El requerimiento judicial estuvo a cargo del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y fue enviado a Petri, al jefe de la Armada, Carlos María Allievi, y al titular de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo. La decisión quedó plasmada en la Resolución 2025/72 del Ministerio de Defensa.
Entre los militares dados de baja se encuentran el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.
El Ministerio de Defensa de la Nación informó la baja de 23 militares por tener sentencia firme sobre crímenes de lesa humanidad. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, a través de redes sociales, el organismo aclaró que no se trata de una “decisión unilateral”, sino de un pedido del Poder Judicial.
“Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto del personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes”, aclaró la cartera que conduce Luis Petri.
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El pedido de baja fue realizado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. En el documento, enviado tanto a Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo, el fiscal solicitó que “se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”.
La PIA recordó que dispuso “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada”, y que las condenas se encuentran firmes, ya “agotadas todas las instancias recursivas”.
Además, en el escrito el fiscal le recordó a Petri que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.
Los militares dados de baja son Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá, Federico Antonio Minicucci, Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna.
También Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
