La investigación en curso contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género enfrenta un obstáculo, ya que la Justicia no podrá acceder a las grabaciones de la Quinta de Olivos durante su mandato, como se había solicitado recientemente.
Fuentes familiarizadas con el funcionamiento de la residencia oficial indicaron que no existen registros fílmicos del período 2021-2023, lapso en el cual se acusa a Fernández de haber agredido a su pareja, Fabiola Yañez, debido a problemas técnicos.
Según las mismas fuentes, las cámaras de seguridad de Olivos tenían un almacenamiento máximo de 35 días, tras lo cual los archivos eran sobreescritos. Además, un ex empleado del gobierno anterior señaló que la calidad de las imágenes almacenadas era “de media a alta”, lo que podría haber reducido aún más el tiempo de conservación. También explicó que los domos de seguridad de Olivos giraban 360°, excepto los ubicados en la entrada del chalet presidencial, que solo cubrían 180° y no registraban el ingreso a la residencia.
Respecto a la documentación adicional solicitada por la fiscalía, fuentes oficiales informaron que responderán con la mayor celeridad posible, aunque el proceso podría tardar algunos días. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que los documentos requeridos en los “dos oficios” enviados por la fiscalía federal de Ramiro González “van a ser aportados” y que las consultas pertinentes “se han derivado a las áreas correspondientes”.
La semana pasada, el fiscal a cargo de la causa imputó formalmente al ex presidente Alberto Fernández por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”, basándose en los golpes que, según relató, sufrió Fabiola Yáñez. En ese contexto, el fiscal Ramiro González ordenó alrededor de 30 medidas de prueba, entre las cuales se incluyen los testimonios del ex médico presidencial Federico Saavedra, la ex secretaria María Cantero, el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, y Sofía Pacchi, amiga de la ex primera dama.
González también solicitó en su escrito los videos de los últimos dos años de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, especialmente los del chalet principal y la casa de huéspedes, donde Yáñez aseguró haber vivido durante el último año del gobierno, tras la separación de hecho con Fernández. Sin embargo, estas imágenes ya no estarían disponibles. Además, el fiscal pidió que se preservaran los registros de video de los últimos cuatro años.
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Entre las pruebas que la fiscalía buscaba obtener estaban los videos de las cámaras de seguridad interna que cubren la zona del chalet presidencial y la casa de huéspedes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021, así como los de julio de 2023. También solicitó la conservación de los registros desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, pero según lo informado, estos archivos ya no existen.
Además, se requirió la nómina del personal doméstico que trabajaba en el chalet y en la casa de huéspedes entre 2021 y 2023, incluyendo a los empleados de limpieza, cocina y mozos. La fiscalía también pidió al Gobierno que indicara los horarios en los que dicho personal cumplía funciones, con el objetivo de citarlos en el futuro.
El fiscal Ramiro González también solicitó registros específicos de ingreso del médico Federico Saavedra, así como de cualquier otro profesional de la Unidad Médica Presidencial entre 2021 y 2023. Además, requirió a dicha Unidad “todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023”. Por otro lado, pidió al Sanatorio Otamendi, a la clínica SANAR y a la Clínica Fertilis la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.
González extendió sus requerimientos al Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), liderado por Facundo Manes, solicitando también la historia clínica de Yáñez para los años 2016 y 2017, además de los nombres de los profesionales que la atendieron en ese período.
Otra de las medidas incluyó un pedido a la Casa Militar para obtener información sobre el personal que acompañó a Yáñez durante un viaje realizado en julio de 2021 a Misiones.
En esta misma lista de medidas, el fiscal había solicitado al juez Julián Ercolini que se realizara una inspección en la Quinta de Olivos. Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud, considerando que, por el momento, no es necesaria, dado que los hechos podrían reconstruirse por otros medios.
