La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR y la CC obtuvo dictamen para declarar a la educación servicios esencial.
Buscan limitar el derecho a huelga de los docenes
Mientras todas las miradas estaban puestas en el Senado y en el tratamiento de la ley bases, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación y, por lo tanto, limita el derecho a huelga de los docentes.
El texto que lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Desde Unión por la Patria en principio cuestionario la mecánica legislativa que le doy un rápido tratamiento al tema y, en su sentido similar, la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Pla, planteó que se trataba de una venganza del Gobierno por haber avanzado en la discusión sobre la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Más allá de las chicanas y los cruces que marcaron el pulso de la reunión de Comisión, el oficialismo obtuvo despacho de mayoría y dejó al texto que limita el derecho a huelga de los docentes en condiciones de ser tratado en el recinto la próxima semana.
El argumento elegido por los oficialistas y sus aliados es que “El 90% de la pérdida de días de clases son motivadas por razones sindicales”.
Hugo Yasky, diputado por Unión por la Patria e histórico dirigente de la CTA, se opuso se opuso al proyecto. “Le exigimos título universitario a los docentes y le pagamos como un trabajador de la categoría más baja de la construcción. Respetemos lo que es ser docente y alumno de la escuela pública”, sentenció.
Ante la decisión política del Gobierno de avanzar con la declaración de la educación como servicio esencial, desde Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), advirtió sobre medidas gremiales que se llevarán a cabo para frenar el cambio de la normativa.
“La educación es un derecho no un «servicio». Calificación ligada a lógicas del mercado reñidas con el derecho social e individual que consagra la Ley 26206 que pretenden modificar. CTERA expresa su rechazo a esta iniciativa y llevará adelante las medidas gremiales y legales que sean necesarias en defensa del derecho social a la educación, del trabajo docente y de la defensa de más y mejor educación”, aseveró la central sindical mediante un comunicado difundido este viernes por la tarde.
Más allá la postura de Unión por la Patria y de los gremios en el bloque del oficialismo dan por descontado que el proyecto llegará al recinto en la próxima sesión.
El texto establecer que “el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular”.
En ese marco, el texto plante para cumplir con los requisitos que impone que se debe establecer un "Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias que La apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días que se hayan establecido en el calendario lectivo”.
Además, dispone que “Cuando las medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el mismo ciclo lectivo escolar y fuese: 1) Entre uno (1) a dos (2) días continuos o discontinuos se deberá contemplar un porcentaje mínimo de TREINTA POR CIENTO (30%); 2) a partir de los tres (3) días continuos o discontinuos se deberá contemplar un CINCUENTA POR CIENTO (50%), de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, garantizando el cuidado de los niñas, niños y adolescentes así como las clases y actividades pedagógicas de manera normal”.
El texto que ya están en condiciones de ser tratado en Diputados también señala que las medidas de fuerza no pueden tener como resultado una menor cantidad de días de clases a lo previsto en el inicio del ciclo lectivo.