La incapacidad de resolver los conflictos por parte del Gobierno es preocupante. Estos se van sumando y cuando se consulta a las autoridades ministeriales, siempre responden parsimoniosamente que se está dialogando a la búsqueda de un acuerdo, que nunca termina de concretarse.
Sin embargo, mientras tanto, los conflictos se extienden sin solución de continuidad, con grandes dificultades para alcanzar soluciones. Y no se trata de actividades de segundo orden, todo lo contrario, estamos hablando, en este caso, del Puerto de Montevideo, que es la boca de entrada y salida de productos fundamentales para impulsar el comercio y el crecimiento del país.
Se ha informado que en los menos de ocho meses que van de este año ya se ha producido la misma cantidad de días de interrupción de su funcionamiento que en todo el año 2025. Y en lo que va de este Gobierno, en un año y medio, más que se duplicaron los paros portuarios con respecto a los cinco años del Gobierno anterior.
Varios representantes del partido de gobierno han dicho que esta conflictividad se debe al acuerdo firmado por el Gobierno anterior otorgándole la Terminal de Contenedores a Katoen Natie.
Esta excusa no tiene ninguna validez. El Acuerdo mencionado es de febrero de 2021 y, si ese fuera el factor de conflictividad, esta debió haberse disparado durante el período anterior que, además, coincidía con que era el Gobierno que había firmado el Acuerdo. Nada de eso ocurrió, y, por el contrario, como se dijo más arriba, durante aquel período la conflictividad portuaria estuvo muy por debajo de lo que ocurre actualmente.
Entonces, ¿cuál es la causa de esta grave situación? Falta energía, falta decisión, falta capacidad de negociación y, probablemente, falta, también, mayor persistencia en la búsqueda de soluciones.
Se está jugando con fuego. Porque no sólo se interrumpe el flujo de intercambio comercial de exportaciones e importaciones, sino que se genera un grave deterioro de la imagen del país como un país serio y confiable para la captación de inversiones. Y todos sabemos que el mecanismo imprescindible para aumentar el ritmo de crecimiento de nuestra economía es el aumento sustancial de la inversión nacional y extranjera.
Nuestro puerto está sufriendo un notorio deterioro en su imagen que le hace perder competitividad con respecto a otros puertos de la región. Pero a nuestros gobernantes no logran revertir esta situación.
Por otra parte, en medio de estas circunstancias tan graves y reiteradas, surge el debate sobre la declaración de esencialidad referida al Puerto de Montevideo.
Hemos presenciado, entonces, un intercambio de posturas entre representantes del Gobierno manejando unos y descartando otros, la posibilidad de recurrir a una declaración de esencialidad dada la gravedad de la afectación del funcionamiento del Puerto.
Es cierto que la OIT no incluye entre las actividades que pueden declararse esenciales al funcionamiento de los puertos. Pero no menos cierto es que la OIT también señala que, si una actividad se interrumpe de manera continua y reiterada poniendo en riesgo la propia actividad, podría declararse la esencialidad o exigir que se cumplan guardias especiales o servicios que garanticen el funcionamiento.
El efecto de la declaración de esencialidad es generar la obligación de que los trabajadores se reintegren a sus actividades bajo la pena de que, en caso de no hacerlo sean despedidos. Y ese camino abre “puertas” y posibles desenlaces inciertos en su resultado.
Pero lo esencial de la esencialidad es que este recurso extremo se pone arriba de la mesa cuando se ha fracasado en la resolución del conflicto. La esencialidad, más allá de que sea imprescindible usarla, es la señal más fuerte del fracaso de la negociación. Es la búsqueda de “apagar el incendio” porque ya no tienen otros recursos para superarlo.
Y esto significa que el Gobierno no ha logrado cumplir con su función de mediación laboral y de construcción de un entendimiento entre las partes. Es decir que ha fracasado en su cometido de acercar las partes y alcanzar acuerdos bi o tripartitos.
Esta parece ser la situación en el caso que estamos viviendo. Los días pasan y las autoridades no logran “marcar los límites” o encausar la negociación.
En estas horas no sabemos cuál será finalmente el desenlace. Quizás se arribe a un entendimiento, pero lo que ha quedado de manifiesto en este caso y en otros anteriores del actual período de gobierno, es la incapacidad de resolución de conflictos, lo que prende una “luz amarilla” para adelante.
Llevamos menos de dos años y la conflictividad laboral ha alcanzado niveles muy importantes en un contexto social, económico y político que no se caracteriza por graves crisis o confrontación elevada, lo que deja en evidencia aún más el fracaso en esta área gubernamental tan relevante.
Así las cosas, parece imprescindible que el Gobierno evalúe su actuación y revise cómo está manejando la negociación laboral, para mejorar su capacidad, celeridad y autoridad para resolver los conflictos que, como ocurre en cualquier sociedad democrática, siempre están presentes.
De otro modo, seguiremos asistiendo a una conflictividad más elevada que en tiempos anteriores lo que afecta directamente el desempeño de nuestra economía.
