El Gobierno de Javier Milei consiguió una victoria legislativa en el Senado al aprobar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que acelera los desalojos de ocupaciones ilegales y endurece los límites para las expropiaciones. Sin embargo, el oficialismo debió resignar dos capítulos del proyecto original para reunir la mayoría necesaria.
Primero cayó la reforma a la Ley de Tierras Rurales, eliminada antes del inicio del debate ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas. Y durante la sesión también quedó afuera la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, otro de los puntos que generaba fuertes diferencias incluso entre aliados habituales de La Libertad Avanza.
La ley fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la mayor parte de la UCR y legisladores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas.
Qué cambia la nueva ley
El eje central de la norma apunta a reforzar la protección de la propiedad privada mediante dos cambios principales:
- Los desalojos por ocupaciones ilegales pasarán a tramitar por la vía sumarísima, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales.
- Se endurecen las condiciones para avanzar con expropiaciones por parte del Estado, en línea con la política del Gobierno de fortalecer el derecho de propiedad.
Desde el oficialismo sostienen que la legislación busca dar previsibilidad a propietarios e inversores y terminar con procesos judiciales que, según afirman, terminaban castigando a quienes sufrían usurpaciones.
La derrota del Gobierno: Manejo del Fuego
La principal concesión de la Casa Rosada fue retirar el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
La normativa vigente, sancionada en 2020, impide cambiar durante 60 años el destino de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en tierras agropecuarias.
El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que fueron víctimas de incendios. Sin embargo, la iniciativa no consiguió respaldo suficiente entre senadores dialoguistas y terminó siendo eliminada del texto.
Entre quienes rechazaron ese cambio hubo legisladores de la UCR, del PRO provincial y bloques federales que, pese a acompañar el proyecto general, marcaron diferencias sobre ese punto.
Un debate cargado de acusaciones
El tratamiento dejó uno de los cruces más duros de las últimas semanas en la Cámara alta.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, calificó la iniciativa como "un asco" y sostuvo que la reforma de las expropiaciones es "inconstitucional de cabo a rabo". Según el senador formoseño, la norma busca impedir que futuros gobiernos recuperen activos estatales privatizados.
Desde el oficialismo, en cambio, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió el proyecto al asegurar que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados por el Estado" y sostuvo que la ley terminará con las usurpaciones y dará mayores garantías a los propietarios.
También hubo reparos desde sectores dialoguistas. El radical Maximiliano Abad respaldó la defensa de la propiedad privada, pero advirtió que las inversiones no llegarán únicamente por modificar una ley, sino con estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas y reglas permanentes.
Un triunfo con costo político
La sanción representa una nueva victoria parlamentaria para el Gobierno, aunque también deja en evidencia que La Libertad Avanza continúa dependiendo de negociaciones permanentes con bloques dialoguistas para aprobar reformas estructurales.
La necesidad de retirar primero el capítulo sobre tierras rurales y luego el de Manejo del Fuego mostró los límites del oficialismo en el Senado y confirmó que, aun con mayoría circunstancial, deberá seguir negociando proyecto por proyecto.
