Representantes de la CGT mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad, con el objetivo de "consensuar" diversos aspectos organizativos relacionados con el paro que realizarán el 24 de enero en rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei.
Este encuentro se llevó a cabo en preparación para la manifestación programada el miércoles frente al Congreso nacional, en el marco del paro nacional.
La central obrera detalló que se realizó una reunión de coordinación "a los fines de consensuar cuestiones de seguridad y organización del acto que realizaremos el próximo miércoles 24 de enero a partir del mediodía en el Congreso de la Nación". En un comunicado oficial, la CGT subrayó su compromiso con la garantía del desarrollo pacífico del evento, la seguridad de los asistentes y la normalidad de las actividades de los residentes en las áreas afectadas.
En aras de alcanzar estos objetivos, se acordaron varias medidas clave. Se estableció que los participantes ingresarán por la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio hacia la Plaza de los Dos Congresos, asegurando la circulación de servicios esenciales como Bomberos, Ambulancias, vehículos de emergencia y permitiendo el ingreso y egreso de los residentes a lo largo de la ruta planificada.
Adicionalmente, se solicitó la instalación del escenario sobre la calle Entre Ríos, desde donde se llevará a cabo el acto en dirección al interior de la Plaza de los Dos Congresos, reservando un espacio adecuado para la circulación en la Avenida Entre Ríos.
La CGT expresó su solicitud a las autoridades de la Ciudad de llevar a cabo un estricto control sobre las fuerzas de seguridad operativas en el lugar, con el objetivo de asegurar el desarrollo pacífico del acto sin caer en provocaciones ni agresiones. En este sentido, reafirmaron que la manifestación de los trabajadores se llevará a cabo de manera pacífica y ordenada, buscando expresar sus demandas frente al Congreso para que los Diputados asuman la responsabilidad política de cumplir con el mandato popular, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos constitucionales.
