno de los testigos clave. El tribunal ya ordenó un peritaje caligráfico sobre el original de los cuadernos que se conservan en su caja fuerte, para lo cual Centeno aportó una muestra de escritura.
La investigación abarca presuntos pagos de coimas realizados entre 2003 y 2015, un esquema que según la acusación permitía a empresarios acceder a licitaciones de obra pública a cambio de sobornos entregados a funcionarios del gobierno kirchnerista. El caso se originó a partir de los detallados registros manuscritos que llevaba Oscar Centeno durante sus recorridos como chofer, anotaciones que fueron reveladas por una investigación periodística del diario La Nación y que dieron nombre a toda la causa.
Entre los empresarios que también serán juzgados figuran Enrique Wagner, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio, representantes de algunas de las principales constructoras del país que habrían participado del esquema de pagos irregulares. La complejidad del caso radica en que involucra tanto a la cúpula del poder político de la época como a los principales actores del sector empresarial vinculado a la obra pública.
La lista de testigos incluye a Hilda Horovitz, expareja de Centeno, quien abrirá la ronda testimonial en lo que se perfila como uno de los juicios por corrupción más importantes de los últimos años en Argentina, con implicancias que trascienden lo meramente judicial para instalarse en el centro del debate político nacional.
