Un juez patagónico condenó a dos años y dos meses de prisión en suspenso a seis mujeres mapuches y a un hombre por la usurpación de un predio nacional perteneciente a Parque Nacionales, ubicado en la localidad de Villa Mascardi, en Río Negro.
En su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo con un posteo en su cuenta de X en el que declaró "psedumapuches, adentro: la primera vez que se los condena por una usurpación de un predio nacional. Hace siete años usurparon este predio. Decían que les pertenecía. Atacaron ciudadanos, quemaron casas. Pero se terminó. Villa Mascardi de nuevo para todos los argentinos y ellos, a pagar su condena. Porque el que las hace, las paga".
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Bullrich publicó un artículo en el que se sostiene que el juez Hugo Greca fue quien emitió el fallo de prisión en suspenso para seis mujeres y un hombre de la comunidad también por usurpación.
La condena fue de dos años y dos meses de prisión en suspenso para Marta Jaramillo, María Nahuel, Romina Rosas y Ailén Tapia, que tendrán la obligación de presentarse ante el Patronato de Presos y Liberados de Río Negro, periódicamente y de fijar domicilio, de acuerdo a publicaciones de diarios locales.
En tanto, Jésica Bonnefoi, que cargaba con una condena previa por la agresión a una uniformada durante el procedimiento de desalojo desarrollado en noviembre de 2017, recibió la misma pena, pero se dictó la unificación y quedó con una pena única de 2 años y 2 meses de prisión.
El magistrado consideró que la utilización de piedras, palos y lanzas, por parte de los acusados, para repeler la acción de las fuerzas federales durante los procedimientos, supone la misma peligrosidad que un arma convencional, dado el escenario de altura en el que se enfrentaron a los uniformados.
El contenido final de la sentencia completa, que será dada a conocer en los próximos días. El juez Greca desestimó la medida de restricción de acceso al territorio en conflicto que había solicitado el fiscal Rafael Vehils Ruíz como parte de las pautas de conducta que debían respetar para sostener la condicionalidad de la pena y evitar ir a prisión.
El delito que se les endilga es la usurpación de dos predios pertenecientes a la administración nacional, en los que ingresaron el 10 de noviembre de 2017.
Por su parte, Johana Colhuan y Gonzalo Coña, también fueron acusados, pero por una segunda usurpación posterior al primer desalojo. Acusados por el delito de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, recibieron una condena de dos años y seis meses de prisión. Para ambos rigen las mismas pautas de conducta que para las otras mujeres condenadas.