La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que ha presentado una denuncia ante la justicia por los daños ocasionados a los edificios del Senado durante una marcha que tuvo lugar el miércoles pasado. Esta manifestación culminó con graves incidentes y la detención de unos 33 manifestantes. Villarruel enfatizó que “quien comete un delito debe responder” por sus acciones.
Villarruel, quien actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó a través de las redes sociales que “presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder”.
La vicepresidenta había anticipado previamente que iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
La marcha al Congreso
El miércoles pasado, militantes gremiales y políticos de Unión por la Patria y la izquierda realizaron una marcha para protestar contra la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal. Durante la manifestación se produjeron graves incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, lo que resultó en la detención de 33 personas y la quema de vehículos.
Según un comunicado, la causa de la denuncia es el intento de interrumpir la sesión que se estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación el miércoles 12 de junio. En esa sesión se estaba debatiendo el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Se informó también que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Honorable Cámara de Senadores y a su anexo.
Villarruel precisó que “los delitos que se le adjudican a los responsables son daños simples y agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos intimidación publica, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias que tengan por objeto imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor”.
