El FMI destacó la resiliencia de la economía de Uruguay ante la peor sequía en 100 años. También marcó retos en varios frentes
El Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó que en 2023, la economía en Uruguay se enfrentó al impacto de la peor sequía en el último siglo y a factores externos adversos, pero que aún así, la actividad (+0,4%) se mostró resiliente.
Esto “debido a las políticas macroeconómicas adecuadas implementadas por las autoridades, la estabilidad política, y la solidez institucional del país”.
Esas valoraciones forman parte de la declaración final en el marco de su visita anual de monitoreo de la economía uruguaya, de acuerdo a lo previsto en el artículo IV de la entidad.
El organismo prevé un fuerte repunte económico en 2024, con crecimiento de 3,7%, sustentado por la reactivación de las exportaciones agrícolas, el aumento de la producción de celulosa, la flexibilización de las condiciones financieras y “el robusto consumo privado” derivado de la recuperación de los salarios reales y de la normalización del diferencial de precios con Argentina, señaló.
Con respecto a la política fiscal, el FMI señaló que el presupuesto de 2024 “se ajusta a los objetivos de la regla fiscal, manteniendo la protección social”.
En ese sentido, dice que el déficit previsto del SPNF, excluidos los cincuentones, del 3,1% del PIB, logra un equilibrio entre la reducción del déficit y la protección del gasto social, que representa una parte considerable del gasto total.
Y agrega que la actual desinflación podría seguir afectando las cuentas fiscales en 2024. “El impulso del crecimiento tras la sequía crea oportunidades para continuar los esfuerzos de consolidación. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requiere manejar las rigideces inherentes al gasto que limitan las opciones de política”, dice el texto de la declaración.
Por otro lado, el FMI sostuvo que la elaboración de la próxima ley de presupuesto quinquenal abre una ventana de oportunidad para “recalibrar los objetivos de la regla fiscal y situar la deuda en una trayectoria descendente”.
Según indicó, con las políticas actuales, la relación de deuda a PIB del SPNF se mantiene prácticamente estable durante el período de proyección, con riesgos limitados a corto plazo, pues las necesidades de financiamiento son manejables y el acceso a los mercados se mantiene en condiciones favorables.
También sostuvo que si bien la actual regla fiscal “ha logrado estabilizar la relación de deuda a PIB en circunstancias difíciles, se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que la relación de deuda a PIB se sitúe en una trayectoria descendente sostenida y para reconstituir los márgenes de maniobra de política fiscal”.
“Por tanto, se requieren objetivos más bajos en los pilares de resultado estructural y de endeudamiento neto en la regla fiscal”, afirmó el FMI.
Política monetaria y cambiaria
El FMI sostuvo que la política monetaria debe seguir siendo contractiva para garantizar que la inflación y las expectativas inflacionarias se mantengan de forma sostenida dentro del rango meta.
La inflación en Uruguay se ubicó en 3,68% en el año cerrado a abril, y completó 11 meses dentro del rango meta fijado por las autoridades de entre 3% y 6%.
Asimismo el organismo indicó que “fortalecer la independencia de iure del banco central aumentaría aún más la credibilidad y respaldaría la continuidad de la política”.
Con relación al tipo de cambio, el FMI indicó que “debería seguir actuando como amortiguador”, con intervenciones cambiarias “limitadas a responder a condiciones desordenadas en el mercado”.
Reformas estructurales, educación y negociaciones salariales
En el capítulo de políticas estructurales, el FMI indicó que para impulsar el crecimiento potencial, crear márgenes de maniobra para preservar la red de seguridad social y cohesión del país, y apoyar calificaciones de deuda soberana favorables “será fundamental continuar los esfuerzos de implementación de reformas estructurales”.
En ese capítulo, consideró que la implementación de la reforma educativa “es fundamental para que Uruguay pueda contar con el capital humano necesario a mediano plazo para adoptar tecnologías innovadoras y aumentar la productividad”.
En ese punto también mencionó que “la reducción de la indexación en función de la inflación pasada y la introducción de una mayor diferenciación sectorial en las negociaciones salariales apoyarían el proceso de desinflación y la competitividad”.
También dice que “el aumento del crimen en la última década—aunque parta de un nivel bajo y sea de los más bajos de la región— debe abordarse antes de que afecte al crecimiento”.
