Durante mucho tiempo, las democracias occidentales creyeron haber reducido el antisemitismo a una vergüenza social antes que a una amenaza física. El prejuicio no había desaparecido: seguía latiendo en el chiste de sobremesa, en la insinuación política, en la desconfianza callada, en mitos muy antiguos.
Lo que sí parecía haber cambiado, al menos durante varias generaciones, era el límite que una sociedad estaba dispuesta a tolerar. Atacar a un judío por el solo hecho de serlo se transformó, después del Holocausto, en una transgresión difícil de normalizar. Un ciudadano judío podía salir de la sinagoga sin medir por dónde escapar si algo salía mal.
Ese escenario cambió. El regreso de la agresión antisemita no debería preocupar solo a las comunidades judías: también interpela a cualquier sociedad que pretenda conservar decencia democrática.
La dimensión del problema no se agota en un país ni en un episodio. En distintas democracias, las comunidades judías han tenido que reforzar su seguridad, multiplicar alertas, modificar rutinas y asumir que la agresión física volvió a formar parte del horizonte posible. La novedad más grave es que el antisemitismo ha vuelto a tocar cuerpos, templos, escuelas, comercios y espacios comunitarios.
Medidas urgentes de seguridad
Esa realidad obliga a abandonar una comodidad frecuente: suponer que la violencia antisemita pertenece solo a sociedades autoritarias, periféricas o institucionalmente frágiles. Hoy aparece también en países con memoria histórica, recursos estatales, sistemas judiciales robustos y gobiernos que declaran combatirla. El problema no es la ausencia total de conciencia, sino la distancia entre la conciencia pública y la protección efectiva.
El Reino Unido destinó millones de libras a medidas urgentes de seguridad para instituciones judías y abrió una revisión independiente sobre el antisemitismo en las escuelas. En Francia, Emmanuel Macron reclamó respuestas más contundentes y respaldó una ley que castiga los llamados a destruir un Estado reconocido por París. Alemania, bajo Friedrich Merz, elevó el tono político con una "guerra al antisemitismo" y endureció sus normas penales. Y, sin embargo, la distancia entre la reacción pública y la protección efectiva es demasiado grande. Cuando una comunidad necesita custodias, fondos especiales y reformas penales para vivir con normalidad, la normalidad ya ha sido dañada.
Para un lector argentino, hay en este panorama una responsabilidad particular. La Argentina tiene una de las comunidades judías más importantes de la diáspora y una historia marcada por dos atentados de matriz iraní. Esa experiencia debería impedir tanto la indiferencia como la complacencia: el antisemitismo no es una abstracción importada, sino una amenaza que el país conoce en carne propia.
Hay, para empezar, un clima donde la vida judía se vive con naturalidad y hasta se celebra en su diversidad de prácticas. La memoria de las víctimas de la AMIA y de la embajada de Israel convirtió al terrorismo en una amenaza concreta, con nombres y fechas. Sucesivos gobiernos designaron a Hezbollah como organización terrorista, y más recientemente la administración de Javier Milei hizo lo propio con Hamas. A eso se suma que la Argentina cuenta con una enviada especial contra el antisemitismo y es uno de los pocos países de la región que efectivamente lleva ante los tribunales los delitos de odio.
La experiencia argentina permite ver que el antisemitismo contemporáneo no se explica solo por climas de opinión ni por prejuicios heredados. También existe una dimensión organizada, transnacional y violenta. La República Islámica de Irán, principal patrocinador estatal del terrorismo y del odio antisemita, ha convertido esa hostilidad en política exterior, propaganda y apoyo a redes violentas más allá de sus fronteras. Para la Argentina, esa no es una advertencia abstracta: forma parte de su propia historia reciente. Pero esas fuerzas encuentran un terreno más fértil cuando el debate democrático se deteriora.
Cuando el centro político se debilita y los extremos ganan legitimidad cultural, las teorías conspirativas encuentran una audiencia más amplia. En ese repertorio, los judíos vuelven a ocupar el lugar que tantas veces les asignó la historia: responsables imaginarios de crisis que no controlan, desde pandemias hasta guerras y tensiones económicas. En algunos discursos se los vincula con la inmigración indocumentada; en otros, se les atribuye un poder oculto y desproporcionado sobre decisiones políticas que exceden por completo a cualquier comunidad. Cambian los lenguajes, no la lógica del señalamiento.
La respuesta no admite atajos. Ningún gobierno puede extirpar por decreto un prejuicio antiguo, pero sí puede impedir que se transforme impunemente en violencia. Se necesita una política sostenida que llegue a las escuelas, la Justicia, la seguridad, las universidades, las empresas tecnológicas y a la sociedad civil en general. Las Directrices Globales para Combatir el Antisemitismo ofrecen un marco útil. Su valor dependerá menos de la firma que de la implementación.
El antisemitismo jamás logró doblegar al pueblo judío. Pero prosperó, una y otra vez, cuando quienes tenían el poder de frenarlo prefirieron mirar hacia otro lado. Una sociedad suele descubrir demasiado tarde la gravedad del problema, cuando ya está enumerando víctimas. Las señales que ya están a la vista deberían servir precisamente para evitar esa demora moral. No se trata solo de proteger a las comunidades judías, aunque esa razón bastaría: se trata de impedir que el prejuicio vuelva a cruzar la frontera de la violencia en democracias que conocen demasiado bien el costo de subestimarlo.
