“A veces uno no puede saber quién camina a su lado. Puede ser que el narcotráfico nos este rondando. Puede ser. Y este puede ser un caso”. Esto lo dijo el director del Puerto y dirigente nacionalista Jorge Gandini tras quedar en medio de un caso de lavado de dinero por el que fue condenado un asesor vinculado al Partido Nacional. No le falta razón al exsenador de Por la Patria. Y tampoco parece haber demasiado remedio para esa lamentable compañía ni los políticos parecen muy interesados en evitarla.
La fiscalía de Estupefacientes deberá resolver ahora si abre una nueva investigación para indagar el rol del local de cobranza que pertenece a la esposa de Gandini, según informó Eduardo Preve. Leiva concurría a ese Abitab y a otros para pagar facturas de BPS y DGI de una empresa de construcciones. En una conferencia de prensa a la que convocó el martes 22, Gandini dijo que no tiene nada que ocultar, que no conoce al condenado y se puso a disposición de la Justicia. “Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé”, dijo el dirigente blanco.
Hasta ahora, el episodio no debería sorprender a nadie y la reacción de la clase política no augura que se aprenda nada de él ni que se den pasos, si es posible darlos, para prevenir los vínculos de la droga con el poder.
Lo primero que hicieron los políticos fue sacar la calculadora del bolsillo para cobrar facturas ajenas y caer en la irresistible tentación de llevar agua para el propio molino, aunque venga contaminada.
Es así que el senador del MPP Nicolás Viera desenfundó su celular y escribió en Twitter: “Dónde estás @sergiobotana? No te leo diciendo que el FA protege a los narco y esa sarta de injurias que te gusta decir... El mundo es redondo, no se puede escupir para arriba! Ojalá aprendas y te llames a la reflexión”.
Por la misma senda desfiló su compañero de bancada Aníbal Pereyra. “Los que vienen hace meses instalando las dudas de que este gobierno protege a Narcos ¿dónde están hoy? cuando el responsable de lavar el dinero es dirigente de su Partido; con la seguridad y la convivencia de la gente no se juega, les cayó el escupitajo en el medio de la cabeza”.
Este festival del salivazo viene a cuento porque semanas atrás el senador nacionalista Sergio Botana había dicho que el Frente Amplio “en todas sus decisiones está influido por las posiciones que al narcotráfico le sirven” y lanzó al ruedo la fuga de Rocco Morabito, y los casos de Gonzalez Valencia y de Marcelo Balcedo, entre otros.
La mesa quedó servida para la venganza con la reciente condena del asesor nacionalista y el aire se llenó de pirotecnia ante un asunto mayor que se viene cocinando desde hace tiempo, desde que el narcotráfico pasó a ser un problema para todos los uruguayos. Ya en 2008, el entonces director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, el fallecido Julio Guarteche, había advertido sobre “el acercamiento de narcos y contrabandistas” a la actividad política con el objetivo de lograr impunidad. El sistema político reaccionó mayormente indignado y, las vueltas de la vida, Gandini lo convocó al Parlamento para que diera explicaciones. Guarteche no tenía pruebas pero tampoco dudas.
Lo que se viene
Con el avance del narcotráfico, los partidos trataron de curarse en aparente salud aprobando normas para, por ejemplo, obligar a bancarizar una porción de los aportes que reciben de empresas privadas para solventar sus campañas políticas y otorgarle más espacios gratuitos en los medios de comunicación.
Por estas horas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se mostró prudente y, ante el reciente fallo de la Justicia, reaccionó con una sensatez que le faltó a buena parte de sus colegas. “Es un caso y hay que estudiarlo, y yo jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico. Es fácil pisar y hacer una declaración estruendosa, lo que es complejo es resolver el tema. El tema este no se resuelve con una declaración pública, se resuelve con trabajo parlamentario, con trabajo en la Junta Departamental, con trabajo en la dirección política del Frente Amplio para intentar alcanzar acuerdos con los demás partidos que permitan blindar a la política de estas bandas que tienden a corromper los sistemas políticos”, expresó en TV Ciudad.
Ese blindaje no es sencillo. Según dijo Pereira, el Frente Amplio propone, por ejemplo, que el financiamiento sea “netamente público, de forma tal que los actores privados no puedan ejercer lobby ni financiarnos de dinero que no sabemos de dónde puede surgir”.
Pero esa medida no necesariamente salva a los partidos de la influencia de un narcotráfico que ha mostrado las más inteligentes estrategias para inmiscuirse en donde se le ocurra y, además, obligaría a un Estado ya exhausto a hacerse cargo de toda la propaganda electoral de aquellos que quieren llegar al gobierno.
Por ahora, más allá de la decisión del edil González de desvincular a su asesor condenado y de las metáforas salivales de los senadores frenteamplistas, poca cosa de fondo se ha discutido.
¿Para qué está la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)? ¿Cómo vigila la Corte Electoral el financiamiento de los partidos? ¿Qué puede aportar el Tribunal de Cuentas? Organismos que no tienen la plata ni el personal necesario para cumplir sus cometidos.
Por otra parte, la Junta Anticorrupción (Jutep) –que entre otras cosas revisa las declaraciones juradas de los gobernantes- se ha mostrado ineficaz y politizada en asuntos mucho menos relevantes que el vínculo entre la droga y la política. “Toda la normativa antilavado que tenemos respecto a los partidos políticos es una expresión de deseo. Somos conscientes de que no podemos controlar. Entonces, si no vamos por ahí no vamos a arreglar”, dijo el asesor de la Senaclaft Daniel Espinosa a La Diaria Radio.
Es probable que ante un enemigo tan poderoso como el narcotráfico no haya leyes ni controles capaces de evitar que la plata sucia haga su trabajo. O tal vez no existan ganas de instrumentarlas. Y todo dependa del escudo ético personal y del ojo avizor de los propios políticos para intuir quiénes caminan a su lado y salvarse así de las malas compañías.
