Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión del Senado, pasó a firma el acuerdo con dos holdouts, con el objetivo de darle media sanción el próximo jueves 28. La idea del oficialismo es llegar a un acuerdo entre Argentina y los fondos buitre estadounidense: Attestor Value Master Fund Lp y Bainbridge, que implicará un pago total de 171 millones de dólares.
El Congreso ahora tiene como límite el 30 de junio para sancionar estas negociaciones. Esto surgió con el default del 2001, luego el país perdió ambos juicios y sus respectivas sentencias quedaron firmes en 2020. Son los dos mas grandes que tienen el país y ponen en juego 171 millones de dólares.
La oposición valoró que en esta jornada se presentaran el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro de la Nación Argentina, Juan Ignacio Stampalija. Ellos explicaron los criterios de los procesos judiciales y comentaron que hay todavía bonos de otros acreedores pendientes, pero son casos judiciales mas chicos y de otros grupos de acreedores.
Acuerdo con holdouts: cómo fue el plenario en el Senado
La idea era que estos acuerdos entraran al recinto la semana pasada, pero finalmente volvieron a comisión. Se rubricó a las comisiones que lideran el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el titular del bloque PRO, Martín Goerling (Economía Nacional) para hoy a las 16.
Amerio explicó que hubo un error y, por ende, debía volver a ser dictaminado. El fondo Attestor informó tarde que uno de los bonos (que se debía entregar por el pago y finalizar el litigio) no estaba más en su poder, lo que lógicamente obligaba a readecuar las negociaciones.
El oficialismo confía en conseguir el dictamen con la mayor cantidad de firmas. El peronismo, a su turno, estará hasta este miércoles debatiendo cuál será su dictamen final. El senador por Chaco Jorge Capitanich había llegado al plenario con uno de minoría mayormente de rechazo; sin embargo, los funcionarios nacionales aclararon muchas dudas y consideró la posibilidad de replantearlo con el bloque.
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Se espera una sesión en Senado el jueves 28.
El chaqueño fue, en rigor, la voz principal de la oposición. Durante sus años como jefe de Gabinete se especializó en estos temas y, por ende, fue a la letra fina de los juicios y realizó varios planteos a los expositores. Advirtió que hay que saber si existen otras deudas con bonistas en otros países, además de Estados Unidos.
Incluso, propuso que exista una ley que permita al Ministerio de Economía negociar la deuda con bonistas y que, además, haya un control constante de los avances y medidas tomadas. Todo esto para agilizar el proceso, pero sin quitarle el rol al Congreso de controlar al Ejecutivo. Y es que, además, contratar a los abogados en los Estados Unidos implica un costo enorme.
La Libertad Avanza confía en tener los votos necesarios el próximo jueves para que estos acuerdos con los fondos buitre avancen a la Cámara de Diputados; de hecho, puede que el bloque peronista se divida en este debate. Durante el plenario, estuvo presente el diputado libertario Nicolás Mayoráz para adentrarse más en el tema y defenderlo una vez que ingrese a su Cámara.
¿Cuál sería el acuerdo del Gobierno con ambos fondos buitres?
La Libertad Avanza tiene como objetivo cerrar lo antes posible los acuerdos con ambos “fondos buitre”, fondos de inversión que compraron deuda argentina en el default del 2001 a precio muy bajo y después fueron a la Justicia de EE.UU. para cobrar el total más intereses.
Según los antecedentes mencionados en el documento, Argentina ya perdió juicios contra ellos y las deudas tienen sentencia firme (desde 2020) por cientos de millones de dólares. Ahora, los fondos empezaron a avanzar para cobrarse por la fuerza: investigaron activos argentinos en el exterior e incluso intentaron quedarse con acciones estatales en YPF, además de apuntar contra participaciones del Estado en Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Entonces, el Gobierno propone pagarles mediante un acuerdo antes de que sigan los embargos. En el mismo, ambos holdouts aceptan una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en los fallos. También frenar nuevos juicios y embargos, cerrar investigaciones sobre activos argentinos y evitar que siga creciendo la deuda con intereses.
