El proyecto aún se encuentra en etapa de elaboración, pero el Gobierno ya dejó plasmados algunos de sus principales lineamientos en el Informe de Avance que remitió al Congreso en julio. Anticipó así la continuidad del equilibrio fiscal, una reducción de impuestos y una inversión pública bastante más selectiva, además de proyectar una desaceleración de la inflación, una recuperación de los ingresos reales y una mejora de los indicadores laborales y sociales.
Superávit, baja de impuestos y crecimiento
Milei plantea que el Presupuesto 2027 deberá profundizar el programa económico iniciado en diciembre de 2023. Para ello, define dos grandes ejes: por un lado, consolidar la estabilidad macroeconómica; y por el otro, eliminar regulaciones y trabas que -según la administración libertaria- afectan el funcionamiento de la economía.
En materia fiscal, el objetivo es mantener el superávit alcanzado y avanzar en una reducción de impuestos, al mismo tiempo que se busca recuperar el acceso al financiamiento y mejorar la competitividad de la producción nacional.
Para el período 2027-2029, Economía proyecta un leve crecimiento real anual de los recursos tributarios y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. El incremento estaría explicado principalmente por una mayor actividad económica y por el aumento de las exportaciones. En paralelo, el Gobierno anticipa que continuará “devolviendo recursos al sector privado”, con el objetivo de mejorar la competitividad y sostener la apertura económica.
Caputo y Milei apuntarán a redoblar su apuesta inicial: la estabilidad macroeconómica la quita de regulaciones.
El escenario macroeconómico que sirve de base para el futuro Presupuesto contempla un crecimiento del PBI impulsado por la inversión, una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo. También prevé una desaceleración significativa de la inflación, con impacto sobre los salarios reales y el ingreso disponible de los hogares.
Llegado al plano social, el Ejecutivo proyecta una reducción de la tasa de desempleo y una caída progresiva de la pobreza y la indigencia. También espera una mejora sostenida del coeficiente de Gini, utilizado para medir la distribución del ingreso.
Menos proyectos de obra pública
Uno de los capítulos más concretos del Informe de Avance está relacionado con la inversión pública. Para 2027-2029, el Gobierno estableció como criterio general la austeridad, la eficiencia y la priorización del gasto.
La primera prioridad serán los proyectos que ya están en ejecución. Para las nuevas obras, en cambio, se ponderarán aquellas que generen empleo, impulsen las exportaciones, mejoren la balanza energética o contribuyan al desarrollo tecnológico. También tendrán una consideración especial los proyectos que cuenten con estudios de factibilidad o prefactibilidad, calificación técnica de la Dirección Nacional de Inversión Pública o financiamiento externo.
El dato que refleja esta política es la cantidad de proyectos registrados para el próximo trienio. Los organismos nacionales cargaron en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) 1.765 proyectos por un total de $10,2 billones.
Habrán menos proyectos de inversión ya que se espera que los que están en ejecución generen empleo, exportaciones, mejoren la balanza energética y contribuyan al desarrollo tecnológico.
La demanda es inferior a la registrada en los dos años anteriores: para 2026 se habían solicitado 2.014 proyectos y para 2025 fueron 4.496. Para el Gobierno, la reducción implica una demanda de inversión “más razonable” y permite mejorar la calidad de la asignación de recursos.
Milei controlará más a los empleados estatales
Otro de los puntos que anticipa el documento es un mayor control sobre el gasto en personal del Estado, a fin de mantener el control sobre las partidas destinadas a los empleados públicos.
El Gobierno señala que durante 2027 se intensificarán las tareas de seguimiento sobre las plantas de empleados estatales, en línea con el Decreto 934/2025. También continuará la evaluación de las consultorías financiadas por organismos internacionales para determinar su pertinencia y medir su impacto presupuestario.
Los gastos: qué pasó con las cuentas públicas en 2026
El Informe también incorpora una fotografía de la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, la Administración Nacional tuvo ingresos por $59,02 billones y gastos por $56,36 billones. El resultado primario fue positivo en $8,42 billones, equivalente al 0,7% del PBI, mientras que el resultado financiero alcanzó un superávit de $2,66 billones.
El Gobierno aclara, sin embargo, que dentro de los ingresos de capital de ese período hubo $1,04 billones correspondientes a la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas. Sin contabilizar esos recursos extraordinarios, el resultado primario habría sido de $7,38 billones.
Los gastos de la administración nacional entre enero a mayo de 2026.
En cuanto al gasto, los desembolsos acumulados hasta mayo crecieron 28% interanual y alcanzaron los $56,36 billones. El gasto primario, sin intereses, fue de $50,59 billones, con una suba del 27,4%. La mayor parte de los recursos ejecutados estuvo concentrada en los servicios sociales, que representaron el 73,9% del gasto. Dentro de ese universo, la Seguridad Social explicó por sí sola el 59,7% del total, seguida por Educación, Cultura y Salud, con 4,9% cada una. La deuda pública representó otro 10,3%.
La negociación con las provincias
El Presupuesto 2027 también estará atravesado por la relación entre la Nación y los gobernadores. El propio Informe de Avance señala que el Gobierno continuará trabajando con las provincias para avanzar en el saneamiento de sus cuentas y en la reducción de la presión tributaria.
En ese marco, el Ejecutivo prevé mantener el régimen para compensar obligaciones recíprocas entre la Nación y las provincias. 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron al régimen y siete jurisdicciones firmaron acuerdos. Con las restantes provincias adheridas, el Gobierno continúa trabajando para avanzar en la compensación de las deudas.
La cuestión provincial será central para la discusión parlamentaria. La Casa Rosada necesitará construir acuerdos con los bloques dialoguistas y con los representantes de los gobernadores para conseguir la aprobación del Presupuesto, en un Congreso donde La Libertad Avanza todavía no cuenta con mayoría propia.
El calendario hasta septiembre
El proceso de elaboración ya atravesó varias etapas. De acuerdo con el informe oficial, las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional completaron 109 presupuestos preliminares, que servirán como insumo para establecer los límites financieros o “techos presupuestarios”.
El próximo paso será que los organismos elaboren sus anteproyectos definitivos sobre la base de esos límites. En paralelo, Economía terminará de definir las variables macroeconómicas, la estimación de recursos tributarios y no tributarios, el servicio de la deuda y el programa de financiamiento.
También se establecerán los objetivos estratégicos de la política presupuestaria y las estimaciones del resultado primario y financiero. Todo ese proceso deberá finalizar antes del 15 de septiembre, fecha límite para que el Poder Ejecutivo remita el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso.
La presentación de Milei ante los legisladores será, de esta manera, el punto de partida formal de una discusión que ocupará buena parte del segundo semestre. El oficialismo buscará que el proyecto no sólo funcione como la hoja de ruta económica de 2027, sino también como una demostración política de que el Gobierno pretende sostener el superávit fiscal, profundizar la reducción de impuestos y consolidar el modelo económico de cara al año electoral.
