El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba se pronunciará sobre la oferta presentada por Mauricio Saillén, líder del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), quien propuso pagar 750 mil dólares para eludir un proceso judicial por corrupción.
La oferta financiera del líder sindical es considerada como una “reparación integral por el daño causado” en el caso de lavado de activos, usura y gestión fraudulenta en el que es imputado. El tribunal anunciará su veredicto el 22 de octubre.
Junto a Saillén, también enfrenta cargos su antiguo compañero, el veterano líder sindical Pascual Catrambone. Catrambone fue director de la ahora desaparecida empresa estatal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) y actualmente es el presidente de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba, conocida como Conmecor.
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El fiscal general Maximiliano Hairabedian, responsable de formar la acusación en este caso, manifestó su desacuerdo con dicha propuesta. Este proceso judicial incluye a un total de 18 personas acusadas, quienes están siendo señaladas por delitos graves que habrían afectado a recolectores y barrenderos.
En el año 2021, el fiscal federal Enrique Senestrari llevó a juicio a Saillén y Catrambone, a quienes se les acusa de encabezar una organización delictiva involucrada en actividades de usura y manejo fraudulento. Sin embargo, el cargo de lavado de dinero fue desvinculado del juicio principal.
Entre los acusados se encuentran Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Franco Gabriel Catrambone, Salomé Alfazak, Héctor Gabriel Balnes, Jorge Vicente Blanes, Miguel Ángel Catrambone, José Luis Yacanto, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo, Yamila Gisel Monjes y Darío Mauricio Saillén.
Saillén y Catrambone enfrentan cargos por supuestamente haber constituido una organización delictiva que perjudicó tanto a los afiliados como al sindicato. La decisión del tribunal sobre una propuesta económica podría dar por concluida la causa sin la celebración de un juicio, lo que ha desatado críticas y rechazo por parte de la fiscalía. Se alega que las actividades irregulares comenzaron a finales de agosto de 2009, impactando a los miembros del sindicato, así como a la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac.
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La indagatoria conducida por el fiscal Enrique Senestrari revela que los recursos administrados por los acusados no tenían la autorización ni el control adecuado por parte de las autoridades. Los intereses aplicados variaban entre el 9,7% y el 13,9% cada mes. También se argumenta que una fracción de estos fondos fue desviada hacia las finanzas personales de cinco de los imputados a través de transacciones realizadas en la mutual durante los años 2012 y 2013.
El fiscal Gustavo Vidal Lascano se encargará de presentar la acusación durante el juicio, el cual estará bajo la supervisión de los jueces Julio Díaz Gavier, José María Pérez Villalobos y Fabián Asís. El caso Surrbac es uno de los cuatro expedientes en curso sobre la administración de residuos en Córdoba, aunque los otros tres no progresaron de manera notable.
Saillén y Catrambone lideraron el Surrbac y la obra social desde 2002 y, a pesar de las denuncias en su contra, fueron reelegidos en septiembre de 2022. La anticipación en torno al juicio es considerable, ya que este caso es emblemático y podría establecer importantes precedentes en la lucha contra la corrupción en los sindicatos de la región.
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Las detenciones en Córdoba en 2019
La pareja sindical del gremio de recolectores había tenido conflictos con la Justicia a finales de agosto de 2019. En el contexto de una indagación por supuesta administración fraudulentas y lavado de activos, las autoridades los arrestaron durante un operativo que abarcó varios allanamientos.
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La pesquisa dio comienzo a raíz de una denuncia presentada por la concejala de Córdoba, Laura Sesma, que acusó a los líderes sindicales de ofrecer préstamos a los afiliados con recursos de la mutual, beneficiándose de los intereses que generaban. En los operativos, que también incluyeron la casa de Franco Saillén, hijo de Mauricio y aspirante a diputado nacional, se requisaron más de 4 millones de pesos, siete autos de lujo, joyas, relojes y documentos significativos para la investigación.
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El Ministerio de Seguridad de la Nación dirigió el operativo, que fue llevado a cabo con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Junto a Saillén y Catrambone, hay otros nueve acusados, la mayoría pertenecientes a la cúpula del SURRBAC. El caso está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Córdoba N° 1, liderado por el juez Ricardo Bustos Fierro, y cuenta con la fiscalía a cargo de Enrique Senestrari, quien fue responsable de ordenar los 13 allanamientos, entre ellos el de la sede principal del sindicato.
