El Gobierno busca sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre y no insistirá con las derogaciones
Javier Milei bajó la orden de solucionar las diferencias con la oposición. Todo está listo para sesionar el 29 o 30 de diciembre si el Senado da media sanción.
La Libertad Avanza (LLA) necesita una victoria legislativa cuanto antes para ordenar el tablero político y recuperar iniciativa después de una semana en la que el Capítulo 11 concentró la polémica. En Balcarce 50 admiten que el costo de sostener una postura maximalista —sobre todo en temas sensibles como discapacidad y universidades— terminó complicando la negociación con los bloques dialoguistas, que son los mismos que el oficialismo necesita para que la “ley de leyes” salga del Senado con un margen de seguridad.
El Gobierno cede en el Senado para sancionar el Presupuesto 2026
En esa mesa, el Gobierno decidió bajar un cambio. La instrucción que circuló en las últimas horas entre los negociadores fue clara: no volver a empujar una derogación explícita de ambas normas, sino encauzar la discusión dentro del propio articulado presupuestario. “Se va a hacer el esfuerzo económico y va a seguir siendo un Presupuesto con superávit”, sintetizó una fuente gubernamental al tanto de las conversaciones, que remarcó que el objetivo político es cerrar el año con una sanción que permita ordenar la gestión 2026 sin abrir un frente de conflicto social innecesario.
La idea, según reconstruyen en el oficialismo, es que el Presupuesto contenga “la ingeniería” para compatibilizar esas leyes con el objetivo fiscal. Traducido: mecanismos de implementación, reasignaciones, topes y criterios de ejecución que, sin tocar formalmente la vigencia de las normas, acoten su impacto presupuestario y le den al Ejecutivo margen para administrar. En la Casa Rosada lo leen como un gesto hacia la oposición: se concede en la forma —no insistir con una derogación— para sostener el fondo —equilibrio y superávit— y, sobre todo, garantizar el poroteo en la Cámara Alta.
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El Gobierno busca sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre y no insistirá con las derogaciones.
Diputados se prepara para sesionar, llegado el caso, los últimos días de diciembre
Esa estrategia está estrechamente conectada con el cambio “180°” que se anticipa para el Capítulo 11, el núcleo de artículos más polémicos que en Diputados funcionó como un campo de batalla. En el Senado, dicen, el abordaje será quirúrgico: corregir redacciones, ordenar artículos y seleccionar peleas. No es un dato menor. En LLA asumen que repetir la lógica de “todo o nada” puede terminar en un nuevo traspié legislativo, algo que el Gobierno quiere evitar en un cierre de año cargado de señales a inversores y al mercado doméstico.
En ese operativo se volvió central el Ministerio del Interior. Cerca de Diego Santilli sostienen que, dentro de los otros capítulos del Presupuesto, ya están hechas las correcciones necesarias para no tener que avanzar con derogaciones y permitir una aprobación “sin mayores problemas”. El mensaje es doble: hacia afuera, mostrar flexibilidad y capacidad de negociación; hacia adentro, ordenar la cadena de mando y concentrar el control político del trámite parlamentario, que para el oficialismo es hoy tan importante como la ejecución económica del plan.
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El Gobierno busca sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre y no insistirá con las derogaciones.
Javier Milei quiere una victoria en el Congreso a fin de año
El Gobierno también mira el calendario como un activo político. En paralelo, la Casa Rosada le avisó al titular de Diputados, Martín Menem, que podría ser necesario convocar una sesión entre el 29 y 30 de diciembre para darle la sanción definitiva al Presupuesto 2026. El riojano, según cuentan en el oficialismo, ya hizo “todas las labores” correspondientes: contactos con jefes de bloque, conversaciones con aliados y un mapeo fino de asistencias para evitar sorpresas de último momento en una fecha compleja, con muchos legisladores ya fuera de Buenos Aires.
Ese posible “regreso” del proyecto a Diputados, lejos de ser visto como un problema, es leído como el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar para blindar el resultado final. La lógica es pragmática: si el Senado introduce cambios —por mínimos que sean—, el texto debe volver a la Cámara baja. Y ahí el oficialismo quiere llegar con una estrategia distinta, una mayoría más armada y, sobre todo, con los conflictos más sensibles ya desactivados.
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El Gobierno busca sancionar el Presupuesto 2026 en diciembre y no insistirá con las derogaciones.
En LLA explican que el giro sobre discapacidad y universidades cumple ese rol: sacar del centro de la escena dos temas socialmente inflamables para evitar que la negociación del Presupuesto quede rehén de consignas difíciles de administrar. Nadie en el Gobierno desconoce que el financiamiento universitario y la política de discapacidad son asuntos con alta sensibilidad pública y fuerte capacidad de movilización. Por eso, el nuevo enfoque apunta a que la disputa pase por el texto técnico del Presupuesto —donde el Ejecutivo se siente más cómodo— y no por una discusión política binaria sobre “derogar o no derogar”.
Por eso la prioridad es una sola: ganar. Ganar con un Presupuesto que preserve el superávit, pero que a la vez sea políticamente defendible. Ganar aunque implique ceder en la forma y ajustar el discurso. Ganar, incluso, si hay que volver a Diputados en plena semana de fiestas. “Necesitamos cerrar esto”, repiten cerca de los negociadores, como si el trámite legislativo fuese también un capítulo de gobernabilidad.
La apuesta final se resume en una ecuación: menos épica, más aritmética. La Casa Rosada entiende que el Senado no es Diputados y que el Capítulo 11 no puede administrarse con la misma lógica confrontativa. Si el cambio funciona, el Gobierno podrá exhibir el Presupuesto 2026 como prueba de control político y disciplina fiscal. Si no, el riesgo es entrar en enero con el Congreso empantanado y la iniciativa licuada, un escenario que en LLA consideran inaceptable.
