El Gobierno, bajo la dirección del presidente Javier Milei, llevará a cabo la implementación de una declaración de "emergencia laboral" con el objetivo de fomentar la generación de empleo registrado. Esta propuesta, que podría tomar la forma de un paquete de leyes enviadas al Congreso o mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), contempla medidas fundamentales para impulsar la actividad laboral de manera eficiente y responsable.
La normativa de emergencia laboral, actualmente en fase de análisis incorporará disposiciones clave. Entre ellas, destacan la instauración de un seguro de despido, la eliminación de multas a empresas y la reducción de aportes patronales.
Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el entorno laboral mediante la supresión de sanciones e indemnizaciones asociadas a la incorrecta registración de empleados. Además, contempla la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses, así como la disminución de aportes y contribuciones patronales para impulsar la contratación formal.
El proyecto también propone la implementación de un régimen voluntario, a través de acuerdos entre empresas y sindicatos, para establecer un sistema de seguro por despido o un fondo de desempleo mediante convenios colectivos. Este enfoque innovador permitiría la creación de cuentas individuales, donde los trabajadores acumularían fondos destinados a futuros despidos o jubilaciones.
Según fuentes extraoficiales, la finalidad primordial de estas medidas es facilitar la creación de empleo registrado, brindando a las empresas opciones voluntarias de cobertura en casos de despidos. Asimismo, se destaca que la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará mediando en las paritarias, aceptando los acuerdos entre las partes y siendo el organismo encargado de convocar al Consejo del Salario, aunque aún no se ha establecido una fecha para su reunión.
