El juez Leopoldo Puente considera que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que fue encarcelado el 30 de junio pasado.
Santos Cerdán
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó este martes la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, casi cinco meses después de su ingreso en prisión preventiva.
El juez considera ahora “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas, el argumento que justificó su encarcelamiento el pasado 30 de junio.
La resolución impone medidas cautelares estrictas: prohibición de salir del país, retirada inmediata del pasaporte —que deberá entregar en la Secretaría de la Sala Segunda del Supremo— y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad judicial.
La salida de prisión se produce en medio de una investigación aún en curso y que no ha dejado de ampliarse, con nuevos indicios y actores señalados en las últimas semanas.
La libertad provisional de Cerdán convive con un sumario que continúa acumulando material sensible. El último informe de la UCO de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo el 11 de noviembre, lo señala directamente como el “enlace” entre el Ministerio de Transportes y Acciona en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas a cambio de coimas.
Las pesquisas describen una operativa sustentada en encuentros, documentos y adjudicaciones que habrían beneficiado a la constructora y a la empresa navarra Servinabar 2.000, vinculada a Cerdán.
El informe incorpora fotografías de 2019 que muestran reuniones entre Cerdán y el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini en un piso de la calle Fuencarral, presuntamente alquilado por Joseba Antxón Alonso, socio del exdirigente socialista.
Según la UCO, el apartamento pudo ser utilizado para encuentros relacionados con adjudicaciones investigadas en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
Servinabar, de la que Cerdán adquirió el 45% de forma privada —una operación que él sostiene que nunca llegó a formalizarse legalmente— habría recibido el 2% de cada obra adjudicada a Acciona en las Uniones Temporales de Empresas (UTE) que compartían.
La Guardia Civil calcula que el 75% de los ingresos de Servinabar provino de obras vinculadas a la constructora, más de 6,7 millones de euros desde su constitución.
Los agentes detectan un patrón: memorandos de entendimiento previos a las licitaciones, posterior adjudicación a Acciona y contratos de prestación de servicios a Servinabar, que funcionaría como receptora del porcentaje de las obras. Parte de esos fondos habrían acabado, según la UCO, en la red que involucraría al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
FUENTE: El Observador