El Gobierno entra en el último tramo de su primer año de gestión con la obligación de afrontar una serie de desafíos que aún tienen pronóstico incierto. El devenir de la inflación, el control del tipo de cambio, la agenda parlamentaria y la relación con el FMI están en el bolillero y del resultado de cada uno de estos puntos dependerá el balance del 2024.
El segundo semestre ya está acá. Guillermo Francos los inauguró en persona con una reunión con los bloques dialoguistas del Congreso. El tema central fue la reforma electoral, pero el hombre fuerte del Gobierno de Javier Milei recibió cuestionamientos tanto sobre la demora en la reglamentación de la ley bases como del pacto fiscal.
La agenda del Congreso no está clara. Por lo menos para los bloques aliados. La tensión interna en el PRO, el destrato al titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, y las dudas de algunos sectores del radicalismo hacen que el camino se presente por ahora con más dudas que certezas.
El gobierno busca definir su agenda en el Congreso
El Gobierno tiene un abanico de posibilidades que baraja al son de las encuestas de opinión pública. El paquete de leyes de seguridad que implica la regularización de la tenencia de armas así como la baja de edad de imputabilidad y la norma que establece la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia antes determinados delitos parecen ser la prioridad.
En el panorama también aparece la reforma electoral. Un paquete de normas a negociar, pero que incluyen la boleta única de papel para las elecciones nacional y la eliminación de las PASO. En el combo también ingresa la discusión por el financiamiento de la política y los proyectos de la denominada “ficha limpia”.
Cada una de las normas que modifican la ley electoral requieren de una mayoría absoluta de ambas cámaras. Esto quiere decir que en caso de avanzar el oficialismo necesita 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara baja. No le alcanza con la mitad de los presentes a la hora de votar.
Por ahora, lo único que cuenta con fecha cierta para comenzar a debatirse en el Congreso son los proyectos de “ficha limpia”. Comenzarán a tratarse la primera semana de agosto en las Comisiones de Diputados.
Los conflictos laborales marcarán el clima del segundo semestre
Un día antes de comenzar el diálogo con los diputados dialoguistas, el Gobierno decidió abrirle la puerta públicamente a la CGT. Más allá del contacto permanente de algunos funcionarios con popes sindicales, ambas partes decidieron sacar su relación de la clandestinidad. En ese marco, se comenzará a definir el tenor de los conflictos laborales durante el último tramo del año.
La CGT busca por medio del diálogo morigerar el impacto de la reforma laboral y del paquete fiscal en la realidad de los sindicatos y de los trabajadores. Los puntos que limitan el derecho a huelga y el nuevo piso de Ganancias están en discusión.
El Gobierno estudia las posibilidades, pero no cede en su intención de modificar la ley de asociaciones sindicales para limitar los mandatos de los secretarios Generales y fortalecer la fiscalización de los actos electorales dentro de los gremios.
La CGT ofrece paz social a cambio de frenar la embestida contra el trabajo formal. Los sindicatos combativos aseguran que la central obrera no está en condiciones de ofrecer garantías.
En ese marco, la Federación de Aceiteros tiene la intención de comenzar a marcar la cancha desde la semana que viene con la resolución que surja de un plenario que se llevará a cabo en Santa Fe.
Con una lógica también alejada de la intención de garantizar la paz social se mueven bancarios, camioneros y metalúrgicos. La crisis golpea sobre todo a los gremios industriales que comienzan a diseñar en soledad planes de lucha lejos de la mesa de diálogo que tiene la cúpula de la CGT.
La economía en el centro, inflación y tipo de cambio
El Gobierno no logra llevar tranquilidad a los mercados. Los dólares financieros singuen inestables y dólar blue se mueve bajo la lógica de la volatilidad. En ese marco, los productores siguen sin liquidar y las reservas en el Banco Central no aumentan.
Para llevar algo de tranquilidad el Gobierno envío al Congreso de la Nación un informe previo a la presentación del presupuesto 2025 para alejar los fantasmas de una devaluación. Casi al mismo tiempo el ministro de Economía aseguró que estaba en tratativas con el Fondo Monetario Internacional para redefinir los términos del acuerdo con Argentina. Ninguna de esas balas fue efectiva. Los fantasmas de la devaluación no se terminan de disipar y el FMI desmintió un diálogo en ese sentido con la Argentina.
En ese marco, las principales consultoras no se animan a señalar que la caída de la economía haya encontrado su piso. Los números de junio no fueron buenos ni para la industria ni para el consumo. La recaudación sigue cayendo en términos constantes y pese a eso la inflación no perfora el 4% mensual.
Desde dos de las principales consultoras económicas en la que suelen abrevar las grandes empresas explican que el bajo nivel de compras de divisas en junio, que terminó con un saldo negativo, y el acotado inicio de julio generan inquietud de cara al segundo semestre del año. En ese marco anuncian que los pagos de deuda provocarán una disminución significativa en las reservas netas.
En los primeros días de julio el Gobierno realizó un pagó vencimientos de deuda con los tenedores de bonos que impactó fuertemente en las reservas del Banco Central, que cayeron más de U$S1.600 millones.
El Ejecutivo canceló también U$S2.600 millones a los tenedores de bonos AL30 y GD30, los de mayor liquidez de la deuda soberana argentina y también los de mayor ponderación en la medición del riesgo país.
Así las cosas, el segundo también aparece como un desafío para el Gobierno en términos de acumulación de reservan en el Banco Central. Julio terminará con un nuevo pago al FMI por U$S640 millones con el Fondo Monetario Internacional y sin atisbos de que ingresen dólares genuinos a la Argentina, por los menos desde el sector agropecuario.
