¿De qué sirve un puma sin colmillos ni garras? La Oficina Anticorrupción existe, pero funciona como un espectro que deambula sin poder ni eficacia. La pregunta no es retórica ni ingenua: ¿cómo sabemos si los funcionarios del gobierno, los que nos administran, no están "choreando" a cara descubierta, si ni siquiera podemos acceder a lo básico, lo declarado en blanco? El escándalo de Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, lo deja en claro. Según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, divulgada por Hugo Alconada Mon, el funcionario compró tres propiedades en Miami a través de sociedades offshore por un valor de dos millones de dólares, y no las declaró en la Oficina Anticorrupción. Un pequeño desliz, ¿no? Uno puede decir "bueno, se olvidó, pobre señor..." Pero no. No se olvidó. Porque este desatino no es un caso aislado: pasa también con otros, como Edgardo Kueider y tantos más. La obligación existe, pero nadie exige que se cumpla.
El gobierno de Javier Milei llegó con la promesa de eliminar a los "chorros" del Estado, de cortar de cuajo con la corrupción enquistada en la administración pública. Prometió hacerlo sin concesiones. Ahora bien, la pregunta es obvia: ¿cómo pretende llevar adelante semejante misión sin ningún instrumento? Porque el arma que debería tener para hacerlo, la Oficina Anticorrupción, es una carcasa vacía. Una oficina que no puede exigir nada, no puede investigar nada, ni puede sancionar a nadie. Un puma sin colmillos ni garras, como bien lo definió Alconada Mon. Lo único que puede hacer es pedir "por favor". Copate y declará, dale. Ridículo.
Esta oficina fue pensada como un órgano de control independiente. Su función es clara desde el nombre: anticorrupción. No “antircorrosión”, no “antiviento”. No. Anticorrupción. Pero su historia es la de un organismo sin impulso, que recibió tantas manoseadas como gobiernos que la administraron. Con Manuel Garrido tuvo el último atisbo de decencia, con Laura Alonso funcionó al servicio de causas selectivas y el resto, bueno, el resto fue el olvido. El funcionario de turno y la ley de la selva: si querés la presentás, si no querés, no.
El propio Milei había prometido ceder la Oficina Anticorrupción a la primera minoría de la oposición. Nunca lo hizo. El resultado es que el órgano que debería controlar la integridad de los funcionarios termina juntando polvo y papeles sin valor. La Ley de Ética Pública existe, pero nadie la hace cumplir. Porque, si un funcionario de la DGI no paga impuestos, el mismo organismo que dirige se lo va a exigir. Lo va a intimar y, de ser necesario, le va a embargar hasta el último peso. Pero si ese mismo funcionario no declara su patrimonio en la Oficina Anticorrupción, ¿quién lo obliga? Nadie. Nadie. Nadie. Nadie lo intima, nadie lo embarga, nadie lo denuncia. Porque nadie tiene la potestad de hacerlo.
¿Es entonces Milei el presidente que quiere sacar a los “chorros” del Estado? Digamos que quiere, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero lo cierto es que no instrumentó nada para lograrlo. No hay herramienta, no hay plan. Mientras tanto, la Oficina Anticorrupción sigue siendo una caricatura que le hace un flaco favor a la institucionalidad que Milei dice defender. Porque combatir la corrupción sin una Oficina Anticorrupción efectiva no es más que una declamación vacía.
La pregunta que nos queda es básica, pero fundamental: ¿qué esperamos para darle a este órgano los colmillos y las garras que necesita? Dejen de decir que quieren hacer cosas que pueden hacer y no están haciendo. Si realmente se quiere eliminar la corrupción, empoderen la Oficina Anticorrupción. Hasta entonces, seguiremos viendo funcionarios que hacen lo que se les canta.
