Un día después de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunciara un acuerdo con la compañía española Solaria Energía y Medio Ambiente por US$ 5.700 millones —presentado por el Poder Ejecutivo como la mayor inversión en la historia del país—, comenzaron a conocerse los detalles técnicos, regulatorios y los plazos administrativos que regirán el desembarco del megaproyecto tecnológico y energético.
Este jueves la empresa cotizante en la bolsa española, el Ibex 35, remitió una comunicación formal bajo la categoría de "Otra Información Relevante" a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. En paralelo, difundió a través de su cuenta oficial de LinkedIn las claves operativas del memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) suscrito en Montevideo entre Orsi y el consejero delegado de la firma, Arturo Díaz-Tejeiro.
El anuncio realizado en Torre Ejecutiva constituye el punto de partida formal de una negociación técnica que demandará varios meses antes de su blindaje jurídico definitivo. Según informaron fuentes políticas a El Observador, el presidente Orsi firmó este miércoles una propuesta de MOU y que también fue suscrita por la presidenta de UTE, que remitió las actuaciones al directorio para su consideración la semana que viene. Eso dará paso a la negociación entre ambas partes. Dicha resolución —que quedará pública dentro de un expediente administrativo— establece el inicio del proceso de trabajo conjunto con el objetivo de alcanzar la firma definitiva del contrato en mayo de 2027.
De esta manera, tanto el Poder Ejecutivo como la empresa pública de energía y la multinacional española dispondrán de una ventana de siete meses para terminar de estructurar los aspectos financieros, regulatorios, ambientales y de ingeniería eléctrica de un proyecto que prevé instalarse de forma distribuida entre los departamentos de Florida, Canelones y San José.
La comunicación oficial ante el mercado de valores español
Para dar cumplimiento al artículo 227 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión de España, el Área de Relación con Inversores de Solaria notificó oficialmente en Madrid la firma de un "acuerdo estratégico con el Gobierno de Uruguay para el desarrollo de un campus tecnológico de centros de datos de hasta 500 MW, bajo el régimen de zona franca, junto con 350 MW de generación solar fotovoltaica".
En el documento remitido a la CNMV, la compañía precisó cuál será su rol específico en el modelo de negocio: "Solaria desarrollará y operará la zona franca, incluyendo la gestión del suelo, las infraestructuras y los servicios necesarios para los operadores de centros de datos, así como la conexión eléctrica del campus a la red de transmisión de 500 kV de Uruguay".
La operativa del complejo
Solaria actuará como el desarrollador maestro de la infraestructura —un esquema conocido en la industria como powered land o provisión de suelo energizado y acondicionado—, dejando las instalaciones listas y con suministro eléctrico asegurado para que grandes compañías tecnológicas globales (hyperscalers) o firmas dedicadas al procesamiento de inteligencia artificial instalen allí sus servidores bajo el paraguas tributario de una zona franca.
Asimismo, el hecho relevante enviado al regulador bursátil destaca como pilar financiero del proyecto que el entendimiento contempla "un contrato de compraventa de energía (PPA) de hasta 40 años con UTE, la empresa eléctrica estatal uruguaya, para la energía generada por las plantas fotovoltaicas".
El texto oficial ratifica además que la ejecución se dividirá en dos etapas claramente diferenciadas: "una primera de 200 MW de centros de datos y 350 MW fotovoltaicos, seguida de 300 MW adicionales de centros de datos". De los US$ 5.700 millones proyectados a largo plazo, unos US$ 5.500 millones corresponden al desarrollo e infraestructura de los centros de datos y alrededor de US$ 200 millones a la construcción de los parques solares.
Las claves operativas y el compromiso sobre el uso del agua
A través de un comunicado divulgado en su perfil corporativo de LinkedIn, Solaria profundizó en las características técnicas del acuerdo firmado con el gobierno uruguayo y UTE, al que calificó como su "mayor apuesta fuera de España" y su puerta de "entrada en los centros de datos a gran escala".
En esa publicación, la compañía enumeró cinco pilares que estructuran la iniciativa:
- La construcción de una o dos plantas fotovoltaicas de hasta 350 MW, respaldadas por un PPA de hasta 40 años con UTE.
- El desarrollo de un campus de centros de datos en régimen de zona franca, que iniciará su operativa con 200 MW y tendrá capacidad de escalar hasta los 500 MW.
- La simultaneidad entre generación y demanda: la empresa subrayó que ambas patas "entran en servicio a la vez", de modo que "cada megavatio de consumo llega respaldado por nueva energía renovable".
- La infraestructura de alta tensión: Solaria asumirá el costo y la obra de conexión a la red de 500 kilovoltios (kV), infraestructura que una vez finalizada pasará a ser propiedad de UTE.
- El sistema de enfriamiento: se utilizará refrigeración en circuito cerrado con el objetivo de "minimizar el consumo de agua", un punto crítico en la discusión pública uruguaya desde que años atrás se debatiera el impacto hídrico del proyecto de Google en Canelones.
"La inteligencia artificial ha disparado la demanda de energía limpia, abundante y contratada a largo plazo. Uruguay, con una de las matrices eléctricas más descarbonizadas del mundo, ofrece ese entorno. Además, la zona franca es una zona libre de impuestos y se convierte en una ventaja competitiva añadida para los operadores", argumentó la firma española para explicar las razones de su desembarco en el país, donde ya opera desde hace casi una década a una escala mucho menor con dos parques fotovoltaicos (Yarnel y Natelu, en Río Negro y Soriano).
¿Qué implica instalar plantas fotovoltaicas de hasta 350 MW con un PPA de 40 años con UTE?
Los megavatios (MW) miden la potencia eléctrica, es decir, la capacidad instantánea de generar o demandar electricidad en un momento determinado. Para poner en perspectiva los 350 MW de energía solar que instalará Solaria, toda la capacidad de generación solar fotovoltaica conectada actualmente en Uruguay ronda los 300 MW. En otras palabras, solo este proyecto más que duplicará el parque solar del país y multiplicará por más de 15 la presencia actual de Solaria en territorio uruguayo.
Por su parte, la sigla PPA (Power Purchase Agreement) refiere a un contrato de compraventa de energía a largo plazo. Mediante esta figura —que constituye el corazón del memorando firmado con UTE y cuyo contrato definitivo se apunta a cerrar en mayo de 2027—, el inversor privado se asegura que la empresa estatal le comprará la energía inyectada a la red a un precio preacordado durante un período de hasta 40 años (20 años, prorrogables por otros 20).
En el sector de las energías renovables, un PPA de cuatro décadas es un plazo extenso (lo habitual en la industria oscila entre 15 y 25 años, y el acuerdo prevé 20, prorrogables por otros 20, que son los que actualmente los privados tienen con UTE en Uruguay). Para Solaria, esa extensión temporal funciona como una garantía financiera de primer orden ante los bancos internacionales y el mercado de capitales para apalancar la inversión inicial. Para UTE, en tanto, significa incorporar una fuente masiva de generación limpia para respaldar el salto en el consumo que provocará el propio polo tecnológico, además de quedarse con la propiedad de la nueva infraestructura de conexión a la red de alta tensión de 500 kV (la "autopista" principal por la que circula la electricidad en el país). Dado que la energía solar solo genera durante las horas de luz y los centros de datos funcionan las 24 horas de los 365 días del año, la red de UTE será la encargada de balancear y garantizar el suministro continuo durante la noche utilizando el resto de su matriz renovable (eólica e hidráulica).
¿Qué es un campus de centros de datos en zona franca de 200 MW a 500 MW?
A diferencia de un centro de datos tradicional dedicado al almacenamiento web o servicios en la nube convencionales, las instalaciones diseñadas para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial requieren un consumo eléctrico intensivo y constante, tanto para alimentar miles de procesadores de alto rendimiento como para mantenerlos refrigerados. Por eso, en la industria tecnológica actual, el tamaño de un data center no se mide en metros cuadrados sino en los megavatios (MW) de potencia eléctrica que es capaz de consumir.
Un arranque de 200 MW con una expansión prevista hasta los 500 MW representa una escala inédita para el mercado uruguayo. A modo de comparación, el pico histórico de demanda eléctrica de todo el Uruguay (sumando todos los hogares, comercios e industrias del país en un día de calor o frío extremo) se ubica en el entorno de los 2.500 MW (marzo 2025), mientras que la potencia total instalada en el país ronda los 5.200 MW. Cuando el campus de Solaria alcance su capacidad plena de 500 MW, demandará por sí solo una potencia equivalente a más del 20% del consumo máximo actual de todo el país, o una cantidad de electricidad similar a la que requieren cientos de miles de hogares.
Que este complejo funcione como un "campus en régimen de zona franca" significa que será un polo tecnológico delimitado donde Solaria proveerá el terreno, las naves industriales, la seguridad, la conectividad de fibra óptica y la conexión eléctrica garantizada para que terceros —grandes tecnológicas internacionales— instalen su equipamiento. Al estar amparado por la Ley de Zonas Francas de Uruguay, los operadores que se radiquen allí estarán exonerados de todo tributo nacional creado o a crearse (incluyendo el IRAE y el Impuesto al Patrimonio), además de no pagar aranceles ni recargos de importación por el ingreso de los servidores, microchips y sistemas de refrigeración, que representan el grueso de los US$ 5.500 millones de inversión tecnológica proyectada.
Los entretelones políticos y el camino hacia mayo de 2027
La concreción del memorando anunciado este miércoles fue el resultado de meses de gestiones que el gobierno manejó bajo estricto hermetismo. Tal como informó El Observador, el Ejecutivo tomó nota del interés de Solaria a partir de una misión oficial a España encabezada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. A partir de ese contacto inicial, el presidente Orsi instruyó a su gabinete a negociar en absoluta reserva para evitar filtraciones políticas o empresariales que pudieran entorpecer el proceso o despertar la competencia de otros países de la región.
El seguimiento operativo de las conversaciones quedó en manos de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien viajó a Madrid en junio para reunirse con la cúpula de la firma española y profundizar en las condiciones técnicas del proyecto. En aquellas instancias, los ejecutivos de Solaria plantearon que las tarifas eléctricas uruguayas resultaban más elevadas que las de otros mercados latinoamericanos, pero valoraron la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la conectividad de Antel y la matriz renovable de UTE como factores decisivos para inclinar la balanza.
En setiembre se aceleró el intercambio de borradores entre los equipos jurídicos y económicos de Torre Ejecutiva, el Ministerio de Industria y UTE, lo que desembocó en la resolución presidencial firmada ayer por Orsi. Con el MOU ya suscrito y comunicado oficialmente a los inversores en la bolsa de Madrid, el reloj administrativo del gobierno empieza a correr ahora con una meta concreta en el calendario: mayo de 2027, fecha en la que el Estado uruguayo y Solaria deberán transformar este compromiso preliminar en el contrato definitivo que habilite el inicio de las obras hacia 2029, donde se proyecta ocupar hasta 3.100 trabajadores en la fase de construcción y generar unos 1.500 puestos permanentes una vez que el polo esté operativo.