Desde que asumimos nuestra responsabilidad en el Directorio del INAU, las dificultades del sistema de adopciones han sido una de nuestras preocupaciones. Genera preocupación principalmente desde el interés superior de los niños que necesitan una respuesta oportuna sobre el futuro familiar. Y genera preocupación por las familias que desean adoptar.
Con ese propósito venimos trabajando con nuestro equipo en una propuesta de reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia que busca transformar en garantías concretas un derecho que nuestra legislación reconoce desde hace décadas: el derecho de todo niño a crecer y desarrollarse en una familia. Sin embargo, bajo esa consigna que todos compartimos aparecen otras realidades.
Para un adulto, seis meses pueden ser apenas un período de espera. Pero para un bebé representan una parte sustancial de su vida. Es tiempo en el que aprende a reconocer rostros, voces y afectos; en el que comienza a construir la confianza que necesita para descubrir el mundo. Es tiempo en el que se forman vínculos fundamentales para su desarrollo.
Sin embargo, cuando un niño ingresa al sistema de protección del Estado, ese tiempo comienza a medirse de otra manera. Aparecen los plazos administrativos, las evaluaciones técnicas, las búsquedas familiares y los procedimientos judiciales. Cada instancia puede tener una justificación legítima. El problema surge cuando la suma de todas ellas termina consumiendo meses o años de una infancia que no puede ponerse en pausa.
Propuestas coincidentes
Desde nuestra perspectiva, el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Adopciones de la INDDHH presenta importantes coincidencias con el diagnóstico que venimos realizando desde el inicio de nuestra gestión. Compartimos especialmente la preocupación por las dificultades en la interpretación del concepto de vínculo afectivo significativo, que no puede reducirse al parentesco biológico, sino que debe contemplar los vínculos reales de cuidado, afecto y estabilidad construidos por el niño.
Se trata de una coincidencia sustantiva con una de las preocupaciones que orientan nuestra propuesta. La historia concreta del niño, su edad, el tiempo transcurrido, sus vínculos y su propia opinión, expresada de acuerdo con su desarrollo, deben ocupar un lugar central. No se trata de desconocer los derechos de la familia de origen ni de establecer soluciones automáticas, sino de evitar que una interpretación meramente formal del parentesco desconozca la realidad afectiva del niño.
Otro aspecto en el que encontramos coincidencias relevantes con el diagnóstico del informe de la INDDHH es el de la evaluación de idoneidad de quienes aspiran a adoptar, fortaleciendo su transparencia, los fundamentos técnicos de las decisiones y las garantías de quienes aspiran a adoptar. Nuestra propuesta plantea que exista una vía de revisión ante la Justicia de Familia, de modo que el cuestionamiento de una decisión no quede limitado al ámbito administrativo, sino que pueda recibir un examen judicial especializado, con las garantías correspondientes. En esa misma línea, proponemos acortar los plazos ordinarios de evaluación, estableciendo un máximo de nueve meses, con una eventual prórroga fundada de hasta tres. De esta forma, salvaguardando las debidas garantías podemos evitar demoras innecesarias en un proceso cuya finalidad última es responder a las necesidades de los niños.
Pero para completar estos cambios entendemos que además del terreno normativo debemos atender las capacidades materiales necesarias para implementarlos. Una reforma que establezca plazos más exigentes, mejores evaluaciones, mayor seguimiento y decisiones judiciales oportunas requiere poner de manifiesto dificultades vinculadas con la capacidad de respuesta de los equipos de INAU que intervienen en las distintas etapas del proceso.
Para nosotros, esta necesidad de fortalecimiento no es nueva. Por esa razón, también corresponde discutir las prioridades presupuestales. Desde nuestra perspectiva, la administración debió otorgar mayor prioridad al fortalecimiento del área de Adopciones, tanto en la discusión del presupuesto quinquenal, como en la reciente instancia de Rendición de Cuentas.
Es legítimo que existan prioridades diferentes. Pero también es legítimo señalar que, cuando conocemos los problemas de funcionamiento de un servicio y la insuficiencia de sus recursos humanos, postergar su fortalecimiento trae consecuencias.
Propuestas disidentes
Un aspecto medular que nuestra propuesta pretende abordar es el orden de prelación que establece el CNA y que rige el criterio que debe utilizar el Juez. Entendemos que la prioridad debe ser la permanencia en la familia de origen, siempre que existan condiciones adecuadas de cuidado. Pero cuando lamentablemente esa posibilidad haya sido descartada con las debidas garantías, debe privilegiarse una integración familiar estable y definitiva, antes que otras modalidades transitorias de acogimiento y, en última instancia, el cuidado residencial. En ese sentido, compartimos el criterio general establecido en el CNA, pero proponemos introducir una modificación sustantiva. Esto es, que ese orden no opere como un orden rígido, sino como un criterio orientador que permita al Juez, mediante una decisión debidamente fundada, contemplar las particularidades de cada situación y adoptar la alternativa que mejor proteja los derechos del niño.
Este planteamiento constituye una diferencia medular respecto al reciente informe de la INDDHH, que propone anteponer el acogimiento familiar a la integración con familias del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA). Nosotros entendemos que esa modificación podría prolongar situaciones transitorias cuando existen posibilidades de ofrecer una integración familiar estable. A su vez, creemos que la complejidad y diversidad de las situaciones familiares exige preservar un margen de valoración judicial, con criterios claros y garantías suficientes, antes que imponer soluciones uniformes. Precisamente por la trascendencia de estas diferencias, entendemos que merece alcanzar un debate amplio, con el interés superior del niño como principio rector.
Armonizar y legislar
Nuestro anteproyecto busca avanzar en una dirección complementaria al Informe del grupo convocado por la INDDHH. Procuramos abordar problemas que conocemos desde hace tiempo a través de respuestas normativas que otorgue garantías, plazos y responsabilidades concretas, con un necesario debate legislativo. Entre sus propuestas se encuentran límites a la institucionalización temprana, una planificación explícita del futuro familiar de cada niño, mayor claridad sobre los vínculos significativos, garantías en las evaluaciones de idoneidad y un impulso más oportuno de los procesos judiciales.
Sabemos que ninguna reforma, por sí sola, resolverá todas las dificultades. También sabemos que los acuerdos legislativos deberán acompañarse de recursos y de una gestión capaz de hacerlos efectivos. Pero el reconocimiento de esas dificultades no puede convertirse en una razón para postergar los cambios.
