Ábalos renuncia, se jubila y ahora quiere cobrar una indemnización de más de 50.000 euros del Congreso
Según la ley española, los diputados que han estado en el Congreso durante más de dos años y renuncian a su banca tienen derecho a la indemnización por cese durante un máximo de dos años o hasta que se registre una nueva actividad económica.
30 de enero 2026 - 15:35hs
El exministro de Transportes y exdiputado socialista, José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos ha dejado de ser diputado del Congreso tras cerca de dos meses en prisión preventiva. La decisión, formalizada esta semana con la entrega de su acta después de más de 15 años como parlamentario —con una breve interrupción en 2018—, abre interrogantes sobre su situación económica: desde la jubilación que le corresponde hasta la posible indemnización por cese.
Desde este miércoles, Ábalos ya no es diputado. El exministro de Transportes ingresó a finales de noviembre en la cárcel de Soto del Real ante el riesgo “extremo” de fuga y, a comienzos de diciembre, fue suspendido de sus derechos parlamentarios. Desde entonces, no podía participar en los debates, votar ni cobrar su sueldo.
La renuncia al escaño se produjo después de que la Sala II del Tribunal Supremo resolviera el recurso de apelación que presentó contra su ingreso en prisión. El propio Ábalos aseguró que no le quedó otra opción que “retirarse y optar por la jubilación”.
La jubilación a la que puede acceder el exministro
A sus 66 años y con más de 40 años cotizados, José Luis Ábalos cumple los requisitos para cobrar una pensión de jubilación. Diplomado en Magisterio, trabajó brevemente como profesor antes de iniciar su carrera política.
Hasta su ingreso en prisión, el ex secretario de Organización del PSOE percibía más de 5.000 euros mensuales como diputado. Tras perder esa nómina, todo apunta a que podrá acceder a la pensión máxima o a una cifra muy cercana: 47.034,40 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas de 3.359,60 euros. La pensión, además, puede cobrarse estando en prisión.
La indemnización por cese y las dudas en el Congreso
Ábalos también solicitó la indemnización prevista en el reglamento del Congreso para los diputados que dejan su acta en plena legislatura, según fuentes parlamentarias. Se trata de la denominada “indemnización por cese”, concebida como una ayuda de “transición” a la vida laboral, ya que los parlamentarios no tienen derecho a prestación por desempleo.
Cómo se calcula
Para su cálculo se toma como referencia la asignación mensual de los diputados —3.236,32 euros en 2026— y se multiplica por los años de mandato. Con más de 15 años en la Cámara Baja, la cuantía superaría los 47.000 euros.
No obstante, en el Congreso surgieron dudas sobre si Ábalos conservaba ese derecho, dado que en noviembre la Mesa le suspendió de sus derechos parlamentarios y dejó de percibir su sueldo. Al anunciar que se acoge a la jubilación, el exdiputado ya dio a entender que no intentará percibir esa indemnización, incompatible con la pensión.
Cómo funciona la indemnización por cese
Los diputados con más de dos años de mandato que renuncian a su escaño pueden acceder a esta indemnización siempre que no tengan otros ingresos públicos o privados. La cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato —o fracción superior a seis meses—, con un máximo de 24 mensualidades.
El pago se realiza de forma mensual y su concesión depende de la Mesa del Congreso. En el caso de Ábalos, diputado ininterrumpido desde abril de 2009 —primero por el PSOE y desde febrero de 2024 en el Grupo Mixto—, la indemnización podría haber alcanzado los 57.238,49 euros si se aplicara la última actualización de la asignación.
El precedente de Santos Cerdán
El último diputado que percibió la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Dejó su escaño en junio, dos semanas antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, causa en la que también se investiga a Ábalos.
El PP intentó impedir el pago alegando que Cerdán ocultó al Congreso la propiedad del 45% de la empresa Servinabar. Sin embargo, PSOE y Sumar se apoyaron en un informe de los letrados de la Cámara para concederle el finiquito. Los servicios jurídicos concluyeron que había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros, cantidad que cobró durante seis meses hasta diciembre.
