Uruguay se ubicó entre los cinco países emergentes y en desarrollo con mejores prácticas de relacionamiento con los inversores y transparencia financiera, de acuerdo con la edición 2026 del Investor Relations and Debt Transparency Report del Institute of International Finance (IIF). Con un puntaje de 47,38 sobre un máximo de 50, el país ocupó el quinto lugar entre las 57 economías evaluadas y quedó segundo en América Latina, solamente por detrás de Brasil.
El IIF realiza esta evaluación anualmente desde 2005, a partir de una combinación de respuestas proporcionadas por los gobiernos y una investigación propia de la institución. El informe analiza cómo los Estados se relacionan con sus inversores y qué tan clara, completa y accesible es la información económica, fiscal y financiera que ponen a su disposición. Para ello utiliza tres mediciones: una puntuación general sobre 50 puntos, otra específica sobre transparencia de la deuda pública y una tercera sobre divulgación de información ambiental, social y de gobernanza (ESG).
En la clasificación general, Uruguay obtuvo 47,38 puntos sobre 50 y fue superado únicamente por Filipinas (49,25), Turquía (48,29), Brasil (48,25) y Hungría (47,75). Inmediatamente después se ubicaron Indonesia (47,13), México (46,29), Ucrania (45,17) y Colombia (45). El resultado uruguayo quedó además más de diez puntos por encima del promedio de los 57 países analizados, que fue de 37 puntos.
El desempeño de Uruguay resulta particularmente significativo en el contexto latinoamericano. Brasil fue el país de la región mejor clasificado, con 48,25 puntos, seguido por Uruguay con 47,38. Más atrás quedaron México (46,29), Colombia (45), Chile (43,21), Ecuador (42,50), Costa Rica (42,21), Panamá (42,17), Perú (41,46), Paraguay (38,04), Argentina (24,33) y Bolivia (17,83). Uruguay se situó así claramente por encima de la mayoría de los países de América Latina, en una región que además registró un ligero retroceso respecto de 2025.
Uno de los principales pilares del resultado uruguayo es la transparencia de la deuda pública. Uruguay obtuvo 12,1 puntos sobre un máximo de 13, el cuarto mayor resultado de toda la muestra, solamente detrás de Turquía (12,6), Hungría (12,5) y Filipinas (12,3), y por delante de Brasil. En términos simples, el indicador premia a los países que ofrecen información amplia, actualizada y fácil de consultar sobre cuánto deben, a quién, en qué monedas, bajo qué condiciones y cuándo deben afrontar los pagos.
El informe destaca además a Uruguay en una segunda dimensión. El país obtuvo 4 puntos sobre 4 en divulgación de datos y políticas ESG, el máximo posible, resultado que comparte únicamente con Filipinas, Hungría y Chile. Esta evaluación considera, entre otras cuestiones, la información que los gobiernos publican sobre compromisos climáticos y sociales, emisiones de deuda vinculadas a estos objetivos y avances en el cumplimiento de las metas asumidas. El IIF va incluso más allá y presenta a Uruguay como ejemplo internacional de mejor práctica en divulgación de datos y políticas ESG.
El buen resultado actual de Uruguay es producto de un proceso que se extiende en el tiempo. De acuerdo al informe, el país cuenta con un programa formal de relaciones con inversores desde 2009, que fue reforzado en abril de 2011 y funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Forma parte así de los 41 países que actualmente poseen programas institucionalizados de este tipo, frente a apenas ocho cuando el IIF comenzó a realizar la evaluación en 2005.
El análisis detallado muestra que Uruguay alcanza resultados muy altos en casi todos los aspectos evaluados. El país recibe la máxima puntuación, entre otras razones, por contar con un programa formal de relaciones con inversores, mantener canales permanentes de contacto, ofrecer información histórica y prospectiva, realizar reuniones con inversores y publicar materiales destinados al mercado. También obtiene el máximo en la evaluación periódica de su propio programa.
Quedan, de todos modos, algunos márgenes de mejora. Uruguay no alcanza la puntuación máxima en la disponibilidad en inglés de todos los sitios oficiales relevantes, en algunos estándares estadísticos internacionales y en ciertas prácticas de comunicación periódica con los inversores. Son diferencias menores dentro de una evaluación más amplia, pero explican por qué el país queda cerca, aunque todavía por debajo, del máximo de 50 puntos.
El informe denomina “dividendo de la transparencia” al beneficio que puede obtener un país cuando informa de manera clara, previsible y creíble sobre su situación económica y financiera. Según el IIF, esa transparencia ayuda a reducir las dudas de los inversores y puede traducirse, con el tiempo, en una relación más estable con los mercados y mejores condiciones de financiamiento. En palabras del propio informe, una comunicación clara permite reducir “la prima de incertidumbre incorporada en los costos de endeudamiento”.
El instituto introduce, sin embargo, una nota importante: la transparencia no reemplaza a una economía sólida ni puede corregir por sí sola una situación fiscal débil. Lo que hace es permitir que los inversores comprendan mejor tanto las fortalezas como los riesgos de un país. Desde esa perspectiva, el quinto puesto global de Uruguay no constituye una evaluación general de su economía, sino el reconocimiento de una estructura institucional que lo ubica entre los países emergentes mejor preparados para informar, explicar sus políticas y mantener una relación estable con quienes financian al Estado.
