El Gobierno nacional solicitó este jueves la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, identificado como el origen del fentanilo contaminado que provocó al menos 96 muertes confirmadas en todo el país. Además, la administración de Javier Milei anticipó que recusará al juez Ernesto Kreplak si no ordena el procesamiento del empresario farmacéutico en los próximos días.
La vocería presidencial publicó un duro comunicado titulado "El señor del fentanilo debe ir preso", donde describió a García Furfaro como "dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas". El documento oficial lo caracterizó como "un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario".
El texto oficial reveló que el laboratorio no era inspeccionado por ANMAT desde febrero de 2020 hasta que el ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó una auditoría en noviembre de 2024, apenas dos meses después de asumir su cargo. Como resultado de esa inspección, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo en febrero de 2025, "solo 2 horas después de recibir el resultado de las actuaciones".
Acciones preventivas
El Poder Ejecutivo destacó las medidas adoptadas para evitar más víctimas fatales. En marzo de 2025, tres meses antes de registrarse la primera muerte por fentanilo contaminado, ANMAT recomendó "la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000'", según el comunicado oficial.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad inició investigaciones contra HLB Pharma por presentar "documentación falsa" en su inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), mientras que ARCA denunció al laboratorio por "evasión tributaria agravada".
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La investigación judicial se concentra en el lote contaminado número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HLB Pharma Group S.A. Los investigadores advierten que el número de víctimas fatales podría seguir creciendo, por lo que algunos especialistas ya denominan esta tragedia como el "Cromañón sanitario".
Conflicto de intereses y amenaza de recusación
El Gobierno nacional planteó un potencial conflicto de intereses en la investigación, al señalar que el juez Ernesto Kreplak, quien conduce la causa en La Plata, es hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. El comunicado oficial afirmó que "el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma".
HLB Pharma
La causa por el fentanilo contaminado ya tiene confirmadas 96 muertes por la droga adulterada.
"Si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", advirtió la Casa Rosada.
El magistrado respondió a las acusaciones defendiendo la independencia judicial. "Milei tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso", declaró Kreplak al diario La Nación. "Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", agregó el juez.
La causa penal registró un incremento significativo de querellantes en las últimas semanas. La Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y el grupo empresario comandado por Carlos Tita y Oscar Ruffinengo -vendedores de la droguería Alfarma a los hermanos García Furfaro- se presentaron como querellantes y fueron aceptados por el tribunal platense.
El Gobierno cerró su comunicado asegurando que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado" gracias a la gestión del ministro Lugones, y prometió ir "hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas".
