La oposición buscará llevar el tema al recinto el próximo jueves.
El Senado tratará la ley de financiamiento educativo.
La ley que garantiza el financiamiento educativo para las universidades, que ya cuenta con media sanción del Senado, llegaría al recinto el próximo jueves de la mano de la oposición.
La medida que es rechazada de plano por el oficialismo parece tener el consenso necesario para convertirse en ley. Sin embargo, desde La Libertad Avanza trabajan sobre algunas modificaciones para demorar la sanción de la norma.
En principio, Eduardo “Wado” de Pedro anunció que hay acuerdo con todos los jefes de bloque para que el proyecto de ley sea tratado en un plenario de Comisiones el próximo martes y en el recinto el próximo jueves. “Charlamos con el secretario Parlamentario para que en la sesión del jueves figure el tema que vamos a tratar el martes en el plenario, y se comprometió para acordar con los presidentes de bloques cómo hacerlo”, informó el exministro y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta.
La iniciativa aprobada por diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.
Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante ese periodo.
La iniciativa es seguida de cerca por la Casa Rosada. El impacto fiscal que tendría la puesta en marcha de la norma será el argumento del Ejecutivo para avanzar en un veto total o parcial.
La incertidumbre en torno al veto tiene que ver con lo que puede generar en las calles. La marca del último 23 de abril en defensa de las universidades públicas fue masiva. El freno de una norma de estas características podría generar una movilización similar.
Una vez conocido el cronograma para el trabajo parlamentario los gremios universitarios acordaron llevar adelante un “ruidazo” frente al Congreso el próximo martes cuando se reúna el plenario de comisiones.
Además, desde la federación que agrupa a los gremios de las casas de altos estudio trabajan para llevar adelante un paro de 24 horas el día que tema sea llevado al recinto. La intención es que la medida de fuerza sea acompañada con una movilización masiva al Congreso