La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entró en un cuarto intermedio al mediodía, luego de que el artículo apodado como "ley Francella" generara tensiones en el debate sobre los cambios al Código Urbanístico. Este artículo, que busca restablecer la obligatoriedad de construir viviendas para los encargados de edificios con más de 25 unidades habitacionales, fue el centro de críticas de varios bloques opositores, provocando la postergación de la sesión originalmente convocada para las 12 y retrasada hasta las 16.
Este artículo, sumado en la mañana del jueves, establece que “en las parcelas que destinen 25 o más unidades de uso a vivienda colectiva, debe destinarse una unidad de uso a vivienda para el encargado del edificio”. La incorporación de este apartado generó críticas de diversas bancadas, como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Confianza Pública y bloques liberales, que consideran que la medida encarecería los costos para los vecinos.
Las críticas de la oposición
Manuela Thourte, presidenta del bloque de la UCR, expresó su desacuerdo con la medida al señalar que “esto es perjudicial para la mayoría de los vecinos de la Ciudad porque encarece muchísimo las expensas, por lo que decimos que no estamos de acuerdo”. En la misma línea, Graciela Ocaña, de Confianza Pública, calificó la medida como “un escándalo” y argumentó que "es invotable porque se vuelve a castigar a la clase media para defender intereses sectoriales y privilegios que la sociedad ha dicho que no".
El debate sobre este cambio legal fue ampliamente comentado en redes sociales, donde incluso surgió este nombre de “Ley Francella”, en referencia al actor Guillermo Francella, protagonista de la serie El Encargado. En la ficción, Francella interpreta a Eliseo Basurto, un encargado de edificio que lucha por mantener su vivienda en la portería, situación que guarda similitudes con la discusión legislativa actual.
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Guillermo Francella en "El Encargado"
Desde el oficialismo, se confirmó que la inclusión de este artículo fue solicitada por un sector de Unión por la Patria, buscando restablecer una normativa que estuvo vigente hasta 2018, cuando dejó de ser obligatorio que los nuevos edificios incluyeran viviendas para los encargados.
Posiciones divergentes
Las críticas al artículo no solo provinieron de los bloques más cercanos al oficialismo. Pilar Ramírez, legisladora de La Libertad Avanza, acusó al gobierno de la Ciudad de “acordar con la casta sindical del kirchnerismo a costa de los vecinos”. En sus redes sociales, Ramírez fue categórica: “Pretenden que hoy votemos el nuevo Código Urbanístico, donde se incluye una normativa que obliga a los nuevos edificios a tener vivienda para el encargado. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria de los porteños? Más gastos, menos capacidad de decidir y construcciones más caras”.
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Desde otra vertiente liberal, Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano, también manifestó su rechazo a la obligatoriedad del artículo. Según Kienast, “el vecino tiene que tener la libertad de elegir” si desea destinar una unidad para el encargado del edificio. Además, destacó que esta medida “atenta contra la propiedad privada y aumenta los costos de construcción”, y añadió que “los residentes son los que tienen que decidir esto, no el Estado”.
El legislador Juan Pablo Arenaza, afín a Patricia Bullrich, también manifestó su negativa al artículo en cuestión, subrayando que “es una lucha histórica del PRO trabajar para bajar el costo de los edificios, que son la vivienda mayoritaria de los porteños”. Bullrich respaldó públicamente a Arenaza en redes sociales, pidiendo “coherencia” y felicitando al legislador por no aceptar “pactos corporativos”.
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El contexto del Código Urbanístico
El debate en torno al Código Urbanístico es vital para el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, ya que este conjunto de normas regula qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones. La modificación del Código, que fue aprobada por última vez en 2018, plantea cambios significativos en cuanto a las alturas permitidas, la protección de los pulmones de manzana y un sistema de compensación para los desarrollos inmobiliarios, especialmente entre la zona norte y sur de la ciudad.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo porteño tiene como objetivo general aprobar estos cambios en primera lectura. Sin embargo, al tratarse de una ley de doble lectura, el proyecto deberá someterse a audiencias públicas antes de volver al recinto para una segunda votación, que se estima podría realizarse en diciembre.
A pesar de que la inclusión del artículo sobre las viviendas de los encargados no figuraba originalmente en el dictamen oficial, su incorporación en las negociaciones del jueves generó tal nivel de controversia que llevó a la postergación de la sesión. Según Facundo Del Gaiso, legislador del bloque Vamos por Más, este artículo es solo un “borrador” y no estaba incluido en el dictamen oficial que debía debatirse en el recinto. Sin embargo, la polémica hizo que varios bloques se negaran a acompañar la propuesta en primera lectura, lo que forzó el cuarto intermedio.
El peronismo, que impulsó la inclusión del artículo, justificó la medida señalando que “solo se pide construir una vivienda, no obliga a tener un encargado”. Desde ese espacio político, afirmaron que la unidad destinada a vivienda podría ser alquilada en lugar de utilizada por un encargado, por lo que no sería un costo fijo adicional.
