El edificio del barrio porteño de Balvanera que el Estado nacional había cedido para la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue desalojado al comprobarse que funcionaba de manera irregular un boliche bailable y una radio entre otras situaciones irregulares.
El inmueble está ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón a unos cien metros de la terminal ferroviaria de Once fue desocupado por orden de la jueza María Servini de Cubría a pedido del Ministerio de Justicia.
Durante el allanamiento, se detectaron viviendas clandestinas, una bailanta con barra de bebidas alcohólicas, un gallinero en el balcón y un “búnker político” con propaganda del partido MILES, liderado por el dirigente Luis D’Elía.
La policía encontró a cuatro mujeres; el Ministerio de Justicia había acusado al kirchnerismo de permitir que se usara como “boliche clandestino”.
El inmueble habían sido cedidos por el kirchnerismo a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y que terminó por usarse como “boliche clandestino”, local partidario y en el que, además, vivían ilegalmente familias.
Durante un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal desalojaron a un grupo de personas que se encontraban ocupando ilegalmente el lugar.
La intervención fue dispuesta por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de María Romilda Servini, con el objetivo de determinar si en el inmueble, ubicado en la intersección de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, funcionaban oficinas administradas por la asociación Madres de Plaza de Mayo.
La policía determinó que en el lugar vivía una familia. Como consecuencia, se realizó el allanamiento y se desalojó a los ocupantes. Se trataba de cuatro mujeres, dos de las cuales no se encontraban presentes al momento del desalojo. En el parte policial no hubo referencias a ningún uso como boliche.
Finalmente, el edificio fue restituido a Jazmín Iruzun, asesora del Ministerio de Justicia de la Nación.
En la denuncia que dio origen a la causa judicial, el Gobierno sostuvo que el lugar, “ fue cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) al entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -hoy Ministerio de Justicia de la Nación-, concretamente al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres De Plaza De Mayo” para la instalación de una sede en el lugar”, pero su destino “fue desviado del objeto social natural y destinado a un uso indebido por las personas a quienes había sido confiada su administración y custodia”.
La propiedad señalada está en la avenida Rivadavia al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires, dividida en un segundo y tercer piso.
En su oportunidad, tras conocerse la denuncia del Gobierno el exsecretario de Derechos Humanos del kirchnerismo Horacio Pietragalla, negó que se hubiera cedido a Madres de Plaza de Mayo. “Este inmueble es propiedad del Estado Nacional, el cual a través de la AABE cedió el uso de sus tres pisos para diferentes fines: la Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta el año 2021 -argumentó Pietragalla. A partir de ese año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró en esa parte del edificio que quedó desocupada el primer Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, parte de lo que luego se convertiría en una red nacional de Centros con apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los cuales funcionaron a lo largo y ancho del país”.
Como contrapartida, desde el Gobierno ratificaron la información difundida e hicieron alusión a su denuncia ante la justicia para que se investigue el caso y sus posibles responsables.
